Advierte sobre el caso Couso que un magistrado no puede dejar de aplicar la ley
19 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La negativa del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a archivar el caso Couso, una vez que entró en vigor la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recorta drásticamente las competencias de los magistrados españoles para aplicar la jurisdicción penal universal aprobada por el Congreso de los Diputados, provocó ayer las reacciones previsibles de los grupos parlamentarios. Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el único que aprobó la reforma, advirtió a Pedraz que un juez no puede «no aplicar la ley» y le invitó a plantear, en todo caso, una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional si es que tiene dudas sobre la validez de la norma.
El vicesecretario de organización del mismo partido, Carlos Floriano, denunció que en España, «dependiendo de donde caiga un asunto» puede saberse cómo se va a resolver, porque se conoce el «perfil ideológico del juez», ya que estos profesionales pueden decidir integrarse en asociaciones con «sesgo ideológico». Floriano negó la responsabilidad de los políticos en esa situación. «Eso no es culpa de los políticos, eso es culpa de quien lo hace, como es culpa de los que toman decisiones siempre en la misma dirección, no porque lo diga la ley, sino porque el asunto tiene determinado sesgo ideológico», denunció en una entrevista que recoge Europa Press.
Soraya Rodríguez, portavoz del grupo socialista, salió en defensa de la decisión del juez recordado al Gobierno que, desde la muerte del dictador Francisco Franco, los expedientes abiertos solo los pueden sobreseer los jueces.
Muy esperanzador
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, elogió a los jueces de la Audiencia Nacional que se resisten a aplicar la reforma que limita la justicia universal. «Me parece muy esperanzador que haya jueces en España que no se hayan dejado doblegar ante una decisión absolutamente impresentable del grupo popular», declaró en los pasillos del Congreso. Pere Macías, de CiU, señaló que Pedraz ha «profundizado al máximo en una interpretación positiva del alcance de la justicia universal, algo que vemos con buenos ojos».
El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón volvió ayer al Congreso de los Diputados para participar en un seminario organizado por Izquierda Plural y otros grupos afines sobre el recorte de la justicia universal. En su intervención desmenuzó los principales puntos de la ley, que en su opinión no es sino «una de las mayores agresiones a las víctimas» que se haya producido nunca. En declaraciones efectuadas al final del acto insinuó que los parlamentarios del PP que han votado la reforma de la justicia universal pueden tener responsabilidad penal.
Calificó de «gravemente peligrosas» las palabras de algunos cargos populares por «invadir» la esfera de independencia de los jueces. Para Garzón, la decisión adoptada por su ex compañero Santiago Pedraz es una determinación «acertada» y «legal», ya que los miembros del Poder Judicial tienen la obligación de no «aplicar leyes inconstitucionales». Añadió que «el ejemplo de Pedraz es un paso adelante, no deja de ser arriesgado con los tiempos que corren, pero así es cómo cambian las cosas».
Preguntado sobre si las víctimas pueden denunciar a los diputados y senadores del PP que han votado a favor de esta reforma, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco y pionero en la aplicación de la jurisdicción penal universal fue tajante: «Algo habrá que hacer. Es una posibilidad que no se debe excluir».
Antes, en las jornadas había aludido al artículo 506 del Código Penal que castiga a las autoridades que «dictan una disposición general careciendo de atribuciones para ello», con penas que llegan a los tres años de prisión y a los doce de inhabilitación. A su juicio, han podido invadir la competencia de los tribunales al votar a favor de una disposición que obliga a archivar de forma retroactiva los casos abiertos en la Audiencia Nacional. Entiende que también se abre la posibilidad de que algún país pueda demandar a España por incumplir tratados ratificados.