Declara secreta la pieza contra los agentes, que integraban la comisión judicial
21 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La causa judicial abierta contra Francisco Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, va más allá de los supuestos delitos cometidos por el mediático personaje y dejan entrever los rescoldos de una guerra interna que convirtió a la cúpula policial en un auténtico polvorín en los últimos años. Ayer, la jueza que investiga esta causa, en una inusual decisión que revelaba la agencia Efe, citó a declarar como investigados (antiguos imputados) a siete policías que integraban la comisión judicial que puso en marcha Arturo Zamarriego, el anterior magistrado del caso, en el marco de una nueva pieza abierta que se ha declarado secreta, lo que implica que no hayan trascendido más datos sobre el delito que se les imputa a los agentes, ni el momento de su declaración.
La jueza toma esta decisión después de que a principios de octubre los funcionarios que integraban la comisión entregasen en el juzgado la documentación que se les había requerido y numeroso material -como equipos informáticos y vehículos-, según la providencia emitida por la magistrada. La comisión judicial integrada por los siete agentes fue disuelta el pasado mes de julio. Estaba liderada por el que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía, Martín de Blas.
Fue la propia Fiscalía la que propuso a la jueza la disolución de la comisión tras acusar al comisario Martín de Blas -ya jubilado- de falta de imparcialidad, porque investigaba la difusión de una grabación de una reunión secreta mantenida por el mismo con dos agentes del CNI y otros dos policías, en la que se hablaban de las pruebas para incriminar al Pequeño Nicolás.
Con estos antecedentes, la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, María del Pilar Martínez acordó disolver la comisión después de rechazar las nueve diligencias sobre el caso que le habían presentado. Con esta decisión y otras más acordadas en julio, la jueza dio un vuelco al criterio de la investigación, completamente diferente a la llevada hasta el momento por el juez Zamarriego (trasladado a la Audiencia Provincial). Apartó a los policías que habían llevado el peso de la investigación y solicitó a los siete agentes que entregasen en el juzgado toda la documentación sobre el caso, tras conocer que se iban a reincorporar a sus antiguos puestos, con el riesgo de que toda la documentación que manejaban quedase sin custodia y pudiesen destruirse pruebas o evidencias de la investigación, según un documento de la unidad de la Policía adscrita a los juzgados, e incluido en el sumario.
Desde su creación, varias partes del procedimiento pusieron en entredicho el papel de la comisión judicial, a la que acusaron de convertir el caso en una guerra policial al pedir, entre otros, imputar, al ex número dos de la Policía, Eugenio Pino.