La piedra en el camino -el exministro Ábalos dixit- cuesta 5,4 millones. Es el dinero de todos los catalanes -y españoles- que una treintena de presidentes, consejeros y altos cargos de la Generalitat malversaron, a ojos del Tribunal de Cuentas, para alimentar la ficción independentista. Esa cantidad es la que se ha podido acreditar, aunque sea solo la punta del iceberg. A la mente se vienen de inmediato las embajadas como la que ocupaba la hermana de Pep Guardiola o los institutos empeñados en demostrar la catalanidad de personajes como Colón, Cervantes o el mismísimo Beethoven.
El problema es que todas esas ocurrencias, que al principio hacían gracia, es justo reconocerlo, es que han detraído recursos imprescindibles en otras áreas como la sanidad, la educación o la atención a las pequeñas y medianas empresas.
La ficción saltó por los aires con los juicios que acabaron con la cúpula independentista en la cárcel. Los indultos que más de la mitad de los españoles rechazan aliviaron la pena de los Junqueras, Rull, Turull y compañía, pero el perdón de Sánchez no tiene competencias sobre el pufo acumulado. Y ahora toca pagar por años de desmanes contables.
Llegados a este punto, es donde se ve la verdadera raíz del tópico que más define a los catalanes: la pela es la pela. Y es que a la hora de pagar, los Artur Mas y compañía han echado mano de todos los recursos para no tener que pagar de su bolsillo lo que el Tribunal de Cuentas les exige. Intentaron primero una cuestación popular al estilo Lola Flores. Más tarde, buscaron entre las empresas más afines a los independentistas quien avalara sus pufos con la Justicia. El penúltimo intento pasaba por presionar a alguna entidad financiera para que, con el respaldo de la Generalitat, asumiera la operación. Ninguna entidad, quiso ser lo generosa que hubieran deseado Sánchez y Aragonés, preocupadas por el coste reputacional.
Así volvió la pelota al consejero de Economía, el ex alto cargo de Caixabank, Jaume Giró, que rápido ha aprendido las tácticas de los secesionistas y donde 24 horas antes dijo que no pediría a los miembros del Instituto Catalán de Finanzas que financiaran el aval para no poner en riesgo su futuro legal, rápido conminó a los voluntarios del chiringuito para intentar sortear la legalidad ante la inacción del Gobierno central.
Pero la maquinaria judicial mantiene sus ritmos implacables. Pese a la buena voluntad manifestada en público, ERC y Junts siguen tensando la cuerda entre Barcelona y Madrid. Sánchez mira hacia los Presupuestos y Aragonés espera sus compensaciones. La partida sigue abierta.