Artur Mas logró ayer un amplio apoyo a su nuevo formato de consulta por parte de las 3.000 entidades que integran el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, la plataforma creada por el propio Gobierno catalán para implicar a la sociedad civil en su proyecto independentista. El Pacto celebró ayer su primera reunión desde que Mas decidió enterrar la consulta original y sustituirla por un sucedáneo, decisión que provocó hace dos semanas la ruptura del frente pro consulta formado por CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP.
A solo dos semanas del 9-N, el soberanismo trató ayer de cerrar filas en torno al proceso participativo propuesto por el presidente de la Generalitat. Fue un acuerdo de mínimos, que compromete a los partidos pro consulta, casi dos tercios del Parlamento catalán, sindicatos, patronales, organizaciones profesionales, entidades sociales y civiles, y cámaras de comercio a «trabajar unitariamente para que el 9 de noviembre, a pesar de sus limitaciones, signifique una gran movilización». La sintonía fue posible porque el debate se centró en la jornada del 9-N y se evitaron otros escenarios, como el que piden Esquerra y la Asamblea Nacional Catalana de que Mas convoque elecciones ya. A este respecto, el líder de Unió, Duran i Lleida, afirmó ayer que «a nadie le interesan las elecciones anticipadas», y a Carme Forcadell, la líder de la ANC, le recordó que la «única asamblea que puede condicionar esta decisión es el Parlamento catalán».