e n una coyuntura política y económica en la que todo es urgente, en la que se reforma la Constitución en quince días o se acaba con la justicia universal por la vía exprés, las medidas para luchar contra la corrupción avanzan a paso de tortuga. Solo el insoportable nivel de escándalos políticos de uno y otro signo ha permitido que se impulsen medidas de transparencia y regeneración, a todas luces insuficientes, según los expertos, y cuyo trámite se ve ralentizado por la falta de consenso. Hace un año, en el pasado debate sobre el estado de la nación, un Rajoy acosado por el caso Bárcenas enumeró un paquete de medidas que desde entonces se han presentado en repetidas ocasiones y a las que ahora, tras remitirse por fin al Parlamento, les aguarda otro largo período de debate y tramitación antes de entrar en vigor. Los especialistas consideran que todas las medidas que se tomen serán solo parches mientras no se aborde el problema de fondo, que es la financiación de los partidos políticos.
Financiación
Un 80 % pública. En España, el 80% de la financiación de los partidos es pública. Las cuotas de los militantes apenas superan el 10 % y el resto procede de donaciones o préstamos bancarios. Con la última reforma introducida, las subvenciones a las fuerzas políticas se rebajaron un 40 % en dos años, aunque solo las que afectan a la representación estatal, no a la autonómica o municipal, que no se han recortado y siguen igual.
Capacidad sancionadora
Retrasos en las inspecciones. Hasta este momento, el Tribunal de Cuentas carecía de capacidad para sancionar a los partidos, cosa que sí podrá hacer ahora. Pero en la práctica será muy difícil que esas sanciones se materialicen a tiempo, debido al enorme retraso con el que se publican los informes del tribunal, lo que en muchos casos lleva a la prescripción.
Donaciones de empresas
El coladero de las fundaciones. Con la ley vigente ahora, y a raíz de la reforma aprobada en el 2012, las únicas empresas que tienen prohibido donar dinero a los partidos son aquellas que tengan contratos con la Administración. Ahora se prohíbe para todas las empresas. El gran coladero de financiación irregular seguirá siendo, sin embargo, el de que las empresas puedan seguir donando libremente y sin límite a las fundaciones vinculadas a los partidos, cuyas cuentas, a pesar de que se introduce más transparencia, son mucho más difíciles de controlar.
Condonación de deudas
Trato de favor al poder. La prohibición de que las entidades de crédito condonen total o parcialmente cualquier deuda a los partidos será una medida efectiva. Se trataba de una clara forma de financiación irregular de la que se beneficiaban especialmente aquellos partidos con poder en las administraciones. Es decir, con capacidad de devolver el favor.