La investigación sobre el espionaje a Sánchez, Marlaska y Robles se encamina a una vía muerta
ESPAÑA
La falta de colaboración de Israel sobre Pegasus, los escasos avances del CNI y la nula información aportada por los testigos acercan el caso al archivo
06 ene 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Ocho meses después, las incógnitas siguen exactamente en el mismo sitio. La investigación del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional sobre el espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles no ha avanzado nada desde que el pasado 3 de mayo, tras la denuncia de la Abogacía del Estado, el juez José Luis Calama abriera el caso apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
La situación de la investigación -explican fuentes muy cercanas a la misma- no ha variado tras las escasas diligencias posibles, la absoluta falta de colaboración de las autoridades israelíes en la causa y la poquísima información que el Centro Criptográfico Nacional (el CCN, corazón tecnológico de los servicios secretos) ha aportado hasta el momento.
Los cinco interrogatorios de testigos realizados hasta la fecha, admiten estas fuentes, no han servido de nada. La exdirectora del CNI Paz Esteban descartó que los propios servicios secretos nacionales estuvieran detrás del espionaje al presidente y a los ministros y no aventuró ninguna hipótesis. El funcionario 7613 del CCN (que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía del Estado) se limitó a corroborar las fechas de los ataques y las envergaduras de los robos de datos: que el dispositivo de Sánchez fue infectado por Pegasus en dos ocasiones -el 19 de mayo del 2021 y el 31 de mayo del 2021- con un robo de información de 2,6 gigas y 130 megas; que el de Robles resultó hackeado en junio de ese mismo año y que de él salieron solo nueve megas de datos; que el terminal de Grande-Marlaska fue infectado con el malware en dos ataques, el 7 y el 26 de junio del 2021, sustrayéndole 6,3 gigas; y que por la misma época, el teléfono del ministro Luis Planas fue atacado también con Pegasus, pero sin que lograra extraer información. Y a partir de ahí, nada más.
Las explicaciones y evasivas de Félix Bolaños, interrogado por escrito en su condición de responsable de una parte de la seguridad de la Moncloa en el momento en el que el virus entró en el móvil de Sánchez en el 2021, no arrojaron tampoco nada de luz. Y los interrogatorios, en octubre y también por escrito, de los titulares de Interior y Defensa tampoco sirvieron de nada porque ambos alegaron no haber sido conscientes del robo de la información hasta que fueron advertidos por parte del CCN la pasada primavera tras el análisis de sus terminales; y que no sabían qué información exacta pudo salir de sus móviles. El único interrogatorio pendiente sería el del propio Sánchez, pero habida cuenta de los antecedentes Calama sigue meditando si merece la pena citar al presidente del Gobierno.
La segunda vertiente de la investigación también ha entrado en vía muerta. El CCN ya ha certificado a Calama que, más allá de la cantidad de datos y la fecha de los ataques, no dispone de los instrumentos precisos para saber cuáles fueron los datos exactos sustraídos y, mucho menos, quién ordenó el robo de información.
Mutismo en Tel Aviv
La tercera puerta todavía no se ha cerrado oficialmente, pero todo apunta a que este camino tampoco va a ofrecer resultado alguno. Las autoridades israelíes, a día de hoy, ni tan siquiera se han dignado a responder a los tres requerimientos de información efectuados en sendas comisiones rogatorias por Calama. Silencio cuando el 10 de mayo el magistrado pidió por primera vez ayuda al Gobierno del Tel Aviv para aclarar «aspectos esenciales» sobre Pegasus y la empresa que lo fabrica y distribuye, NSO Group. Ninguna respuesta cuando el 7 de junio el magistrado requirió autorización a Israel para «el desplazamiento de la comisión judicial» para interrogar a los responsables del malware. Y, de nuevo, el vacío más absoluto cuando el 7 de septiembre Calama libró una nueva comisión rogatoria preguntando por la falta de respuesta de las anteriores.
En el tribunal de la calle Génova dan por hecho que Israel jamás va a colaborar en una investigación de este calado sobre una de sus empresas vinculada a la industria de la seguridad y el espionaje. De hecho, recuerdan responsables judiciales, no lo ha hecho con ninguna de las reclamaciones de información que se han sucedido en los últimos años en varios países a cuenta del espionaje con Pegasus.
El Gobierno español, además, no está dispuesto a ejercer la única forma de presión, aunque fuera mínima, hacia el nuevo Ejecutivo de Benjamín Netanyahu para reclamar colaboración judicial: una queja oficial por ante las autoridades del Tel Aviv, ya que es el Ministerio de Defensa de Israel el que debe autorizar cada exportación de NSO Group.
Así las cosas, las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado 0000068 /2022, reconocen en la Audiencia Nacional, están cada vez más abocadas al archivo provisional sin haber arrojado un solo dato que avale la original sospecha del CNI de que detrás de los pinchazos de los móviles de Sánchez, Grande-Marlaska y Robles estuvieron los servicios secretos marroquíes.
Hasta ahora, recuerdan fuentes de la investigación, esa hipótesis solo se basa en meros indicios: que los ataques se produjeron coincidiendo con la entrada irregular en mayo del 2021 en Ceuta de cerca de 10.000 personas azuzadas por las autoridades vecinas en plena crisis bilateral por la acogida en España del líder del Polisario, Brahim Ghali; o que NSO solo vende su famoso malware a Gobiernos.
Otras siete causas avanzan por idéntico camino
Si mal diagnóstico tienen las diligencias de la Audiencia Nacional, peor perspectiva aún presentan las denuncias por el espionaje a unos 60 independentistas catalanes y vascos. En la actualidad hay, al menos, siete investigaciones abiertas o archivadas de manera provisional en los juzgados de instrucción 13, 20, 21, 22, 23, 24 y 32 de Barcelona, que responden a denuncias del Gobierno catalán, el Parlamento autonómico, ERC, Junts, la CUP, la ANC y Òmnium.
En ninguno de estos juzgados -admiten fuentes judiciales y de los propios denunciantes- se han realizado diligencias que hayan sido útiles para saber quién está detrás de la mayoría de esos pinchazos, ya que el CNI solo ha reconocido que espió con autorización judicial a 18 independentistas, entre ellos al actual presidente Pere Aragonès.
Además, todas estas investigaciones son inconexas porque el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, que fue el primero que abrió una investigación por otro presunto espionaje con Pegasus al expresidente del Parlamento Roger Torrent y al concejal de ERC en Barcelona Ernest Maragall, rechazó reclamar para sí el resto de las causas. El pasado mayo y tras un año y medio esperando una respuesta a su solicitud de información a Israel, este juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa.