Torres-Dulce precisa que, en algunos casos, esa dimisión debería producirse antes en función de la trascendencia pública del afectado y de si se le impone alguna medida cautelar
24 abr 2014 . Actualizado a las 11:53 h.El fiscal general del Estado es partidario de que, con carácter general, los políticos imputados dejen sus cargos cuando se abra juicio oral contra ellos, si bien precisó que, en algunos casos, esa dimisión debería producirse antes en función de la trascendencia pública del afectado y de si se le impone alguna medida cautelar. Así lo ha asegurado Torres-Dulce durante su comparecencia ante la comisión constitucional del Congreso en respuesta a los grupos parlamentarios ante los que expuso sus propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción. También urgió que se tomen medidas para combatir la corrupción, para cambiar la opinión «extendida» de que la Justicia «no trata igual al poderoso que al resto» y que hay un trato ideológico en función del acusado.
Apuntó que, como «regla general», es «bastante conveniente» fijar el momento de la dimisión en la vista oral, y no desde el momento en que se produzca una imputación, pero advirtió que «no conviene olvidar que algunos hechos delictivos son tan especiales» por la «participación publica o política» del imputado que, si se le impone algún tipo de medida cautelar, quizá la dimisión debería llegar ante de la vista.
Reforma procesal
En su opinión, los jueces «no han distinguido bien en general cual es la sensación de la imputación», por eso reclamó una reforma procesal parcial para que se establezca una clara distinción entre lo que es la admisión a trámite de una causa y lo que es un acto de imputación.
En este punto, abogó por informar convenientemente al querellado o al denunciado de que han adquirido esa condición, pero precisó en que «un acto de imputación debería suponer la atribución publica de unos hechos considerados como delictivos» por una de la partes, pero nunca de oficio por el ministerio público. «Hay que clarificar y distinguir que una persona es querellado o denunciado simplemente de que, con respecto a él, se haya pedido una imputación y el juez la haya aceptado».
Ante la misma Comisión el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, confirmó la inminente apertura de expediente sancionador a 13 partidos políticos y 24 fundaciones por donaciones irregulares detectadas en los informes de fiscalización del 2010, 2011 y 2012.