Torres-Dulce reclama una policía judicial que dependa orgánicamente de la Fiscalía
ESPAÑA
Propugna que se remitan a los juzgados solo aquellos atestados en los que haya indicios sobre una persona determinada
09 abr 2014 . Actualizado a las 09:11 h.El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, volvió a reclamar ayer que una policía judicial dependiente orgánicamente de la Fiscalía y que se la dote de los peritos y técnicos necesarios para un eficiente desarrollo de su labor. Propugna que se remitan a los juzgados solo aquellos atestados en los que haya indicios sobre una persona determinada. También aboga por fomentar la mediación y las conformidades y considera necesario reducir el «excesivo» catálogo de delitos del tribunal de jurado y propone introducir un máster como requisito para acceder a la oposición a la carrera judicial y fiscal.
Estas son algunas de las propuestas incluidas en el Libro Blanco del Ministerio Fiscal que presentó ayer en un acto que contó la presencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Se trata de un documento de 126 páginas que, según explicó Torres-Dulce, sigue los pasos del libro blanco presentado en 1995 por el entonces fiscal general Carlos Granados.
Justicia eficaz y no tutelada
Torres-Dulce dijo que la autonomía fiscal es ahora un «presupuesto indispensable» para garantizar el buen desempeño y la «excelencia» de las funciones que tiene encomendadas. «Cada vez con más claridad y rotundidad, la sociedad exige una justicia eficaz» y no tutelada desde el poder político. Advirtió que «se ha instalado entre los ciudadanos la idea de que es inadmisible un ministerio fiscal teledirigido desde el Gobierno, ideologizado o al servicio de concepciones políticas determinadas».
Apuntó que en el caso de que la futura ley encomiende la investigación penal al fiscal se deberán crear en cada Fiscalía además de unidades policiales especializadas, aquellas otras de técnicos y peritos que sean necesarios para garantizar la eficacia de la labor investigadora.
Torres-Dulce reivindica que el ministerio público comparta o tenga acceso a las bases de datos penitenciarias para examinar las incidencias de la ejecución de la pena que permitan valorar todas las circunstancias del preso antes de emitir dictámenes y que se mantengan las visitas de inspección de los fiscales a los centros penitenciarios.
El fiscal general concluyó advirtiendo que el catálogo de delitos del tribunal del jurado es «excesivo», carece de «sistemática y de criterios claros de atribución» y recuerda que el borrador de Código Procesal Penal los reduce al homicidio doloso y el asesinato, cuando no sean cometidos por grupos u organizaciones criminales.