El Gobierno cortará la ayuda financiera a la Generalitat si sufraga la consulta
ESPAÑA
Obligará al Ejecutivo catalán a certificar cada semana que no incurre en gastos impropios
22 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno lanzó ayer un nuevo aviso a la Generalitat para que reconsidere su decisión de celebrar el referendo independentista el próximo 1 de octubre. Tras una reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, presidida por Mariano Rajoy, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo amenazó con retener los cerca de 3.600 millones de euros correspondientes al Fondo de Liquidez Autonómica del 2017 si, a partir de ahora mismo, no se aportan pruebas semanales de que el Ejecutivo de Carles Puigdemont no está financiando actividades relacionadas con la consulta.
El Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas a ese fin en una sentencia publicada el 5 de julio, pero, precisamente para evitar que sus pasos puedan ser impugnados, la Generalitat acordó el pasado martes mantener en secreto decisiones que afectan a cuestiones como la compra de las urnas que pretende emplear en la votación. El nuevo consejero de Presidencia, Jordi Turull, lo dijo abiertamente: «No queremos añadir más dificultades al 1 de octubre habida cuenta de cómo se las gastan».
La nueva orden del Ejecutivo busca sortear ese cerrojazo informativo y lo hará obligando, en concreto a los interventores de las consejerías, a los responsables económicos financieros de las entidades en las que no hay interventores delegados, al director general de los Presupuestos y al director general de Políticas Financieras. Seguros y Tesorería a remitir certificados individuales al Ministerio de Hacienda para que este pueda comprobar que no se han tramitado expedientes destinados a actividades relacionadas con el referendo ilegal.
«Bomba de relojería»
Si puede hacerlo es gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del 2012, en la que se estipula que, para acogerse a mecanismos adicionales de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), las autonomías deben comprometerse a cumplir una serie de «condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información [...], así como de adopción de medidas de ajuste extraordinarias, en su caso, para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública y con los plazos legales de pago a proveedores».
La Generalitat -que es la principal receptora de estas ayudas y ha recibido cerca de 60.000 millones de euros desde que hace cinco años se le cerraron los mercados- ya remite informes mensuales a Hacienda. Empezó a hacerlo en noviembre del 2015, cuando Cristóbal Montoro optó por reforzar la condicionalidad y obligó a destinar los pagos del FLA exclusivamente a los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), justamente para tratar de evitar que se dedicaran a financiar el referendo. La finalidad de los pagos es lo que convierte ahora en polémica la amenaza del Gobierno, porque cortar el grifo a la Generalitat significaría desatender a los catalanes.
Méndez de Vigo argumentó que se trata de una «medida preventiva» que no tendrá por qué aplicarse. Pero en todo caso, defendió que llegado el caso «será el Gobierno de Carles Puigdemont el que tenga que explicar a los catalanes qué ha producido la situación».
Hay dos supuestos que, en principio, provocarían que se retenga la financiación extraordinaria: que los funcionarios señalados no remitan al ministerio la documentación requerida (puede remontarse hasta el 1 de enero) y que Hacienda concluya que la Generalitat ha dedicado partidas presupuestarias a un fin considerado inconstitucional. En ese caso, el Gobierno llevaría además a los tribunales a quien hubiera autorizado el gasto. Fuentes del Ejecutivo no ocultan que pretenden poner especialmente contra las cuerdas al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, designado coordinador del referendo. «Le hemos puesto una bomba de relojería», dicen.
Junqueras plantea crear una «caja de resistencia» para pagar las multas por el 9N
Oriol Junqueras aboga por crear «una caja de resistencia» para cubrir las sanciones económicas que pueda imponer el Tribunal de Cuentas por el 9N. El vicepresidente del Gobierno catalán calcula que si cada uno de los 2.344.828 votantes de aquel día aporta poco más de dos euros podrán sufragar los 5,1 millones que costó la consulta, que es la multa que el órgano supervisor podría imponer al expresidente Artur Mas y sus exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. El también líder de Esquerra se mostró convencido de que los votantes del 9N estarán «más que satisfechos de aportar esa cantidad». Se trata, explicó, de crear un fondo «al servicio de la democracia» para afrontar «la factura económica» de la votación y demostrar que «el país no dejará en la estacada a nadie comprometido con la libertad».
La idea de la colecta fue lanzada por algunos dirigentes independentistas el pasado miércoles, cuando el tribunal hizo pública la admisión de la denuncia contra Mas y sus tres exconsejeros y el rechazo del recurso de la Generalitat. La propuesta parecía que no iba a ir más allá hasta que Junqueras la puso sobre la mesa para que el patrimonio personal de los impulsores del 9N no se vea amenazado por las resoluciones judiciales.
Críticas al presidente
El Tribunal de Cuentas no comentó nada sobre la caja de resistencia, pero se revolvió contra el Gobierno catalán por las duras críticas recibidas por abrir el proceso contra el expresidente y sus colaboradores. En concreto, contra la acusación de tener un comportamiento «indecente» que lanzó Carles Puigdemont. El órgano supervisor se mostró extrañado por «la gravedad de las descalificaciones» de la máxima autoridad de la Generalitat, quien también es «la más alta representación del Estado» en Cataluña.
El tribunal señaló que actúa a «instancia de parte», no de oficio, para «la recuperación de los fondos presuntamente perjudicados» por el 9N. Señala que el procedimiento es el habitual y que ahora tiene que designar un delegado instructor, «quien podrá tomar medidas provisionales», como imponer una fianza a los investigados o embargar sus bienes mientras dure el proceso. Pide asimismo a los gobernantes catalanes que no viertan juicios de valor, porque «hasta el momento no se ha adoptado medida alguna» contra los denunciados.
El Ayuntamiento de Barcelona evita posicionarse contra el 1-O
El pleno del Ayuntamiento de Barcelona evitó ayer posicionarse contra el referendo soberanista como había propuesto el grupo municipal de Ciudadanos. Además, la alcaldesa, Ada Colau, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del PP, Alberto Fernández, aseguró que, «cuando haya una convocatoria o un requerimiento al Ayuntamiento, hablaremos tranquilamente, veremos las repercusiones que puede tener a todos los niveles y nos posicionaremos a partir de unas premisas a favor de la participación ciudadana en general, pero también para no poner en peligro a ningún trabajador municipal». El pleno rechazó con los votos en contra de BComú, PDECat, ERC, CUP y el concejal de Demòcrates la proposición de C’s para que el gobierno municipal rechazase cualquier requerimiento de la Generalitat para asumir responsabilidades en la organización del referendo o la cesión de espacios municipales como locales para actos de campaña. C’s, PP y PSC votaron a favor, con lo que se escenificó una vez más las diferencias entre socialistas y comunes, socios de gobierno en Barcelona, en los temas soberanistas.
