Pascual Vives ha negado también que el duque de Palma tenga «ni directa ni indirectamente» cuentas bancarias en paraísos fiscales.
03 may 2012 . Actualizado a las 01:31 h.El órdago de Diego Torres para intentar mejorar su situación en el caso Urdangarin amenaza con volverse en su contra y, de paso, empeorar aún más la ya delicadísima posición del yerno del rey. Las amenazas cada vez menos veladas de Manuel González Peeters, abogado de Torres, de tirar de la manta e implicar a la Casa Real en este sumario si Anticorrupción no se aviene a un acuerdo para librar de la cárcel a su cliente están levantando ampollas en la Fiscalía, el Gobierno y, como era de esperar, en la Zarzuela, que ven en las actuaciones extraprocesales un intento de chantaje.
Las maniobras del letrado, que el mes pasado sacó a la luz tres correos en los que implicaba al rey y a Cristina de Borbón en gestiones a favor de Urdangarin sin que eso sirviera para exculpar a su cliente, están alejando la ya remota posibilidad del acuerdo de conformidad que busca González Peeters. Su plan es que Urdangarin y Torres admitirían su responsabilidad penal, devolverían, entre los dos, entre 3,5 y 4 millones, y, a cambio, el fiscal los acusaría de penas menores a los dos años de prisión, lo que evitaría que pisaran la cárcel porque no tienen antecedentes penales.
Ante la envergadura que tomó este pacto no nato y la amenaza de Peeters de hacer públicos 200 correos más sobre el monarca y Nóos, el fiscal jefe del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que en última instancia tendría que autorizar el pacto, decidió tomar cartas. En un encuentro con periodistas fue tajante: «No he autorizado ni autorizaré un trato de favor» a Urdangarin o a Torres. Rechazó, por el momento, hablar de la posibilidad de un acuerdo con el duque o su exsocio porque la investigación sigue abierta; Anticorrupción no está ni cerca de saber cuál puede ser la responsabilidad civil de los dos imputados estrellas de la pieza 25 del sumario Palma Arena porque no han concluido las pesquisas sobre el dinero evadido. Torres-Dulce recordó que su objetivo es «esclarecer» los hechos delictivos de Nóos y llevar a los responsables «ante el juez». Según Torres-Dulce, así lo marca la ley y «es lo que va ha hacer la Fiscalía». En clave de futuro, no descartó la posibilidad de que, como en cualquier proceso, se llegue a un acuerdo con los acusados ya terminada la instrucción, pero garantizó que este pasaría porque los implicados admitieran los «hechos, la culpabilidad, la pena y la responsabilidad civil» que reclamara la Fiscalía.
Gallardón, sin instrucciones
El Ministro de Justicia también insinuó que un pacto está bastante lejano. «En un Estado de derecho el principio de igualdad de los españoles ante la ley es el que rige y es el que por supuesto se aplicará en este y en todos y cada uno de los casos», apuntó Alberto Ruiz-Gallardón, quien aseguró que el Gobierno no dará instrucción alguna a la Fiscalía, que será «plenamente autónoma» en este asunto. «Su obligación es esclarecer los hechos y por tanto llevar la investigación hasta el final», garantizó el responsable de Justicia, que apuntó que «ningún hecho puede dejar de ser investigado».
Para rizar el rizo, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, desmintió a la Fiscalía y negó haber llamado a su puerta para tratar un posible pacto. «Ni formal ni informalmente, he mantenido contacto con la Fiscalía y con sus ilustres representantes en Palma en relación a ningún tipo de conformidad», dijo al tiempo que, sin ser preguntado, negó que su cliente «ni directa ni indirectamente haya tenido ni tenga cuenta en ningún paraíso fiscal. Que le quede claro a todos los ciudadanos», remachó.
Ajenos al desmentido del letrado del yerno del rey, responsables del ministerio público balear anunciaron que los fiscales Anticorrupción, Pedro Horrach y Miguel Ángel Subiran, decidieron ayer suspender sine die las reuniones, por separado, que esta semana iban a celebrar con las defensas de los dos imputados, a petición de estas, para escuchar a sus argumentos.
Fuentes del caso explicaron que estos encuentros se frustraron por la expectación mediática que Peeters ha provocado y que, ahora sí, hace casi inviables unos acuerdos que son absolutamente legales, aunque no en los términos que oferta Torres.