La hora que llevó a Puigdemont al gatillazo
Mas y la vieja guardia de Convergència forzaron el volantazo del presidente de la Generalitat y evitaron proclamar la DUI
Jefe de Área de España e Internacional
A la lorquiana hora de las cinco de la tarde del 10 de octubre, las campanas se afinaban para repicar por la secesión. La declaración unilateral de independencia por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, parecía inevitable. Ni la presión de los poderes económicos ni la posibilidad de una condena judicial habían conseguido disuadir a los independentistas de su desafío a la Constitución.
Sin embargo, a las cinco de la tarde, justo una hora antes del inicio del histórico pleno del Parlamento en el que se tenía que haber consumado la secesión, Puigdemont tiró del freno de mano e hizo derrapar el coche de los independentistas en su alocada carrera hacia el precipicio.
El golpe era totalmente inesperado por algunos de los principales agentes de la carrera hacia la independencia. A las cinco de la tarde, en una sala anexa al salón de plenos del Parlamento, Puigdemont citó a algunos miembros de su Gabinete, con Jordi Turull y Santi Vila a la cabeza; al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal; a los miembros de la CUP Quim Arrufat, Benet Salellas, Carles Riera y Natalia Sánchez. También a los inseparables Jordis, Sánchez y Cuixart, responsables de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, inevitables en la salsa independentista. «Hasta esa hora, todo estaba acordado para proclamar la independencia. De hecho, se había especificado que, en caso de abrir una puerta a una negociación, esta no duraría más de quince días», explicaba el diputado de la CUP Sergi Saladié horas después del gatillazo independentista sin ocultar su sorpresa.
LAS PRIMERAS DISENSIONES
Amenazas de boicot y fracturas. En apenas diez minutos, Puigdemont explicó su plan: anular la declaración de independencia tal y como estaba acordada porque había muchas presiones de la comunidad internacional y porque el Gobierno central amenazaba con incrementar la represión. «También nos dijo que se estaba a punto de anunciar un mediador internacional muy importante», relataba Saladié tras admitir que las conversaciones entre Junts pel Sí, la coalición que sostiene la Generalitat, y la CUP se habían enfriado de forma notable en las cuarenta y ocho horas anteriores.
Pero no solo los antisistema se tomaron a mal el frenazo anunciado por Puigdemont. Marta Rovira, coportavoz de Junts pel Sí y número dos de Oriol Junqueras en Esquerra, amenazó con dimitir en el acto, aunque no llegó a ejecutar su órdago. Tampoco los Jordis, Cuixart y Sánchez, se esperaban el volantazo. «Si lo llegamos a saber, no hubiéramos venido a Barcelona», admitieron fuentes de las dos organizaciones civiles más significadas como motores del desafío independentista. En Òmniun señalan además el rol de ERC en la marcha atrás. «Están teniendo un inexplicable papel secundario en todo esto», se quejan.
Los representantes de la CUP amenazaron con no entrar siquiera en el salón de plenos. Llamaron traidores a varios de los presentes en la sala, según algunas fuentes, y forzaron el paripé de la firma de la declaración unilateral en el sótano del Parlamento para ratificar el compromiso independentista y tener al menos una salida con la que justificar el papelón ante sus bases.
Luego, dieron rienda suelta a su enfado con un silencio sepulcral en el salón de plenos. No aplaudieron el discurso de Puigdemont y se levantaron de sus escaños sin siquiera saludar a sus compañeros de viaje de Junts pel Sí. David Fernández, exdiputado cupero y uno de sus rostros más conocidos, abandonaba la Ciudadela a la carrera sin ocultar su malestar. Eulalia Reguant, que dimitió horas más tarde, oficialmente en un relevo pactado, se despedía de la sede del Parlamento con unas duras palabras: «Las cosas solo se consiguen con la movilización en la calle».
Las horas previas
Una cena movida y Artur Mas. Los sorprendidos miembros del movimiento secesionista dedicaron todo tipo de invectivas al PDECat. Prácticamente los mismos interlocutores de la sala del Parlamento, con la excepción de los de la CUP, habían coincidido la tarde anterior en una reunión de más de dos horas en las dependencias del Palau de la Generalitat donde se habían pactado hasta las comas de la declaración secesionista.
La diputada de la CUP Anna Gabriel, con rostro serio, casi desencajado, admitía en la tribuna del Parlamento que no iban a poder desarrollar su escenificación de la independencia con un discurso leído en diez idiomas. «Nos han ocultado este cambio», se limitó a decir.
Nadie era capaz de argumentar las razones del cambio de postura. Algunos miembros de Esquerra y de la CUP señalan directamente hacia la figura de Artur Mas. «El lunes por la noche nos despedimos todos con un apretón de manos, quedaba todo perfectamente pactado. Bajamos la escalera y en el despacho de Puigdemont se quedaron el presidente y Mas. Lo que pasó luego ya lo veis», desveló otro miembro de Esquerra Republicana.
Desde las filas convergentes se explica el secretismo de la maniobra para mantener el efecto sorpresa, potenciar el valor de la petición de una mediación internacional y evitar que tanto la CUP como la ANC u Òmnium pudieran boicotear la maniobra. Otros quieren ver en la marginación de los cuperos una pequeña vendetta personal de Artur Mas, cuya cabeza pidieron los antisistema para facilitar la investidura del Gobierno catalán.
A la mañana siguiente, el propio 10 de octubre, Jordi Turull admitió que Puigdemont había recibido numerosas llamadas. Entre ellas, una de Donald Tusk, el polaco que preside el Parlamento Europeo, que le pedía que no tomara «medidas irreversibles». Según la Generalitat, hubo incluso más instituciones europeas y personalidades que se ofrecían para mediar, algo que el Gobierno español desmintió de plano.
El VérTIGO DEL 1-o
Los posibilistas convergentes. Aunque tanto Esquerra como los cuperos centran el agujero negro de su plan independentistas en la mañana del martes, lo cierto es que los tambores del cambio de postura del Gobierno catalán ya habían empezado a sonar mucho antes. Concretamente, el lunes 2 de octubre, apenas unas horas después de la celebración del referendo ilegal.
El PDECat, heredero de la antigua Convergència, celebró una reunión de su ejecutiva para analizar los siguientes pasos a dar. La ley de transitoriedad aprobada por el Parlamento -y suspendida por el Tribunal Constitucional- obligaba al presidente de la Generalitat a proclamar la independencia unilateral 48 horas después de la proclamación «oficial» de los resultados. Poco importaba la imagen chapucera de la votación, la falta de mecanismos de control y verificación o la ausencia de una autoridad electoral competente. Las imágenes de los porrazos de la Policía Nacional tenían bajo estado de shock a alguno de los participantes, que se despertaron de su sueño independentista cuando oyeron a tres pesos pesados del partido, Francesc Homs, ex número dos de Artur Mas y exdiputado en Madrid, Marta Pascal, la coordinadora de la formación, y David Bonvehí, diputado muy conocido en Cataluña, pedir a Carles Puigdemont que sustituya la DUI por una fórmula retórica sin consecuencias jurídicas y que acto seguido se convoquen unas elecciones de carácter constituyente.
Una treintena de participantes se posicionaron en contra, pero Artur Mas apoyó a los moderados, que luego expondrían su postura en declaraciones públicas tanto de Santi Vila, consejero de Empresa y la gran esperanza de los antiindependentistas para frenar al sector más ultra de los antiguos convergentes, y Marta Pascal. «El resultado del 1-O no es suficiente ni para imponer nada ni para renunciar a nada», se llega a oír en la reunión.
GRAVES CONSECUENCIAS
El éxodo empresarial. Mientras de cara al público se mantiene el órdago independentista, entre bambalinas las deserciones se suceden. Los dos principales poderes económicos de Cataluña, el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, y el del Sabadell, Josep Oliu, se reúnen el martes 3 de octubre con Puigdemont primero y Junqueras después para anunciarles que trasladan el domicilio social de sus entidades a Valencia y Mallorca, el primero, y a Alicante, el segundo.
Es el pistoletazo de salida a un éxodo masivo que ha provocado la marcha de más de 40 empresas -Registradores Españoles elevó la cifra el pasado viernes hasta las 531-, multinacionales y firmas con largo arraigo en Cataluña, como Freixenet o Nocilla. En total, impuestos por valor de más de dos mil millones de euros que no entrarán ya en las arcas de la Generalitat ni de los ayuntamientos catalanes.
La bomba, anunciada oficialmente el jueves, 5 de octubre, desmonta una de las grandes mentiras del independentismo y abre la puerta a desarmar otros mitos secesionistas, como la continuidad en la Unión Europea o el mantenimiento del euro, entre otros muchos. La credibilidad de los líderes secesionistas empieza a tambalearse.
REACCIÓN POPULAR
Movilización antisecesionista. En ese clima de desilusión llegó el fin de semana. La gran cita estaba programada para el domingo 8 de octubre. Sociedad Civil Catalana había convocado a los no independentistas a salir a la calle para desmontar el mito de que los secesionistas eran la práctica totalidad de la ciudadanía. Más de un millón de personas, según los organizadores, o 350.000 si se hace caso a la Guardia Urbana, llenaron el corazón de Barcelona y los mensajes de Josep Borrell y Mario Vargas Llosa revierten el ánimo de miles de ciudadanos y dan otro golpe a los separatistas.
Al mismo tiempo, Artur Mas se multiplica en declaraciones a los medios con un mensaje calcado, tanto a la prensa nacional como a la internacional: «Cataluña no está preparada para una independencia total». Con todas las cartas sobre la mesa, la larga noche del lunes 9 de octubre al martes 10, Puigdemont decidió frenar el desafío separatista.
