El juez lo acusa de aprovecharse de las instituciones con un «desmedido ánimo de lucro»
31 ene 2013 . Actualizado a las 12:02 h.Usó el nombre del rey, de la Casa Real y el de su propia mujer para hacer negocios ilícitos. En síntesis, «utilizó en su exclusivo beneficio el área de influencia que suele ser inherente a la más alta institución del Estado». Movido siempre por el «desmedido ánimo de lucro» no tuvo problemas para valerse del «amiguismo», el «compadreo» e incluso la «prepotencia» para conseguir contratos públicos a los que jamás habría podido optar si no fuera por el «respaldo que le brindaban altas personalidades vinculadas a Zarzuela».
En un auto de 542 páginas plagadas de descripciones de presuntos delitos, irregularidades y chanchullos, el juez José Castro fija una fianza civil de 8.189.448,44 para Iñaki Urdangarin y Diego Torres para responder de las responsabilidades pecuniarias a la que se enfrentarán si son condenados por falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración. Los dos exsocios tienen cinco días para depositar en la cuenta del juzgado, de manera solidaria, ese dinero bajo la amenaza de embargo.
Pero esa resolución es mucho más que un auto para fijar una caución. Es casi un escrito final de acusaciones, en el que el juez, por primera vez y tras dos años de investigaciones, pone negro sobre blanco cuál era la, a su juicio, verdadera actividad del yerno de don Juan Carlos y qué era la galaxia Nóos.
Desde el principio, Castro deja claro que todo el entramado Nóos se basó en la figura de Urdangarin y en el uso de sus contactos con la Casa Real. De no haber sido el yerno del rey, explica el instructor, la fundación nunca hubiera llegado a ser lo que fue. «La directa intervención en persona de Urdangarin» y «el anuncio del respaldo que le brindaban las altas personalidades vinculadas con la Casa del Rey» provocaba que «relevantes cargos públicos y escasamente escrupulosos de la observancia de las normas sobre la contratación pública» se doblegaran a las peticiones del duque de Palma «prescindiendo de los obligados trámites», aun cuando los trabajos que este les ofrecía no tenían ninguna «utilidad» para las Administraciones.
Luego los dos cabecillas de Nóos, «conscientes de que ningún control se ejercería sobre el cumplimiento del encargo» por ser quien era Urdangarin, «despachaban» el trabajo de «cualquier manera». Según el juez, en esa estrategia de usar el nombre de la Casa Real para coaccionar a Administraciones y ciudadanos privados participó activamente el secretario de las infantas, el ya imputado Carlos García Revenga, quien «faltó deliberadamente a la verdad» para conseguir dinero para la fundación.
Facturas falsas y evasión fiscal
Obtenidos los contratos públicos, el beneficio se «derivaba» hacia las empresas de los dos socios a través de facturas falsas o por encargos que se hacían a estas firmas con presupuestos «sobredimensionados escandalosamente». «Se cruzaban facturas entre sí para disminuir la base de aplicación de impuesto de sociedades», explica el instructor. Pero cuando las facturas no eran falsas, Urdangarin y su socio «procedieron a la derivación del beneficio obtenido al paraíso fiscal de Belice».
El juez señala que fueron «tan sustanciosos los beneficios» de Nóos que Urdangarin y Torres perdieron cualquier escrúpulo a la hora de esconder que la fundación era todo menos filantrópica. «Nóos dista abismalmente de poder ser considerada como una entidad carente de lucro», apunta el juez, que aclara que, en realidad, jamás pretendió ser otra cosa que un negocio privado.