Los sindicatos policiales expresan su malestar por el papel del ministro frente a los disturbios callejeros en Cataluña
22 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La errática gestión del ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, durante toda la ola de violencia desatada en Cataluña tras la sentencia del procés ha provocado el malestar en amplios sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no comparten el alcance del dispositivo desplegado ni la limitación de medios para enfrentarse a unos actos vandálicos en los que más de 200 agentes han resultado heridos. La gestión de Marlaska ha estado marcada por el exceso de confianza y la falta de previsión. En las fechas previas al fallo del Tribunal Supremo, desde Interior se trasladaba la idea de que no sería necesario un refuerzo delos efectivos policiales. «En principio no lo contemplamos», aseguró a mediados de septiembre la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. «Sin generar ninguna alarma, evidentemente ante circunstancias concretas se actúa con los medios personales y materiales precisos», añadió sin embargo Marlaska tras el operativo de la Guardia Civil contra miembros de los CDR acusados de terrorismo y a los que se les incautaron explosivos.
La difusión de una fotografía del ministro de Interior en un famoso local de copas el pasado miércoles mientras en Barcelona se producían gravísimos actos de violencia y ataques a las fuerzas de seguridad, y mientras el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comparecía solemnemente en la Moncloa, no mejoró su imagen, por más que explicara luego que solo estaba comiendo una hamburguesa y que regresó una hora después al ministerio.
Tras la polémica y las fuertes críticas, el ministro multiplicó sus comparecencias públicas para dar cuenta del balance diario de los altercados en Cataluña. Pero también en estas comparecencias su principal empeño fue matizar la gravedad de la situación y poner constantemente el acento en que se trataba de «un problema de estricto orden público», para alejar cualquier interpretación que pueda exigir la aplicación de medidas excepcionales como el artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional. El ministro cometió además otro grave error en su comparecencia del pasado viernes. «Vamos a aplicar al independentismo violento el Código Penal con toda contundencia. Y a todo el independentismo que actúa fuera de la ley, también», dijo desde la Moncloa, obviando el hecho de que no es al Ejecutivo al que le corresponde aplicar el Código Penal, sino a los tribunales de Justicia.
Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Unión Federal de Policía (UFP) se han mostrado críticos con la gestión de Marlaska por limitar el uso de todos los medios antidisturbios disponibles para hacer frente a los graves altercados. Ambos denunciaron la «total falta de planificación operativa» y acusaron al ministro de «abandonar a su suerte» a miles de policías obligados a jornadas extenuantes bajo una lluvia de piedras. El principal sindicato de Policía, Jupol, anunció incluso que denunciará a Marlaska por su «nefasta» gestión por motivos electorales. El malestar es también grande en los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, a los que no se les permitió entrar en acción en los momentos más graves, pese a la escasez de efectivos policiales.