El expresidente y cinco exconsejeros catalanes buscan asilo político en Bélgica
31 oct 2017 . Actualizado a las 07:48 h.El primer día laboral de la autoproclamada república catalana amaneció con la sede del Palau de la Generalitat vacía. El destituido presidente Carles Puigdemont no se presentó en su oficina. Ni él ni los cinco consejeros con los que emprendió el lunes la huida a Bélgica. Joaquim Forn (PDECat), Dolors Bassa (ERC), Meritxell Borràs (PDECat), Antoni Comí (ERC) y Meritxell Serret (ERC) habrían viajado en coche hasta Marsella para volar desde la ciudad francesa a Bruselas en busca de apoyo, asesoramiento, protección y garantías de que no tendrán que rendir cuentas ante la Justicia española si se les procesa por delitos de rebelión, sedición y malversación, como pretende la Fiscalía. Atrás quedaron las proclamas de su Ejecutivo llamando a la resistencia civil.
En la capital comunitaria nadie se quiso ver salpicado por la evasión desesperada de los exmiembros del Gobierno catalán. Ni siquiera el polémico y lenguaraz secretario de Asilo belga, Theo Francken, quien sugirió el pasado domingo a los fugados pedir asilo político en su país. El ofrecimiento del nacionalista flamenco obligó al primer ministro, Charles Michel, a intervenir: «Le pido que no eche más leña al fuego». El lunes, el partido de Francken, la N-VA, se desmarcaba de la inoportuna visita: «Si Puigdemont está en Bruselas, ciertamente no es por invitación de la N-VA», aseguró su portavoz, Joachim Pohlmann. «Rumores», zanjó otro de sus voceros, Bram Bombeek, tras descartar que Puigdemont y los cinco consejeros estuvieran en la sede. Tampoco el presidente del Parlamento flamenco, Geert Bourgeois, lo recibió.
Ni en la N-VA, ni en la delegación de Cataluña ante la UE, ni en la oficina de asilo ni en la sede de la formación parlamentaria EFA, donde concurren partidos como ERC o los nacionalistas escoceses. Nadie en la capital comunitaria pudo avistar a Puigdemont, para quien la visita tenía un objetivo claro: buscar ayuda legal. Uno de los pocos que pudieron hablar con él fue el abogado belga Paul Bekaert. El letrado, conocido por haber asesorado a miembros de ETA, aceptó representar jurídicamente al expresidente tras el encuentro que mantuvieron en la tarde del lunes. Su perfil profesional siempre ha estado muy vinculado a España. En el 2016 consiguió paralizar la extradición de la etarra Natividad Jáuregui después de que la Audiencia Nacional emitiera hasta tres órdenes de entrega a España. Bélgica se negó por el riesgo a que la condenada sufriera un «trato inhumano» en la cárcel. Bekaert no ha confirmado que Puigdemont vaya a pedir asilo, pero asegura que están estudiando todas las posibilidades para poder burlar a la Justicia española.
Disputas en Bélgica
Esta maniobra puede desencadenar una nueva crisis diplomática entre Bélgica y España, que siempre han tenido desencuentros en materia judicial. Charles Michel trata de mantener a raya a los miembros de su Ejecutivo. No quiere reuniones ni imágenes incómodas. Mucho menos después de ver que en su Gobierno empiezan a saltar las chispas entre los socios de la coalición por las salidas de tono de los nacionalistas flamencos y la falta de firmeza del primer ministro. El Ejecutivo se tambalea. La oposición se mostró el lunes escandalizada por los gestos de deslealtad del Gobierno belga hacia España: «Es urgente que Charles Michel dé explicaciones sobre la probable visita de la delegación de Puigdemont en Bruselas (...) Bélgica se juega su credibilidad internacional», declaró el líder de los socialistas, Elio di Rupo. Los Verdes y los democristianos del CdH también se sumaron a la oleada de indignación.
¿Conseguirá Puigdemont refugio en Bélgica? El comisario general para los refugiados, Dirk Van den Bulcke, aseguró el lunes que solo se le podrá conceder estatuto de refugiado si hay señales «serias de persecución» y se demuestra que España no puede garantizar su protección, algo surrealista en un país de la UE. «Puigdemont tendría que demostrar que el castigo es desproporcionado, que se violan sus derechos y libertades fundamentales o que no tiene un juicio justo (...) Sería muy difícil», aseguró el lunes a De Standaard, experto en derecho migratorio.
