No ve necesaria su detención porque los hechos denunciados han prescrito y estarían amnistiados en España
25 sep 2013 . Actualizado a las 00:20 h.En línea con el criterio planteado para no investigar posibles delitos cometidos por el régimen franquista, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a la detención de tres antiguos policías y un guardia civil españoles reclamados por una juez de Argentina por su supuesta implicación en varios crímenes cometidos en los años setenta. El fiscal Carlos Bautista remitió un escrito al juzgado de instrucción de guardia de la Audiencia Nacional, en este caso el cinco de Pablo Ruz, en el que argumentó su rechazo a cumplir las órdenes de arresto llegadas desde Interpol y pidió que Argentina solicite la extradición a través del Ministerio de Justicia, no por vía policial.
Este tecnicismo formal aludido por el fiscal esconde, sin embargo, razones más profundas para no apoyar la petición de la juez María Servini de Cubría, que investiga a los cuatro reclamados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, torturas y sustracción de menores, en referencia a la trama de los bebés robados conocida en España El fiscal Bautista, cumpliendo el criterio seguido por su superior jerárquico, el fiscal jefe Javier Zaragoza, en los casos de la memoria histórica que trató de investigar el exjuez Baltasar Garzón, justificó que la detención preventiva de los querellados no es necesaria «habida cuenta de la antigüedad de los hechos», que además han prescrito y están amnistiados.
Los reclamados son el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, que participó en el golpe de Estado del 23-F; el policía Celso Galván Abascal, escolta de Franco y del Rey que acabó como jefe del Gabinete de Seguridad Ciudadana de Madrid en 1993, aunque falleció en el 2009; el excomisario José Ignacio Giralte González, que trabajó en la Brigada Político Social de Franco; y el también excomisario Juan Antonio González Pacheco.
Este último, de 67 años, es el más conocido de los cuatro por sus métodos expeditivos en la extinta Dirección General de Seguridad. Apodado Billy el Niño, al menos 17 testimonios lo sitúan en el mando de las torturas que se perpetraban en los calabozos del edificio de la Puerta del Sol a principios de los setenta. La juez Servini dictó el 18 de septiembre una orden de busca y captura contra ellos tras admitir en el 2010 una querella de víctimas españolas residentes en Argentina.
La magistrada reclamaba su detención para tomarles declaración indagatoria e incluía un exhorto al Gobierno español para colaborar en su localización en virtud de los convenios bilaterales vigentes, como ocurrió en el caso del exoficial argentino Adolfo Scilingo, condenado en España por crímenes de lesa humanidad por su implicación en los denominados vuelos de la muerte. La resolución de la juez Servini, adoptada en el marco de la causa abierta en Argentina por «delitos de genocidio y/o lesa humanidad» cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, recogía.