Los presos de ETA debatieron hasta qué punto debían arrepentirse para lograr beneficios penitenciarios
ESPAÑA
«Las víctimas de ETA somos una canica que va hacia el hoyo del olvido». Jaime Mateu, diputado del PP que perdió a su padre y a su hermano a manos de los terroristas, critica la interlocución del Gobierno con el entorno de los presos y arremete contra el «maltrato» de Grande-Marlaska
11 feb 2022 . Actualizado a las 19:44 h.El Ministerio del Interior aceleró a finales del 2019 su política de acercamientos y beneficios a presos de ETA precisamente en el mismo momento en el que el colectivo de reclusos (EPPK) acordó que en las «cartas de reinserción» no se incluyera una petición de «perdón» a las víctimas, tal y como en un principio exigió Instituciones Penitenciarias. En el modelo de misiva que al final se impuso y que usaron, al menos en los primeros compases, la inmensa mayoría de los reclusos que han visto mejorar su situación carcelaria en los últimos años también se suprimió cualquier referencia expresa a una colaboración con la Justicia para esclarecer crímenes sin resolver.
La investigación de los servicios de información de la Guardia Civil sobre la organización de ongi etorri (bienvenidas a los excarcelados) que ha destapado los contactos directos del entorno de los presos con la dirección de Instituciones Penitenciarias para tratar los traslados, también ha sacado a la luz el intenso debate del colectivo de reclusos para definir hasta dónde debía llegar su «arrepentimiento» para que este fuera suficiente para abrirles las puertas a los acercamientos, salidas y otros beneficios penitenciarios.
Los documentos incautados por el instituto armado a Oihana San Vicente Sáez de Ceráin (una de las responsables del colectivo de apoyo a los reclusos, detenida en enero del 2020 en el marco de la investigación sobre los ongi etorri) revelan que el EPPK fue puliendo paulatinamente las cartas tipo de «reinserción o permisos penitenciarios». Según revelan los papeles descubiertos, hubo tres borradores de cartas y el debate se extendió desde febrero del 2018, cuando todavía estaba el Gobierno del PP en el poder y los traslados de presos eran muy escasos, hasta noviembre de 2019, cuando los acercamientos del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez comenzaron a hacerse cada vez más habituales.
En el primer modelo que se barajó en los últimos meses de Mariano Rajoy en la Moncloa, el colectivo de reclusos sí que admitía básicamente todos los requerimientos de las víctimas. En esa carta —que fue paulatinamente abandonada a lo largo del 2018— el preso garantizaba expresamente haber roto con el EPPK («actualmente no tengo ningún vínculo con nadie de ese entorno); pedía «perdón a las víctimas causadas por mi actividad delictiva»; aseguraba «lamentar sinceramente» el dolor provocado; y prometía «facilitar información a las autoridades para esclarecer algún delito si fuera necesario y siempre y cuando yo tuviese información relativa al mismo». Básicamente, se contemplaba incluso la delación de compañeros. Además, el recluso se comprometía abonar «la responsabilidad derivada de mis delitos».
Texto suavizado
En el segundo formato, que no está fechado pero fuentes de la lucha antiterrorista sitúan a finales del 2018 o principios del 2019, el colectivo de presos ya comenzó a suavizar algo su «arrepentimiento». El preso ya no rompía radicalmente con el EPPK, sino que anunciaba que había «dado de baja» a «cualquier abogado del Colectivo de Presos para que progresivamente no tengamos ningún vínculo con nadie de ese entorno». En ese segundo formato, sí seguía apareciendo el «perdón» a las víctimas y la promesa de colaboración, pero había matices en el pago de la responsabilidad civil, pues el «compromiso» era abonarla «con cuotas asumibles para mi situación económica».
En el tercer modelo —que es el que finalmente se impuso y el que mayoritariamente usaron los presos para, al menos, iniciar el proceso de acercamiento o beneficios—, los cambios fueron mucho más notorios. Ni una mención al perdón, ni a la colaboración con la Justicia, ni a pagar la responsabilidad civil. La gran parte de los centenares de presos trasladados lo consiguieron con una carta en la que decían «renunciar al método utilizado en el pasado» y en la que se comprometían a ser «agentes activos y eficaces en la solución del conflicto».
En la misiva que finalmente prosperó, aunque el preso no pedía perdón sí que se reconocía «el daño causado» y decía ser «consciente de que durante mi militancia he podido causar dolor». Pero en ningún momento el terrorista reconocía sus delitos e insistía en que todo lo ocurrido era «consecuencia del conflicto».
«Las víctimas de ETA somos una canica que va hacia el hoyo del olvido»
M. E. Alonso
Jaime Mateu Istúriz (Madrid, 1957) encarna el drama de las víctimas del terrorismo de una manera particularmente lacerante. Por partida doble. Primero, en 1978, cuando ETA asesinó a su padre. Era magistrado del Tribunal Supremo. Acaba de salir de su domicilio para ir al despacho cuando los terroristas lo abordaron en la calle. «Siempre pensó que le podían matar, pero nunca nos trasladó ni miedo, ni temor, ni inquietud», asegura su hijo, hoy diputado del PP. Por ese crimen fue condenado uno de los etarras más sanguinarios de la organización, Henri Parot. En 1986, su hermano Ignacio, perteneciente al comando antiterrorista de la Guardia Civil, era asesinado también por la organización terrorista. Los servicios de información señalaron a José Antonio López Ruiz, Kubati, el etarra que disparó contra Yoyes, como uno de los autores. Treinta y dos años tardó la familia en conseguir sentarlo en el banquillo por su asesinato, pero fue absuelto. Aun así, los Mateu Istúriz no tiran la toalla. «No nos hemos quedado quietos y hemos recurrido en casación la sentencia el Supremo», relata el parlamentario popular.
Kubati salió de la cárcel en noviembre del 2003, tras cumplir 26 años privado de libertad. Acumulaba condenas por un total de 1.210 años de prisión por el asesinato de trece personas y otros 16 asesinatos frustrados. A sus 68 años, se ha convertido en portavoz y uno de los rostros del colectivo de presos de ETA, encargado de la acogida de los etarras que salen de prisión y de su reinserción. Su nombre ha aparecido esta semana en un informe de la Guardia Civil que desvela los contactos que mantuvieron el entorno de los reclusos etarras y el Ministerio del Interior entre el 2018 y el 2019. «No me sorprenden esos contactos», zanja el diputado del PP en conversación con este periódico.
Mateu se muestra muy crítico con la actitud que los socialistas están desplegando hacia las víctimas del terrorismo desde su llegada al Gobierno al convertir a EH Bildu en uno de sus socios -dieron cauce a la investidura de Pedro Sánchez y han avalado los Presupuestos Generales del Estado, entre otros proyectos-. Esas mismas víctimas, recuerda, que han sido «piedra angular» de la Transición y del sistema democrático actual y que hoy, a su juicio, están siendo «pisoteadas» y «maltratadas» por quienes dirigen el país. «Somos una canica que va hacia el hoyo del olvido», lamenta.
La formación que lidera Arnaldo Otegi forma parte de la larguísima sucesión de siglas con la que ha ido denominándose lo que fue Herri Batasuna, considerada judicialmente como el brazo política de ETA. Y sigue controlada por dirigentes y candidatos condenados en su día por su complicidad con la organización terrorista. «Con estas hienas de la naturaleza», insiste Mateu, no se puede pactar «absolutamente nada». «Es blanquear su historia para que haya una equivalencia entre asesinos y asesinados», asevera.
Iniciativas en el Congreso
Los conservadores someterán al escrutinio del Congreso la próxima semana su proposición de ley de reforma del Estatuto de la Víctima del Delito, que contempla, entre otros aspectos, medidas para poner freno a los homenajes a terroristas y dar voz a las víctimas, mediante la presentación de recursos y alegaciones, en los procedimientos de concesión de tercer grado, acercamiento a cárceles vascas o cualquier tipo de beneficios penitenciarios para los condenados etarras.
Los populares han registrado también una petición para que la Cámara baja investigue los contactos del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, con el entorno de los presos de ETA. Y exigen, al tiempo, el cese inmediato del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien depende directamente Ortiz. «Ha perdido toda la dignidad y tenía mucha en su etapa de juez», afirma Mateu, quien lamenta que sean dos compañeros de carrera de su padre quienes estén «maltratando» a las víctimas.
Amenazas con seis años
«Desde que tengo uso de razón he vivido las amenazas», se duele este diputado del PP. Recuerda cuando, con seis años, levantó el teléfono de su casa y escuchó al otro lado cómo confirmaban la sentencia de muerte de su padre. «Éramos conscientes de que estaba en peligro». Lo que quizá nunca imaginó es que su muerte no sería la única que llorarían en casa. «Lo de Nacho fue la puntilla. Estábamos empezando a remontar», admite. Fueron apenas tres años los que Ignacio Mateu pasó en el cuartel de Intxaurrondo, uno de los más peligrosos de España en aquellos años. A la amenaza y ataques constantes de ETA y su entorno se sumaban las carencias con las que debían trabajar los agentes. «Nos contaba hasta donde nos podía contar y algunas cosas te ponían los pelos de punta», señala su hermano.
Constata con dolor cómo tras el asesinato de Nacho su madre jamás se recuperó. «Pese a todo, siempre decía que no llorásemos en público y que no fuésemos con la cabeza baja. Al contrario, siempre con la cabeza alta, y con la lengua contenida pero con contundencia para decir lo que debíamos decir». Mateu se declara «inasequible al desaliento», por lo que seguirá peleando desde su escaño por la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas.