La diputada de Junts acusa a Esquerra de «cómplice» de la «represión»
29 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlamento de Cataluña ha abierto ya una nueva brecha entre los dos socios del tripartito catalán. Esquerra ha sumado sus votos a los del PSC y la CUP en la Mesa de la Cámara para apartar a la dirigente independentista del cargo después de que este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le abriera juicio oral por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. Ahora será la republicana Alba Vergès, vicepresidenta primera, quien presidirá en funciones el órgano rector de la institución.
La decisión de la Mesa, tomada con arreglo al artículo 25.4 del reglamento, no implica la pérdida de condición de diputada y, si fuera absuelta, Borràs podría retomar sus funciones actuales. Lo que no podrá hacer de momento es participar de ninguna reunión; razón suficiente para que, en una comparecencia nada más confirmada la suspensión haya acusado a los republicanos, aun sin citarlos de manera expresa, de ejercer como «cómplices» de la «represión» del Estado.
De momento, Borràs se queda sin sueldo, sin derecho a voto y sin opciones de representación.
Con el respaldo público de todo su partido, pese a algunas reticencias internas, la también presidenta de JxCat había dejado ya claro que haría casus belli de este asunto que siempre ha tratado de convertir en un ataque más contra la causa independentista. A los cinco diputados que han votado a favor de la suspensión los ha tachado de «jueces hipócritas». «Aplican el reglamento del enemigo», ha llegado a afirmar.
Antes de la decisión, Borrás había abandonado la reunión que presidía en la Cámara catalana al no poder participar en la votación. Pero la víspera ya había dado una pista de cuál sería su reacción. «Los que me quieran muerta tendrán que matarme y ensuciarse». Con esta frase lapidaria, Borràs ya avanzó el miércoles que se resistiría con todas sus fuerzas a dimitir de su cargo, pese a que ya se le habían agotado todas las salidas posibles.
La razón de la suspensión de la hasta ahora presidenta del Parlament está en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la sentará en el banquillo por delitos de prevaricación y falsedad documental. Supuestamente, la dirigente de Junts, fraccionó contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para adjudicárselos a un conocido, Isaías Herrero. Un hecho castigado por el reglamento de la Cámara catalana, que recoge en su artículo 25.4 la obligación de suspender a los diputados que se enfrenten a juicio oral por presunta corrupción.
Salida del Gobierno
Antes de que Laura Borràs fuese suspendida de sus funciones, el expresidente Quim Torra aseguró que esa medida deja al independentismo «muy tocado» y, en su opinión, JxCat debería «reflexionar» sobre su posible salida del Gobierno catalán. Por su parte, el presidente Aragonès negó que lo sucedido en la Cámara afecte de algún modo al futuro del Ejecutivo que conforman ERC y JxCat.
Los republicanos ofrecieron a los posconvergentes que elijan en quién recaerán las responsabilidades de la presidencia parlamentaria a la vuelta de las vacaciones, pues al ser suspendida Borràs, en principio las funciones las asume la vicepresidencia, en este caso en manos de ERC. El pacto entre ambos era que le correspondieran a Junts.
El TSJC lleva al Constitucional la ley del catalán que aplaudió el Gobierno central en la mesa de diálogo
La nueva norma excluye al castellano como vehicular en la enseñanza
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha elevado al Constitucional la nueva ley catalana sobre el uso de las lenguas en las escuelas, porque excluye el castellano como vehicular, tras reprochar al Ejecutivo autonómico y al Parlamento catalán su propósito de «bloquear» la aplicación de la sentencia del 25 % que obliga a impartir al menos ese porcentaje de las clases en castellano, recoge Efe.
De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat, el alto tribunal ha resuelto plantear una cuestión de inconstitucionalidad por el decreto ley de mayo y la ley de usos lingüísticos aprobada después por el Parlamento catalán, que evitan fijar porcentajes para la enseñanza del castellano en las escuelas.
El TSJC considera que el nuevo modelo lingüístico, impulsado por la Generalitat tras la sentencia del TSJC que impone un 25 % de castellano en las aulas, vulnera el Estatuto de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación.
El alto tribunal catalán ya había advertido que veía «imposible» aplicar la sentencia del 25 % con el nuevo marco legal. En concreto, decía, se da «una situación que impide de forma sobrevenida la ejecución de la sentencia» del 25 % de castellano. Por eso, pidió a las partes y a la Fiscalía que se posicionasen sobre la propuesta de plantear una cuestión de inconstitucionalidad al TC.
La medida del alto tribunal catalán llega 24 horas después de que el Gobierno central hubiera plasmado por escrito en la mesa de diálogo con la Generalitat su apoyo a la ley que suprime el 25 % del uso del castellano en las aulas. De esta forma, el Gobierno central reconoce la autonomía de cada centro escolar para reforzar el catalán o el castellano en función de su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80 % del Parlamento autonómico, según destacó el ministro Félix Bolaños.
El titular de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática elogió dicha ley al señalar que es un «muy buen ejemplo» de los acuerdos amplios y transversales que defiende el Gobierno. Asimismo, sostuvo el miércoles que es una norma «perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario», pese a que el TSJC señaló a principios de mes que ve «vicios de inconstitucionalidad» en la ley y anunció que presentaría una cuestión de inconstitucionalidad.