La judicialización del enfrentamiento entre Dívar y Gómez Benítez reactiva el plan de austeridad del órgano de gobierno de los jueces
11 may 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La denuncia por malversación presentada en la Fiscalía General del Estado por un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra su presidente no va a tener mucho recorrido judicial y, salvo sorpresas, en un plazo no superior a diez días serán archivadas las diligencias informativas abiertas ayer por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Este es el pronóstico expresado por distintas fuentes judiciales consultadas, que también coinciden en señalar que no por ello dejará de surtir efectos prácticos. En concreto, apuntan que puede servir para reactivar el plan de austeridad que hace un par de meses presentó al pleno el mismo vocal y que no prosperó ante su negativa a que se votasen por separado los ocho puntos del orden del día.
Fuentes del CGPJ apuntan que en el ambiente flota la idea de que en este tema ya se ha traspasado una línea roja que está provocando daños irreversibles en la ya deteriorada imagen del órgano de gobierno de los jueces. Las mismas fuentes admiten que la denominada semana caribeña -fines de semana de jueves a martes-, con justificaciones, en muchos casos más formales que reales, venía siendo una práctica habitual, no solo del presidente sino de una buena parte de los vocales que residen fuera de Madrid (15 de los 20 que integran el consejo).
Apuntan igualmente que más de uno suele dormir a diario o de forma casi habitual en su lugar de residencia, especialmente aquellos que disponen de servicio de puente aéreo o de AVE, aunque no todos lo hacen en clase business o club cuando hay plazas disponibles en las más económicas. Todo hace pensar que, tras la polémica de estos días, estas prácticas pueden dejar de ser habituales, sin necesidad de que se impongan por un acuerdo formal.
Sobre los orígenes del enfrentamiento entre Carlos Dívar Blanco -el denunciado- y José Manuel Gómez Benítez -el denunciante-, distintas fuentes coinciden en que las desavenencias comenzaron con el caso Garzón, al entender el vocal que el presidente del Supremo y del CGPJ fue el principal instigador de los procesos abiertos o que, al menos, no hizo nada por evitarlos.
El detonante, según las mismas fuentes, habría sido la negativa de Carlos Dívar a apoyar la reelección de Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, algo que consideraba de vital importancia después de la campaña de los promotores de la teoría de la conspiración en los atentados del 11-M, que Bermúdez desmontó en la sentencia de la que fue ponente. Apuntan que fue a partir de ahí cuando Gómez Benítez empezó a pedir papeles y documentos relacionados con los viajes, primero de todos los vocales y del presidente, y últimamente solo de Carlos Dívar.
En el entorno de los vocales del ala conservadora del consejo también circula el comentario de que Gómez Benítez -un hombre de temperamento impulsivo y virulento, que de un tiempo a esta parte ha tenido enfrentamientos con casi todos, incluidos sus aliados tradicionales- habría tomado de antemano la decisión de abandonar el CGPJ y que habría decidido irse «como un héroe».
Polémica en el seno del Consejo del Poder Judicial