Vicente Guilarte: «La reforma del delito de sedición no gusta, objetivamente, a parte de la judicatura»

Prudente y siempre sonriente, con un espíritu didáctico propio de su condición de docente —«soy catedrático [de Derecho Civil], repetirá varias veces en la entrevista para excusar sus opiniones sobre los procesos judiciales—, Vicente Guilarte (Valladolid, 1953) expuso en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia su punto de vista sobre cómo debería ser el futuro del Poder Judicial y sus nombramientos en una concurrida charla.

—¿Qué opina de la reforma exprés del delito de sedición por parte del Gobierno?

—Hablo como catedrático, que es lo que soy. Es evidente que hay una cierta injerencia política y un intento de controlar el efecto de las sentencias. ¿Desde cuándo? Diría que el punto de inflexión fue la sentencia de los GAL, donde se empezó a hacer utilización pública de las resoluciones judiciales.

—Y usted, ¿qué opina?

—Respeto mucho a la Sala Segunda del Supremo y sus resoluciones, aunque siempre creo que es posible buscar soluciones políticas. Pero los jueces dictaron la única sentencia que podían tomar con las leyes que tenían en vigor.

—Lo que pasa es que aquí parece que se trata de recurrir al VAR de la justicia, de rearbitrar la sentencia de los presos que lideraron el 1-O.

—Creo que es evidente. Políticamente, la situación anterior no interesa por las circunstancias que se dan en la actualidad. La reforma del delito de sedición no gusta, objetivamente, a parte de la judicatura.

—Y supone una enmienda a la sentencia del Supremo, claro.

—Repito que la Sala Segunda se atuvo escrupulosamente al principio de legalidad y dictó la sentencia conforme al Código Penal en vigor.

—Explíquenos a los que menos conocimientos tenemos, ¿cuándo se va resolver la renovación del Poder Judicial?

—No depende de mí, evidentemente. Puedo decir que hay mucha intoxicación y oportunismo político, porque todos intentan sacar el máximo rédito.

—Y, de paso, se daña la credibilidad de la institución.

—Si usted teclea en Google o en cualquier buscador Asamblea de la Magistratura de Francia, saldrán unas pocas páginas. Apenas los miembros y poco más. Si hace lo mismo con el CGPJ salen cientos de miles de referencias [42 millones en 0,74 segundos a la hora de redactar esta entrevista]. Y eso, claro, daña la credibilidad de la institución.

—Y lo pagan los ciudadanos.

—Quien más lo sufre es el Tribunal Supremo, que tiene una serie de vacantes que no se pueden cubrir por una decisión política que sería fácil revertir y que permitiría proveer esas plazas y garantizar su normal funcionamiento.

—¿Bastaría eso para desencallar la polémica?

—No, pero garantizaría el funcionamiento del Poder Judicial con normalidad. Una vez que se ha visto que esto va para largo, el Gobierno debería modificar su propia ley y permitir que se cubrieran las plazas libres por jubilación o cambio de funciones. Sobre todo una vez que se ha comprobado que la medida de restringir esa facultad no ha servido para desbloquear la institución. Claro que se debería devolver al CGPJ la capacidad de hacer nombramientos.

—¿Y cómo se resolvería el conflicto a su juicio?

—La última vez que se pactó la renovación de la institución se hizo en media hora y sin luz ni taquígrafos. En cuestiones como esta hace falta discreción. Pero antes hablábamos del interés en tener rédito político...

—¿Es irresoluble entonces?

—Parece.

—¿Y usted qué propone?

—Un doble sistema de nombramientos en el que los magistrados del Supremo se elijan por mérito y capacidad con reglas claras y transparentes. Y que el resto de cargos los elijan los propios jueces. Así se perdería el interés en captar a miembros del Consejo General del Poder Judicial por parte de los partidos políticos y de las asociaciones profesionales. Pero parece que eso no le interesa a nadie. Se acabaría el problema.

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