El Ejecutivo central estudia ya denunciar al Parlamento catalán por la querella contra Llarena

Ni siquiera ha esperado a que el Parlamento catalán formalice su querella por prevaricación contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por denegar a Jordi Sànchez la salida de prisión que le habría permitido ser investido presidente de la Generalitat. El Gobierno asegura que recopila ya toda la documentación necesaria para intentar responder, si es preciso, por la vía de lo penal a través de la Abogacía General del Estado.

El viernes tanto Mariano Rajoy como el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, advirtieron que la iniciativa -impulsada por el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, y avalada por la mayoría independentista en la Mesa con la oposición de las fuerzas autonomistas, salvo En Comú Podem- podía ser constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos. Algo de lo que también alertaron los propios letrados de la institución. «Que luego no digan que no sabían las consecuencias», llegó a espetar el también titular de Educación desde la mesa del Consejo de Ministros.

Esta vez, la respuesta jurídica del Ejecutivo no sería el habitual recurso al Tribunal Constitucional, porque lo que se pretendería perseguir, en caso de que Torrent no dé marcha atrás, es un delito efectivo tipificado en el Código Penal. El Gobierno aduce que las querellas obligan a la asistencia letrada y al pago de un procurador que, en este caso, se pretende sufragar injustificadamente con dinero público.

Los letrados del Parlamento catalán ya defendieron el viernes que lo apropiado sería que una acción semejante la interpusieran el propio Jordi Sànchez, como afectado o, en su defecto, los grupos parlamentarios que se consideren perjudicados. Torrent, sin embargo, decidió seguir adelante y reclamó a los servicios jurídicos del órgano legislativo autonómico que sean ellos quienes se ocupen de la querella contra el juez Llarena, aún pendiente de redacción y presentación.

---

---

---