El Supremo analiza documentos penitenciarios antes de pedir al fiscal su informe sobre los indultos a los condenados por el 1-O
16 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que «no hay ningún malestar en la Guardia Civil» por la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por el 1-O . Y lo ha hecho en una entrevista concedida a La Vanguardia. En ella, el ministro argumenta que la que le afecta al jefe de los Mossos es «una resolución judicial que ha devenido firme porque no ha sido recurrida. Una sentencia se conforma en base a una prueba y el tribunal ha llegado a una conclusión. No hay ningún malestar». Preguntado sobre si el retorno de Trapero al mando de los Mossos puede generar situaciones de incomunicación de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía con los agentes catalanes, Marlaska asegura que «el grado de coordinación y cooperación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas es relevante». «Hemos profundizado de una forma clara y determinante y se mantendrá. Hay un nivel de sintonía absolutamente importante», aclaró.
Peticiones de indulto
Por otra parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está recopilando documentación penitenciaria en relación con las peticiones de indulto a favor de los doce condenados en el juicio del procés, y realizará un análisis preliminar de las peticiones antes de requerir a la Fiscalía un informe sobre este asunto, tras el cual deberá elaborar su dictamen.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, que descartan que este asunto vaya a tramitarse de forma rápida, pues son muchas las peticiones que analizar. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia, hay al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.
De estas siete solicitudes, no todas se refieren a los doce condenados. Hay constancia de la presentada para Forcadell por sus predecesores Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert; la que instó UGT a favor de Bassa; y la impulsada por el penalista catalán Francesc de Jufresa a favor de todos los penados.
El anuncio por parte del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de la inminente tramitación de estos expedientes a finales de septiembre generó cierto revuelo político y volvió a traer al debate público este asunto, que será resuelto dentro de unos seis meses.
Desde su departamento apuntaron que esta tramitación se iniciaba «una vez superado el atasco provocado por la pandemia», puesto que la primera petición llegó al ministerio en enero y se refería a todos los condenados, pero en los meses siguientes llegaron varias más.