Los diputados de CiU ni siquiera votaron, en señal de protesta
31 ago 2011 . Actualizado a las 14:31 h.Socialistas y populares se quedaron ayer prácticamente solos en el primer trámite para aprobar la reforma constitucional que limita el déficit público en las Administraciones públicas. Además, tuvieron que escuchar durísimas críticas de los grupos minoritarios, que llegaron a calificarla de «ruptura del proceso constituyente» (Duran), «golpe a la Constitución» y «secuestro de la voluntad popular (Llamazares), «funesta» y «atropello en toda regla a los procedimientos democráticos» (Erkoreka) o «farsa» (Ridao).
La propuesta del PSOE y el PP solo fue apoyada por los dos representantes de UPN y fue tomada en consideración por la Cámara por 318 votos a favor; 16 en contra (PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai, UPyD y Antonio Gutiérrez, el único que rompió la disciplina de voto del Grupo Socialista); y 2 abstenciones (de Coalición Canaria). Los diputados de CiU, que estaban presentes en el hemiciclo no votaron, en señal de protesta. Su portavoz, Josep Antoni Duran i Lleida, protagonizó una de sus intervenciones más críticas en la Cámara, en la que advirtió de que si se profundiza en la «vía de ruptura» que supone este cambio de la Constitución sin el consenso de grupos que, como el catalán, la apoyaron en 1978 se producirá un «choque de trenes».
Los grupos nacionalistas pusieron especial énfasis en denunciar que la reforma supone un golpe mortal a la autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Los reproches y descalificaciones de los demás grupos no van a hacer cambiar de opinión al PSOE y al PP, que consideran imprescindible y urgente modificar el texto constitucional. El portavoz socialista, José Antonio Alonso, defendió la necesidad de hacerlo en este momento porque la situación económica puede «agravarse en otoño» hasta hacerse «insostenible» y poner en serio riesgo el Estado de bienestar.
Por su parte, la popular Soraya Sáenz de Santamaría resaltó el «valor trascendental» del pacto entre los grandes partidos para acometer una reforma «necesaria, oportuna y responsable». Incidió en que a partir de ahora «la estabilidad presupuestaria ya no es una opción, sino un deber público, una obligación constitucional».
Sin el consenso del 78
Tampoco los va a disuadir que la primera reforma de calado de la Carta Magna no vaya a reeditar el amplio consenso que hubo cuando fue aprobada hace casi 33 años. No podrán contar con dos grupos que contribuyeron de forma importante a su elaboración, como son CiU e IU, heredera del PCE, y tampoco con el PNV, que finalmente se abstuvo entonces pero ahora se encamina hacia un rotundo no. Tanto Alonso como Sáenz de Santamaría hicieron llamamientos al acuerdo, en especial a Duran, pero fuentes de la federación dijeron que su no está casi decidido.