Medina y Luceño defenderán hoy su comisión de 5,6 millones en que Madrid avaló el contrato

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Luis Medina, en una imagen de archivo.
Luis Medina, en una imagen de archivo.

Los intermediarios de material sanitario comparecen este lunes ante el juez con la intención de aclarar que no hubo engaño

25 abr 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

El presunto engaño que propició la estafa y la falsedad documental que estaría detrás del blanqueo serán los elementos sobre los que pivotan este lunes las declaraciones de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño ante el juez. Los querellados por la Fiscalía Anticorrupción por el cobro de unos 5,6 millones de euros por su mediación en la presunta venta irregular de mascarillas, guantes y pruebas diagnósticas al Ayuntamiento de Madrid en abril del 2020, poco después de irrumpir la pandemia, tendrán por vez primera la ocasión de explicar su versión al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero.

El magistrado investiga la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, y en el caso de Medina además el de alzamiento de bienes. Unos hechos que el juez percibe «graves» al tener lugar «en el momento más álgido de la crisis sanitaria», cuando había «miles de fallecimientos diarios». La acusación del fiscal Luis Rodríguez Sol se centra en que ambos comisionistas, con ánimo de obtener «un exagerado e injustificado beneficio económico» -percibieron comisiones de entre el 60 y el 80% del valor de los productos-, ofrecieron al consistorio la posibilidad de adquirir «grandes remesas de material sanitario fabricado en China».

El hijo de Naty Abascal y del fallecido duque de Feria obtuvo como intermediario una comisión de un millón de euros, que destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros. El sumario dio a conocer, además, que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando uno de sus depósitos prácticamente vacío y otro en números rojos.

En la querella, el fiscal solicitó el embargo del velero y de las cuentas bancarias. Y al comprobar que tenía menos de 250 euros, el juez procedió a fijar a instancias de Anticorrupción una fianza de 981.000 euros, en cuyo caso de impago se procederá a embargar esa cuantía de los derechos hereditarios en relación a la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli. Un asunto en todo caso que se dirime también en los tribunales.

El contacto con el alcalde

El papel de Medina en la operación de compra-venta fue el de facilitador, según él mismo manifestó durante su declaración ante el fiscal. Fue la persona que contactó con el consistorio, aprovechando su condición de personaje público y «su amistad con un familiar del alcalde de Madrid», según la querella. Para ello se le facilitó el nombre de Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid (está citada a declarar el próximo 9 de mayo como testigo).

En su declaración ante el fiscal, Luis Medina afirmó que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le «llamó o escribió para darle las gracias» por la donación de 283.000 mascarillas en los peores momentos de la pandemia, afirmando que «no tiene ninguna relación» con él. Ya en el marco de la instrucción, el investigado se quejó en un escrito presentado por su abogado Carlos Texidor de que el juez aceptara la presencia del Ayuntamiento de Madrid en la causa en calidad de perjudicado, al igual que la empresa de la funeraria municipal, al estar de acuerdo en sendos casos con los contratos investigados.

En cambio, a Alberto Luceño se le investiga por ser la persona que se encargó de las negociaciones con la funcionaria Collado, ante quien se presentó como un «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación».

«En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista», según la Fiscalía, que contextualiza en este engaño el delito de estafa.

Gastos familiares e impuestos

Según las investigaciones, Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 4,6 millones de euros mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal. Con este dinero, el empresario costeó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros; tres relojes Rolex; doce vehículos de lujo para su venta o alquiler y una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Respecto al investigado, el juez ya ha procedido al bloqueo de tres cuentas bancarias y tarjetas por valor de casi 130.000 euros, así como al embargo de la vivienda de lujo que adquirió.

El comisionista reconoció ante el fiscal que adquiere coches de lujo como una forma de «inversión» para venderlos posteriormente. El pasado viernes, en una suerte de escrito de exculpación, Luceño justificó que si el juez no ha podido embargar el dinero que pedía no es porque lo haya ocultado, sino porque nunca hubo tal cuantía. El motivo, explicó, es el pago de impuestos por la adquisición de bienes de lujo, unos 700.000 euros, y porque sus fondos han ido menguando habida cuenta de los «gastos del día a día familiar y empresarial» de los últimos dos años.

Según expone su abogado, «la suma de los gastos empresariales y familiares durante todo este período de tiempo, más las sumas embargadas, impuestos abonados, etc.., hace que, en efecto, quede claro que no ha habido salidas del patrimonio ilícitas». Todos estos extremos deberá aclararlos este lunes ante el juez.