Las comunidades gobernadas por los socialistas acusan al Gobierno de chantajearlos
06 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Con las negociaciones para aprobar los Presupuestos del 2018 encalladas a las espera de un acuerdo con el PNV y Ciudadanos que cada día se antoja más complicado, el Gobierno mueve pieza para intentar desbloquear el otro gran objetivo con el que trabaja a medio plazo: la revisión del modelo de financiación autonómica.
Rajoy repite una y otra vez que esta reformulación financiera es uno de sus más firmes compromisos que adquirió cuando fue investido presidente, pero que ante la elevada proporción de comunidades autónomas gobernadas por socialistas, este acuerdo pasa inevitablemente por Ferraz.
La financiación autonómica es otro de los asuntos que se ha visto perjudicado por el tapón generado por la crisis secesionista en Cataluña, al tratarse de una de las comunidades con mayor peso económico y político dentro del Estado, y aunque en la Moncloa son conscientes de que las negociaciones jamás podrán llegar a buen puerto sin que antes se elija a un nuevo presidente de la Generalitat, Rajoy no parece dispuesto a quedarse de brazos cruzados hasta entonces, y le ha dado el visto bueno a Montoro para que vaya allanando el terreno.
El ministro de Hacienda ha ordenado la paralización de 4.230 millones de euros que amenazan con causar problemas de liquidez a algunas comunidades autónomas. El problema radica en que cada comunidad tiene proyectado un presupuesto calculado conforme a las previsiones económicas que avanza el Gobierno central. Con todos los pronósticos favorables, los 15 territorios españoles que se financian mediante este modelo (el País Vasco y Navarra lo hacen a través del Cupo) estimaron el pasado verano que estas partidas aumentarían, algo que reflejaron en sus cuentas. Sin embargo, desde el gabinete de Hacienda han decidido a última hora la congelación de estos fondos con los que contaban las autonomías a mayores respecto al pasado ejercicio, excusándose en la incertidumbre generada por la falta de los Presupuestos Generales del Estado para el 2018, una justificación que varios de los presidentes autonómicos no acaban de creerse; son muchos los que consideran que detrás de esta decisión de dejar sin 4.230 millones a las autonomías se oculta una estrategia del Gobierno para trasladar parte de la presión a Ferraz y encontrarse con unas condiciones favorables a la hora de negociar ese nuevo modelo de negociación autonómica en el que como reconoce Moncloa, jugarán un papel esencial. Otras voces apuntan a que la presión podría estar encaminada a acelerar la firma de los Presupuestos, pero dado que las dos llaves de esta puerta están bajo custodia de Ciudadanos y el PNV, y teniendo en cuenta que la primera formación no gobierna en ninguna comunidad y que a los vascos no les afectan estas retenciones, parece muy rebuscado.
Quejas en las comunidades.
Lo que sí ha conseguido el Gobierno central ha sido enfadar a la gran mayoría de los dirigentes autonómicos, en especial a los de signo socialista, que no conciben cómo Hacienda ha esperado a la entrada del 2018 para notificarles que las entregas a cuenta serán inferiores a las estimadas hace solo cinco meses. La comunidad más afectada por este bloqueo es la Andalucía de Susana Díaz, que padece la paralización de unos 800 millones de euros. El PP andaluz reclamó ayer a la presidenta de la Junta que exija a Pedro Sánchez «que se siente a negociar» con Rajoy los Presupuestos, un apoyo que a estas alturas está totalmente descartado. Susana Díaz ha advertido de que otra prórroga del actual sistema de financiación «podría poner en peligro la recuperación económica del país, por cuanto afectaría, como ya lo está haciendo, a la inestabilidad política de todo nuestro sistema de autogobierno».
La respuesta de Díaz hay que interpretarla dentro de su tensa relación con Pedro Sánchez, y no será ella la que le eche un capote al secretario general socialista. Desde la Junta han acusado al Gobierno de «chantaje», pero también han enviado un recado a Ferraz recordando la necesidad de reformular el sistema de financiación cuanto antes ante el riesgo de acabar «con la recuperación económica».
Otro socialista, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, acusó al Ejecutivo de «estar jugando con fuego» ante el recorte de 353 millones al que se enfrenta. En los últimos meses del 2017 el modelo de financiación autonómico levantó dolores de cabeza a Rajoy hasta con algunos de sus barones territoriales. Uno de los más críticos con la necesidad de cambiar cuanto antes este sistema fue Alberto Núñez Feijoo. Galicia verá reducida sus fondos en 320 millones, pero de momento el presidente de la Xunta ha guardado silencio. Otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Castilla y León, Murcia o Madrid, confían en que se trate de una medida puntual que se pueda solucionar a la mayor brevedad posible.