La Fiscalía investiga las actividades de Alianza Nacional

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Atlas TV

Abren diligencias al partido ultra que reventó el acto de la Diada en Madrid

02 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Dos semanas después de que una veintena de ultras entraran a la fuerza y reventaran el acto de la Diada en Madrid organizado en el centro cultural Blanquerna, sede de la Generalitat de Cataluña en la capital, la maquinaria de la Justicia se ha movido con firmeza. Primero fueron las detenciones e imputaciones de los autores del asalto por amenazas, desórdenes públicos y lesiones. Y ahora continúa con la apertura de un procedimiento contra Alianza Nacional por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que podría desembocar en la ilegalización y posterior disolución.

Tras la condena unánime de los grupos parlamentarios al ataque del 11 de septiembre, Izquierda Unida dio un paso más allá y el diputado Gaspar Llamazares, portavoz de la comisión de Justicia del Congreso, envió una carta al día siguiente al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la que lo animaba a promover un proceso de ilegalización contra la formación ultraderechista por dos caminos, el Código Penal y la ley de partidos.

Llamazares reclamó declarar a Alianza Nacional «asociación ilícita» por «promover la discriminación, el odio y la violencia contra personas o grupos por razón de ideología, religión o creencias»; mientras que por la vía administrativa solicitó proceder a la ilegalización y disolución del colectivo por vulnerar la ley de partidos.

Tres días después de esta misiva llegó la contestación del fiscal general, en la que Torres-Dulce comunicó al diputado que «la Fiscalía ejercerá las acciones penales pertinentes» en la causa que sigue el juzgado de Madrid que imputó a los ultras detenidos. Pero la mayor novedad es que abría la puerta al proceso de ilegalización en el Tribunal Supremo, órgano que regula la ley de partidos. Se trata de una investigación previa para conocer si hay elementos suficientes para pedir la apertura de una causa. Una decisión judicial que se podría demorar varios meses.