Fue detenido el director general de Cooperación de la Generalitat valenciana, Josep María Felip, mientras que el subsecretario de Sanidad valenciano, Alexandre Catalá, fue imputado por fraude
24 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El presidente valenciano, Alberto Fabra, anunció ayer la destitución de dos altos cargos implicados en un caso de corrupción por el supuesto desvío, fundamentalmente para la compra de pisos, de dinero de fondos de la ayuda para la cooperación. En el marco de la investigación judicial iniciada en mayo del año pasado a iniciativa de la Fiscalía, ayer fue detenido el director general de Cooperación de la Generalitat valenciana, Josep María Felip, mientras que el subsecretario de Sanidad valenciano, Alexandre Catalá, fue imputado por los delitos de fraude, malversación y falsedad documental.
La primera reacción fue la de Rafael Blasco, portavoz del PP en las Cortes Valencianas y consejero de Solidaridad y Ciudadanía cuando sucedieron los hechos. Blasco defendió la honestidad de Felip y afirmó que su arresto no tendrá consecuencias porque «las ayudas a la cooperación están perfectas».
La defensa que Blasco hizo del alto cargo detenido fue puesta en entredicho acto seguido por el presidente valenciano, que al anunciar que ambos altos cargos serán destituidos hoy, manifestó que «es un tema muy grave, estamos hablando de fondos a la cooperación que debían ir a las personas más necesitadas». Fabra mostró su determinación a actuar con «firmeza y contundencia», actitud que fue respaldada por la dirección nacional del partido. De hecho, el PP anunció que abrirá un expediente a ambos altos cargos en aplicación del nuevo código ético aprobado en el congreso del partido del pasado fin de semana en Sevilla.
En octubre del 2010, el PSOE valenciano denunció ante la Fiscalía que el Gobierno valenciano había aprobado en el 2008 subvenciones para una fundación por importe de 1,8 millones, de los que 1,6 eran proyectos para Nicaragua, y que la mayoría de ese dinero se destinó a la compra de dos locales para la sede del PP. Entonces, Francisco Camps se limitó a negarlo en las Cortes Valencianas. La causa está declarada secreta.