PP y Ciudadanos llegan a un principio de acuerdo para la investidura de Rajoy
ESPAÑA
Rajoy y Rivera se reunirán a partir de las 12.30 con sus equipos negociadores para ratificar este pacto, pero no serán ellos quien lo firmen después, sino sus portavoces
28 ago 2016 . Actualizado a las 10:09 h.El Partido Popular y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo de investidura que firmarán hoy en el Congreso los portavoces parlamentarios de ambos partidos, según fuentes de las dos formaciones. Los líderes de los dos partidos, Mariano Rajoy y Albert Rivera, se reunirán antes, a las 12.30 horas, con sus equipos negociadores para ratificar este pacto.
La negociación, al parecer, había llegado a un punto muerto cuando ambas delegaciones abordaron el tema de los aforamientos y las diputaciones. Pero una reunión de Rajoy con Rivera durante la tarde dio un nuevo impulso a las conversaciones. Ciudadanos logró arrancar ayer al PP una de sus principales reclamaciones para llegar al pacto. Los populares se comprometen a tratar de recuperar el dinero que Hacienda habría perdonado en el 2012 a los beneficiarios de la amnistía fiscal y que los expertos tributarios del partido de Albert Rivera calculan en unos 2.800 millones de euros. La cesión de última hora es clave para que la formación naranja cierre el acuerdo que permitirá que Mariano Rajoy obtenga en el Congreso 170 síes (los del PP más los de Ciudadanos y previsiblemente el de Coalición Canaria) en su intento de ser reelegido presidente del Gobierno. Una votación que, pese al apoyo de Ciudadanos, el líder popular perderá, salvo que el PSOE decida cambiar de postura y acepte abstenerse. Algo que en estos momentos nadie contempla.
El acuerdo de investidura que este sábado ultimaban PP y Ciudadanos señalará, según fuentes de la negociación, que los populares se compromete en caso de alcanzar el Ejecutivo a revisar los criterios que aplicó en el 2012 a los 31.484 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y que permitieron que en vez de pagar un 10 % por las fortunas que ocultaban en el extranjero terminasen por abonar de media sobre un 3 %. Los beneficiarios de esa amnistía, que los populares prefieren llamar regularización, pagaron al final por los aproximadamente 40.000 millones que ocultaron durante años al fisco 1.193 millones de euros. Los técnicos tributarios de Ciudadanos consideran que los defraudadores, gracias al perdón de esos siete puntos porcentuales de gravamen sobre su fortuna, se ahorraron unos 2.800 millones. Los expertos del PP, sin embargo, consideran que si al final es posible encontrar una fórmula legal para recuperar algo de este dinero se tratará de una cantidad bastante más modesta.
La razón del desfase es que la Dirección General de Tributos, mediante un mero informe sin firma, y que no fue publicado ni en el BOE, se dejó fuera de los cobros aproximadamente el 70 % de las rentas afloradas. Los expertos de Ciudadanos están convencidos de que ese informe es ilegal y de que si se anula se le podrá exigir a los beneficiarios de la amnistía el dinero que se ahorraron por su emisión.
Eso sí, los técnicos del partido de Rivera advierten de que las posibles deudas con Hacienda prescriben a los cuatro años, por lo que si este proceso de reclamación no se pone en marcha antes de noviembre, cuando se cumpliría el cuatrienio del afloramiento de fondos, las obligaciones con el fisco prescribirán definitivamente.
Políticos defraudadores
Si el Gobierno de Rajoy cumple con el compromiso que constará en el acuerdo tendrá que revisar los pagos a Hacienda de unas 705 personas «expuestas políticamente», es decir con relación con la política o las instituciones públicas, que se acogieron a la amnistía fiscal. Entre ellos estarán el extesorero popular Luis Bárcenas, el exvicepresidente madrileño y exdirigente del PP Francisco Granados, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, la esposa del eurodiputado y exministro Arias Cañete y dos de los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol, Oleguer y Josep.
El acuerdo que rubricarán PP y Ciudadanos recogerá unos 150 compromisos y reformas, entre ellas un plan de choque social e impulsar el cambio de elección de doce de los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial por los jueces en vez de por el Parlamento, pero la formación de Rivera no logrará que incluya la supresión de las diputaciones provinciales ni la reestructuración integral del Senado.