El Consejo de Europa apunta al talón de Aquiles de la judicatura: «su supuesta politización»
04 jun 2020 . Actualizado a las 09:01 h.Dos de once. Son las recomendaciones que ha cumplido España en materia de prevención contra la corrupción en sus órganos gubernamentales. Ha tardado seis años en hacerlo y, a pesar de que el Consejo de Europa admite que ha habido mejoras sustanciales, todavía se escandaliza por las persistentes interferencias políticas y la deficiente transparencia en torno a los conflictos de interés de diputados y senadores.
Nombramientos a dedo
Si hay un capítulo en el que España suspende ese es el de la controvertida elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El informe de la cuarta ronda de evaluación del cuerpo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) se cuestiona abiertamente el método de designación: «Se ha perdido la oportunidad de subsanar lo que ha demostrado ser, a ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la judicatura española: susupuesta politización», subrayan. El documento se hace eco de las filtraciones que hubo en noviembre del 2018 en torno a la intervención de partidos políticos en el nombramiento de puestos judiciales clave. Los expertos del GRECO sostienen que el país tiene que mejorar tanto «en apariencia como en la práctica» la independencia de la justicia e insisten en que «las autoridades políticas no deben participar» en el proceso de selección. «Lamentablemente en España el resultado sigue siendo el mismo y se ha confirmado por los recientes acontecimientos en el país», reconoce el organismo, que también pone sobre aviso a las autoridades: los ciudadanos están perdiendo la confianza en las instituciones.
Los señalamientos no acaban ahí. El informe también cuestiona los esfuerzos por fijar un marco claro de criterios a la hora de designar a los altos cargos del poder Judicial. España ha cumplido «parcialmente» con las recomendaciones para rebajar el grado de opacidad y discrecionalidad del proceso. Todavía persiste la larga tradición de nombrar a dedo y controlar a organismos que deberían ser independientes, como la Fiscalía. «La autonomía es fundamental para su independencia y eficacia», insisten en el informe, en el que se critica que sea el Ministerio de Justicia el que decida sobre la asignación de personal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción.
Conflicto de intereses
El Consejo de Europa aplaude la puesta en marcha del código de conducta para controlar la integridad de los parlamentarios españoles, aunque todavía no se ha aprobado para los senadores. No obstante, el GRECO apunta a un grave déficit que pone en tela de juicio la labor legislativa de los diputados: la falta de transparencia en torno a sus vínculos con los lobbies [grupos de interés]. La Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de denunciantes «debe cristalizarse en la práctica», urgen los expertos. Ya han transcurrido cinco años desde que se lanzó la última advertencia para controlar la influencia de estos grupos económicos en las decisiones de la Cámara y «el lobby sigue estando en el centro del trabajo legislativo parlamentario», denuncia el GRECO. En España ya existe un registro con los nombres de estos grupos, pero no hay normas concretas sobre cómo se relacionan con los representantes públicos ni las condiciones para las audiencias.
Otra de las debilidades que identifican sus expertos son las deficientes declaraciones de intereses económicos de diputados y senadores. Aunque aplauden que se hagan públicas antes de acceder a los cargos, la calidad de los detalles no es satistactoria. Según el GRECO, deberían incluir el valor de mercado de sus inmuebles y vehículos, el nombre de las sociedades en las que tienen acciones o participaciones y también los tipos de interés que les aplican las entidades bancarias por los créditos o hipotecas concedidas.
A pesar de estas deficiencias, el Consejo de Europa considera que España ha realizado «algunos avances» y el cumplimiento de recomendaciones «ya no es globalmente insatisfactorio».