Las comunidades autónomas del PP se comprometen a eliminar o reducir órganos propios como Defensores del Pueblo o Tribunales de Cuentas

Las comunidades autónomas del PP se han comprometido este lunes a impulsar las propuestas del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, asumiendo la idea de que deben eliminar o reducir el tamaño y coste de algunos órganos propios, como los Defensores del Pueblo o los Tribunales de Cuentas que tienen muchas de ellas.

Los consejeros de Presidencia de las CCAA gobernadas por el PP han manifestado este respaldo durante una reunión presidida por la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, a la que también han asistido el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

En el documento acordado por todos los consejeros del PP se habla de «avanzar en la eficiencia administrativa», «evitando la superposición de estructuras y procedimientos y reforzando los mecanismos de cooperación entre Administraciones que se proponen en el informe CORA».

También se aboga por dar prioridad a la austeridad aplicando «las fórmulas que les permitan reducir el tamaño o el coste de sus aparatos administrativos mediante el redimensionamiento, supresión o la racionalización de organismos que se proponen en el informe de la CORA, o mediante la adopción de medidas alternativas que consigan un efecto equivalente».

Al término de la reunión, el consejero de la Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que se les ha planteado dos posibilidades: «reestructurar» o «suprimir instituciones propias» como Defensor del Pueblo, Consejo Económico y Social, Consejo de Cuentas o Consejo Consultivo.

El Gobierno les pide reducir gasto

Según ha añadido De Santiago-Juárez, se trata de «suprimir» o de «mantener», pero en este último caso reduciendo tamaño y gasto. Así, ha admitido que el Gobierno les ha dicho que las comunidades autónomas que no hayan hecho «ni una cosa ni la otra», que avancen en algún sentido.

En parecidos términos, el vicepresidenta gallego y consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, ha señalado que en esta cita han encontrado la «compresión» del Gobierno a las «especificidades» de cada autonomía, que tienen el «objetivo claro» de «hacer reducciones y racionalizar» la Administración. «Vamos todos en la misma línea y se están consiguiendo reducciones importantes», ha apostillado.

En el caso del Defensor del Pueblo hay un total de 11 comunidades con esta figura: Galicia, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valencia. El Gobierno calcula que si lo suprimiesen todas ellas, el ahorro global en tres años ascendería a unos 90,3 millones (el ahorro neto anual sería de 30,1 millones).

En el caso de los Tribunales de Cuentas, hay 13 autonomías con esta institución fiscalizadora en su territorio (Galicia, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Islas Baleares, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia). Con su eliminación, en tres años se podría ahorrar 136,7 millones, según prevé el Ejecutivo en su informe de la CORA.

Algunas comunidades autónomas ya han procedido a eliminar órganos propios. Así, Castilla-La Mancha y Murcia han suprimido la figura del Defensor del Pueblo. En el caso de la comunidad que preside Cospedal, también ha eliminado el Consejo Económico y Social. Por su parte, Castilla-La Mancha, Madrid y Galicia han apostado por reducir diputados en sus Asambleas legislativas, según consta en un documento elaborado por el PP al que ha tenido acceso Europa Press.

«Hay voluntad de reducir la administración»

En su exposición, a puerta cerrada, la secretaria general del PP ha destacado la voluntad del Ejecutivo de Mariano Rajoy y de las comunidades autónomas por reducir la Administración y hacerla más eficaz, según han informado fuentes asistentes a la reunión.

En este sentido, la número dos del PP ha hecho un análisis de lo hecho en estos dos años de legislatura y de lo que queda por hacer. Eso sí, ha admitido que hay un «cambio de mentalidad» que ha permitido avanzar en estos temas y luchar contra la inercia instalada en la Administración.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado que el informe de la CORA plantea 217 propuestas que responden a la voluntad del Estado y las comunidades autónomas de avanzar en el control del gasto, la eficiencia administrativa y la mejora de la calidad de los servicios públicos.

Sáenz de Santamaría ha puesto en valor los esfuerzos que se están haciendo para redimensionar el sector público. Así, ha recordado que de las 2.365 empresas públicas, ya se han extinguido 607 y ha añadido que el objetivo es llegar a 751, lo que supondrán un 32 % menos y llegar a niveles del 2003, según han informado fuentes presentes en el encuentro.

Destaca el amplio plazo con la ley de transparencia

Además, la vicepresidenta ha explicado las medidas que está impulsando el Ejecutivo en materia de regeneración democrática. En el caso de la Ley de Transparencia, ha recordado el amplio plazo (de dos años) que se da a las autonomías para su aplicación.

A renglón seguido, ha asegurado que el Ejecutivo está impulsando en este momento una Ley Reguladora del Régimen Económico-Financiero de los Partidos y otra Ley Reguladora del Alto Cargo de la Administración.

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