En el primer caso, entiende que cuando se cometieron los delitos era suelo español
15 abr 2014 . Actualizado a las 18:40 h.El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz continuará investigando dos causas por crímenes en el Sáhara que mantiene abiertos en su juzgado pese a la última reforma de la justicia universal por considerar que los hechos se cometieron en lo que entonces era suelo español. En un caso rechaza archivar la querella presentada contra varios militares marroquíes y en otro mantiene abierta la investigación por genocidio presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra varios dirigentes del Frente Polisario.
También seguirá investigando supuestas torturas en la prisión de Guantánamo (Cuba) a cuatro expresos, dos de ellos españoles -Hamed Abderraman, conocido como el «talibán español» y Lahcen Ikassrien.
En el primero de los autos, el juez central de instrucción número 5 acuerda continuar con el procedimiento puesto que, tal y como informo el Ministerio Fiscal, los hechos se cometieron «en territorio que a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión, tal y como se deriva de la legalidad y jurisprudencia nacional e internacional».
Según Ruz, los delitos fueron cometidos contra ciudadanos españoles en el momento en que el Sáhara Occidental era provincia española (...) «en concreto entre los meses de noviembre de 1975 y el 28 de febrero de 1976 debiendo también asumirse la competencia de los hechos ocurridos con posterioridad al abandono del territorio por parte de las Autoridades españolas en la medida que los mismos resultan conexos con los anteriores».
Por otra parte, Ruz también se declara competente para mantener abierta la investigación iniciada a raíz de una querella por genocidio presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra varios dirigentes del Frente Polisario.
El magistrado entiende igualmente en este caso que los hechos se habrían cometido «en territorio que a todos los efectos debe tener la consideración de español en el momento de la comisión de aquéllos», por lo que insiste en la «improcedencia del sobreseimiento de las actuaciones» a que se refiere la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Contra estas decisiones, que no son firmes, cabe recurso de reforma.
Ambas resoluciones son coincidentes con la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que la semana pasada se opuso al archivo de estas dos causas y de otra en la que el juez Ismael Moreno investiga la muerte en 2010 del ciudadano español Babi Hamdai Buyema en el campamento saharaui de El Aaiún. En ultimo caso, el fiscal Pedro Rubira expuso que la disposición de la nueva justicia universal, que obliga a archivar los casos de forma retroactiva, no es de aplicación en este caso.
Defiende la Fiscalía que «tanto a nivel formal como jurídico, al Sáhara español se le consideraba como una provincia española», recoge el escrito, para concluir que España se convirtió en su «potencia administradora» desde 1965 y que no puede considerarse marroquí ni aceptarse que el reino alauí es competente para investigar estos hechos».
GUANTÁNAMO
Ruz rechaza también en un auto archivar la causa de Guantánamo en aplicación de la nueva norma y la mantiene abierta por torturas y contra la integridad moral en concurso con varios crímenes de guerra, delitos que están amparados por los convenios internacionales de Ginebra y contra la tortura.
Según el juez, «nos encontraríamos ante una evidente colisión» entre la reforma «y las obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales» y por ello acuerda transformar las diligencias previas en sumario, «continuando la instrucción de la presente causa».
De este modo, Ruz actúa en contra de lo que le pidió la Fiscalía, que le reclamó, como ha hecho en otras causas de justicia universal como el caso Couso o el genocidio del Tíbet, que concluyera el sumario y lo elevara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que sea éste órgano el que decida si cabe el archivo o la interposición de recurso de inconstitucionalidad a la nueva ley.
En este mismo auto, el juez reitera la comisión rogatoria que libró en enero a Estados Unidos para conocer si allí se están investigando las supuestas torturas al español Hamed Abderrahman y al marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, relatadas en la querella interpuesta contra el expresidente de EEUU George W. Bush y otros cargos norteamericanos, como el exvicepresidente Richard Cheney y el ex secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld por estos hechos.
El pasado 23 de enero, el juez libró esta comisión rogatoria para que le informen si existe o no una investigación sobre estas dos personas y otros dos expresos que se personaron en la causa, Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes, que tenga que ver con denuncias sobre irregularidades y malos tratos o torturas en Guantánamo.
El principal objeto de esta diligencia es delimitar si en este caso se da el principio de subsidiariedad, es decir, si los tribunales españoles son competentes para investigarlo porque los estadounidenses no lo hacen o si, de lo contrario, las autoridades norteamericanas tienen un procedimiento abierto, lo que descartaría a la jurisdicción española.
Una vez obtenga la respuesta de las autoridades estadounidenses, el juez anuncia en su resolución que elevará exposición razonada a la sala segunda del Tribunal Supremo para que dictamine si verdaderamente se están investigando allí esos hechos y se pronuncie sobre la posible concurrencia del llamado principio de subsidiariedad.
Ruz pidió en enero esa información a EEUU en vista de la sentencia que dictó el Tribunal Supremo respecto a una querella contra los creadores de Guantánamo que recayó en el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
El alto tribunal confirmó el archivo de la querella por torturas contra seis asesores de la administración Bush por dar apoyo legal a la creación de la prisión de Guantánamo, al constatar que ese país ya tenía abiertas investigaciones sobre ese centro penitenciario en relación a los querellados.
En marzo de 2012, Ruz ya reiteró la petición de información a EEUU sobre si estaban investigando los mismos hechos, a los que atribuía «un vínculo de conexión relevante con España», en vista de la falta «absoluta» de respuesta de otros requerimientos remitidos en mayo, agosto y octubre de 2009 y en enero y septiembre de 2011.
El magistrado también preguntó a la Fiscalía si debía investigar al propio Bush por las torturas denunciadas por los cuatro expresos y el ministerio público estimó que no debía hacerlo porque no existía ningún elemento que permitiera identificar a los responsables de los delitos.
Además de Bush, Cheney y Rumsfeld, la querella se dirige contra los generales Michael Lehner y Geoffrey Miller, responsables del campo de detención