La Audiencia Nacional se niega a acusar a los detenidos del 25-S de atentados contra la instituciones

La Audiencia Nacional se niega a acusar a los 35 detenidos en los disturbios del 25S de delitos contra las altas instituciones del Estado tal y como pretendía el Ministerio del Interior. El juez Santiago Pedraz, después de estudiar contarreloj el atestado de los incidentes, se inhibe a favor de los juzgados ordinarios al no ver indicios de que los arrestados pretendieran asaltar el Congreso. El auto del juez, tras una larga polémica con Interior, afirma que solo hay pruebas de que los arrestados incurrieran en ilícitos de «atentado, lesiones, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos».

Pedraz descartó siquiera la solución salomónica ofrecida por el Ministerio del Interior en las últimas horas después de comprobar que su teoría de que todos los manifestantes pretendían coaccionar las cortes no tenía respaldo judicial: que al menos los detenidos que arrancaron la vallas del Congreso y que fueron arrestados durante la primera carga policial fueran acusados de atentado a las instituciones del Estado y, por ende, pasarán a disposición. La Policía proponía que el resto, que fue detenido en los disturbios posteriores, ya alejados de las famosas vallas, fuera acusado de desórdenes y atentado a la autoridad, por lo que sería la justicia ordinaria (los juzgados de Plaza de Castilla).

Durante toda la noche de ayer, las llamadas entre Interior y la Audiencia Nacional fueron continuas, ante la insistencia de los jueces de la calle Génova de que era imposible acusar de delitos contra las altas instituciones del Estado a un grupo tan heterogéneo de personas, muchas de las cuales habían sido detenidas a cientos de metros del perímetro policial. A pesar de la insistencia del departamento que dirige Jorge Fernández que buscaba un castigo ejemplar, la Audiencia Nacional no dio su brazo a torcer y se quejó del «enredo» con los arrestados que se traía la Policía.

Interior en principio pretendía acusarles a todos (sin distinción alguna del lugar de la detención o de su papel en las revueltas) de delitos penados con hasta cinco años por asediar el Parlamento.

Graves imputaciones

Nunca antes la Policía había hecho imputaciones tan graves a ningún arrestado en protestas en los aledaños de la Cámara baja. Los detenidos fueron interrogados durante todo el día de ayer en la Brigada de Información de la Policía. Cuatro de ellos tenían antecedentes por homicidio doloso, malos tratos, quebrantamiento de condena, diversos robos, hurto de vehículos y daños.

La tesis de Interior era no solo acusarles por desórdenes públicos, resistencia a la autoridad daños o lesiones, sino por delitos contra los Altos Órganos de la Nación y la forma de Gobierno. Estos delitos están recogidos en los artículos 493, 494 y 495 del Código Penal y que prevén penas que van desde los seis meses a los cinco años de cárcel.

Estos preceptos castigan a los que «invadan con fuerza violencia o intimidación» el Congreso; a «los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones ante» el Parlamento alterando su normal funcionamiento»; o a los que «portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren penetrar» en una sede legislativa.

4.000 latas de cerveza

En los atestados también se recogerá que durante la protesta las fuerzas de seguridad se incautaron de 265 kilos de piedras, 4.000 latas de cervezas usadas como «armas arrojadizas», palos, punzones o escudos caseros hechos con tapas de cubos de basura y cojines. Los informes policiales aseguran que algunos de los manifestantes también lanzaron contra los andisturbios señales de tráfico y que usaron tirachinas para lanzar a los agentes bolas, clavos, tornillería, pilas, y mecheros.

El máximo responsable de la Policía, Ignacio Cosidó, no dudó en acusar a «grupos radicales», «antisistema de extrema izquierda» y «okupas» de actuar «de forma organizada y planificada» para causar incidentes. La Delegación del Gobierno pedirá responsabilidades económicas e iniciará los trámites para abrir un expediente sancionador al ciudadano que pidió a la administración que se autorizara la concentración frente al Congreso.

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