Las actividades de Iñaki Urdangarin se centraron en las comunidades valenciana y balear, pero intentó extenderse a otras regiones. Las últimas investigaciones del juez José Castro han desvelado los lazos del duque de Palma con la candidatura olímpica Madrid 2016. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, negó ayer que se hayan destinado fondos públicos para hacer pagos a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), heredera del Instituto Nóos.
A principios de mes, el juez Castro tomó declaración como imputados a tres altos cargos de la oficina de la candidatura olímpica por haber abonado 144.000 euros a la fundación de niños discapacitados aparentemente sin contraprestación alguna. El asunto fue llevado ayer al pleno del Ayuntamiento de Madrid por UPyD. En su respuesta al concejal David Ortega, Ana Botella aseguró que las actividades promocionales con las que se justificaron el pago «no pudieron ser realizadas con fondos municipales», por lo cual, aclaró «serían otros fondos de la fundación o de la sociedad» Madrid 2016.
También en Extremadura
Los negocios de Urdangarin también llegaron a Extremadura. Al parecer, el duque de Palma mantuvo varias conversaciones con el entonces presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, para que su Gobierno informara favorablemente la concesión de una licencia administrativa para la construcción de dos plantas termosolares en terrenos de regadío de la localidad pacense de Navalvillar de Pela. Aunque el expresidente extremeño aseguró que había rechazado las pretensiones del yerno del rey, el PP le pidió ayer que «sea más claro» sobre el contenido de aquellas conversaciones. El portavoz parlamentario del PP en Extremadura, Miguel Cantero, argumentó que si Urdangarin había pedido a Vara que reconsiderara su decisión es porque previamente el asunto ya había sido debatido en el consejo de gobierno. Y esto es lo que pretenden los populares que aclare.