La Justicia rastrea posibles delitos fiscales de Juan Carlos I desde el 2015
ESPAÑA
Los fiscales del Tribunal Supremo que investigan al rey emérito buscan indicios sobre la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública a partir del 2015
04 ago 2020 . Actualizado a las 08:43 h.Los fiscales del Tribunal Supremo que investigan al rey emérito buscan indicios sobre la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública a partir del 2015, el último ejercicio que no se considera prescrito. La confirmación de que Juan Carlos I omitió ingresos tributarios por una cantidad superior a los 120.000 euros en alguno de estos cinco años fiscales abriría la puerta a perseguir un segundo delito, el blanqueo de capitales.
La jurisprudencia del alto tribunal considera el delito fiscal como antecedente necesario para el blanqueo. Este ilícito penal se demuestra si en las cuentas de las que fue titular el anterior monarca hubiera salido dinero hacia otras cuentas con las que se hubieran cubierto gastos personales.
La Fiscalía suiza sostiene que los 64,8 millones de euros que Juan Carlos I transfirió en junio del 2012 desde Lucum hasta la sociedad Solare estaba a nombre de Corinna Larsen, y que la empresaria germanodanesa pudo haber usado este dinero bajo sospecha por su presunto origen ilícito -corrupción en los negocios internacionales por las presuntas comisiones del contrato del AVE saudí- para seguir realizando inversiones cuando dispuso del dinero.
La presunta conexión del delito fiscal con el blanqueo de capitales traería una segunda novedad en las diligencias abiertas el pasado 8 de junio por la Fiscalía del Supremo, dada la condición de aforado del ex jefe del Estado después de perder la inviolabilidad tras su abdicación en el 2014. El fraude tributario tiene un plazo de prescripción de cinco años, pero el blanqueo eleva ese período a los diez años. Del tenor literal del Código Penal, si se demuestran ambos ilícitos computaría este último para dirimir la vigencia de la responsabilidad penal, por lo que ya no se trataría de hechos posteriores al 2015, sino al 2010. Hasta la fecha, parte de la documentación remitida por el fiscal suizo Yves Bertossa a las autoridades españolas es del período comprendido entre el 2003 y el 2012, según señalan fuentes jurídicas.
Tres momentos clave
Faltaría por enviar una segunda tanda de información de las pesquisas que Bertossa abrió por blanqueo y fraude fiscal tras el registro hace dos años del despacho en Ginebra de Arturo Fasana, gestor contable del rey emérito. En esta etapa tuvieron lugar diferentes hitos para la investigación, como la creación en octubre del 2003 de la Fundación Zagatka, cuyo primer beneficiario es Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I. Dispone de una cuenta en Credit Suisse y administra unos diez millones de euros. Los dos gestores suizos de Juan Carlos de Borbón, Dante Canonica y el citado Fasana, están vinculados a esta sociedad desde la que se abonaron supuestamente gastos privados al monarca.
Además, en junio del 2008 se registró la Fundación Lucum en Panamá, en cuya cuenta del banco suizo Mirabaud se ingresaron los cien millones de dólares que el rey saudí Abdalá, ya fallecido, «regaló» a su «hermano» español. En el 2009, el ex jefe del Estado autorizó «préstamos» por 2,2 millones de euros a Corinna Larsen para que adquiriera un dúplex en los Alpes a través de dos sociedades, Calden y Siam, y en junio del 2012 -dos meses después del incidente del safari de Botsuana que quebró la confidencialidad bancaria de su cliente vip- transfirió todos los activos de Lucum a Larsen y dio la orden de disolver la fundación a sus gestores.
