A un mes de la cita electoral, la última encuesta publicada apunta a una ajustadísima mayoría de los independentistas
21 nov 2017 . Actualizado a las 10:21 h.A falta de un mes exacto para la celebración de las elecciones autonómicas en Cataluña convocadas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, todas las encuestas publicadas hasta la fecha reflejan una igualdad entre los dos bloques que se han conformado a lo largo del desafío secesionista. La última conocida, elaborada por GESOP a partir de más de 800 entrevistas y publicada ayer en El Periódico, refleja que los independentistas lograrían una ajustadísima mayoría que podría bailar entre los 68 y los 71 escaños de los 135 totales. Hace un mes, otra publicada en el mismo diario les concedía de 70 a 73, una ventaja algo superior. En el ejercicio demoscópico hay que tener en cuenta la peculiaridad de los comunes de Ada Colau, que el 21D concurren de la mano de Podemos, dos formaciones que se han caracterizado por su mensaje contra la independencia, pero a la hora de la verdad casi siempre han coincidido con los secesionistas, tanto en votaciones en las Cámaras como en manifestaciones, por lo que resulta complicado encuadrarlos.
En una media de los sondeos publicados hasta hoy, un 51,6 % estarían contra la autodeterminación y un 46,7 %, a favor. El restante 1,7 % votarían a fuerzas que no alcanzan representación parlamentaria.
Inés Arrimadas aspira a ser investida presidenta por el bloque constitucionalista. Ciudadanos apunta a convertirse en la formación que capitalizará más el conflicto, con una intención de voto del 18,6 %. Se ha encontrado con el caldo de cultivo perfecto para dispararse, ya que es un partido que nació en Cataluña por y para combatir el independentismo, pero se enfrenta al gran reto de no desinflarse al final, como suele sucederle.
El PSC le sigue de cerca con un ascenso de hasta el 18,1 %, que en parte puede deberse a la irrupción del exministro Josep Borrell, lejos de la primera línea política desde hace años, pero también a la apertura transversal que Miquel Iceta hizo del partido hacia miembros moderados de la antigua Unió y de Federalistas de Esquerra, entre otras agrupaciones.
El PP está en una posición difícil, con tan solo un 5,7 % de apoyos. Consideran que Ciudadanos les arrebata votos. Fuentes de la dirección admiten que tienen un problema: «Son socios y rivales», y acusan a los de Albert Rivera de «deslealtad y oportunismo». Para darles la vuelta a las encuestas, harán una campaña «en positivo» sobre la determinación de Rajoy al aplicar el 155. Además del presidente del Gobierno, acudirán a mítines y otros actos electorales varios de los pesos pesados del PP, como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente Alberto Núñez Feijoo.
El PDECat recupera terreno
Los comunes de Ada Colau, en colaboración con Pablo Iglesias, cuentan con muchas opciones de convertirse en los árbitros del futuro Parlamento autonómico. Podemos ha sacrificado su imagen en el resto de España a costa de su proyecto en Cataluña. En la precampaña ha señalado a los independentistas de ERC como socios preferentes, siempre y cuando renunciaran a la DUI. Su rechazo a la declaración unilateral y al 155 son sus grandes banderas. Las encuestas les dan un 8,6 %.
El frente secesionista lo lidera ERC, con un 23,9 %. Con su líder, Oriol Junqueras, haciéndose el mártir en la cárcel y la candidata, Marta Rovira, acusando al Gobierno de querer «muertos en las calles», en los últimos sondeos ha perdido fuerza en favor del PDECat (16,5 %), que ha logrado frenar su caída libre criticando a ERC por rechazar la lista conjunta y, en especial, tras el fichaje de Jordi Sánchez, de ANC, y otros independientes.
Los antisistema de la CUP, que en principio habían rechazado presentarse, mantienen su discurso rupturista y un 6,3 % de intención de voto.
Los obispos apoyan que se restaure el orden constitucional en Cataluña tras la «perturbadora declaración de ruptura»
Tan solo unos días después de que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras desvelase en una carta que dedicaba gran parte de su tiempo «a la reflexión y, como católico, a rezar», la Conferencia Episcopal Española ha mostrado su «preocupación y su tristeza» por la declaración de independencia unilateral proclamada en el Parlamento catalán. En palabras de su presidente, Ricardo Blázquez, esta organización en la que se integran todos los obispos españoles bajo la autoridad del Vaticano consideró los últimos acontecimientos que desencadenó el desafío secesionista como «graves y perturbadores», al haber significado «la ruptura del orden constitucional» que los españoles se dieron «hace 40 años». Blázquez realizó un llamamiento al diálogo con el objetivo de que se reintegre «la convivencia en la diversidad» dentro del marco constitucional y el respeto a las leyes, un punto en el que se aventuró a sugerir una reforma de la Carta Magna para que «siempre sea actual» y no se vea afectada por «el paso del tiempo». Las herramientas que invita a emplear para a estos hipotéticos retoques para actualizar la Constitución las limita a los procedimientos que se recogen en el propio texto de 1978.
El máximo responsable de la Conferencia Episcopal intentó poner en valor el papel de la Iglesia durante la Transición, y mostró su intención de seguir cumpliendo con ese papel de «reconciliación y pacificación». Blázquez recordó la figura del presidente del Gobierno durante la reinstauración de la democracia, Adolfo Suárez, fallecido en el 2014, al pedir que se grabara en su sepulcro como epitafio: «La concordia fue posible».
Tres días después del referendo ilegal, Rajoy recibió a una representación de dirigentes eclesiásticos, entre los que estaba el propio Blázquez, para recriminarles las críticas a las cargas policiales y que se ofreciesen para «mediar». Además, la postura de la Iglesia catalana de cierta complicidad con el independentismo -se contaron papeletas en el altar de un templo- fue duramente criticada por los constitucionalistas.
ERC rebaja el tono de Rovira sobre «muertos» y el defensor del pueblo catalán la desmiente
Esquerra rebajó ayer el alcance de las acusaciones de Marta Rovira de que el Estado amenazó con poner «muertos en las calles» si la Generalitat mantenía sus planes independentistas tras la proclamación de la república. Pero el portavoz de ERC precisó ayer que Rovira aludía a comentarios de dirigentes populares. Sergi Sabrià se refirió a Pablo Casado, quien dijo que Puigdemont podía acabar como Lluís Companys, y recordó que la ministra de Defensa afirmó que el Ejército tiene como misión garantizar la soberanía y la integridad territorial de España.
Desde el independentismo deslizaron que quienes les trasladaron las supuestas amenazas fueron algunos mediadores entre las dos Administraciones. El arzobispo de Barcelona lo negó la semana pasada, y ayer lo hizo el síndic de greuges (defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, quien aseguró que no habló de muertos, solo de una «reacción contundente» del Estado.
La CUP sí dio credibilidad a las denuncias de Rovira. Dijeron que fueron advertidos de que podían ser acusados de atentados con muertos, afirmó Mireia Boya.