La Abogacía del Estado pide rebajar a siete años la inhabilitación a Oriol Junqueras
ESPAÑA
Considera que debe beneficiarse de la reducción de pena que conlleva la nueva malversación cuando no hay ánimo de lucro, un criterio que no comparte la Fiscalía
26 ene 2023 . Actualizado a las 22:43 h.La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo una rebaja considerable de las penas de inhabilitación a los líderes independentistas condenados por el procés en aplicación de la reforma del Código Penal, con un máximo de siete años para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
En los escritos -uno por cada condenado- a los que ha tenido acceso Efe, los servicios jurídicos del Estado solicitan al Supremo que rebaje las condenas de inhabilitación a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (6 años y seis meses), a los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (4 años); a los exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (6 años y 9 meses); así como a Joaquim Forn y Josep Rull (6 años y 3 meses).
El Supremo había dado un plazo de ocho días a las acusaciones y a las defensas del procés para que realizasen alegaciones sobre cómo creen que afecta a la sentencia la reforma que suprime la sedición y rebaja la malversación, que entró en vigor el 12 de enero. Como la Fiscalía, los servicios jurídicos del Estado solo se pronuncian sobre las penas de inhabilitación al estar extinguidas las de prisión por haber sido indultados, si bien con importantes variaciones, como es el caso de Junqueras.
La Abogacía del Estado considera que la condena impuesta a Junqueras, de 13 años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición en concurso medial con malversación de caudales públicos, debe revisarse aplicándole en la actualidad un concurso medial entre el nuevo delito de desórdenes públicos agravados y el artículo 433 del Código Penal, que incluye otra nueva modalidad de malversación.
Dice que los hechos encajan en desórdenes públicos agravados (inhabilitación de seis o ocho años) por la «decisiva participación» de Junqueras para que se produjeran «actos multitudinarios con empleo de intimidación y violencia en algunos casos, así como ocupación de locales e instalaciones públicos impidiendo su normal funcionamiento y produciendo una alteración en el mismo».
Y entiende que lo ocurrido el 1-O también tiene encaje en la nueva modalidad de malversación, que castiga a quien dé al patrimonio público que administre «una aplicación diferente de aquella a la que estuviere destinado», que contempla penas de inhabilitación de 2 a 6 años, lejos del tipo agravado de la malversación con penas de inhabilitación de 10 a 20 años.
Al respecto, sostiene que la sentencia no da por probado que los hechos constituyeran una apropiación, en el sentido de no constituir sustracción de fondos con ánimo de lucro propio o para un tercero, pero «sí declaró que los hechos constituían actos de desleal administración de los fondos públicos al destinarse a hacer posible la celebración del pretendido referendo del 1 de octubre, mediante distintas contrataciones llevadas a cabo por varias consejerías».
«Ni se practicó en el juicio prueba alguna al respecto, ni se declaró en la sentencia que los hechos cometidos por los acusados lo fueran con ánimo de lucro propio ni de terceros, ni con el ánimo de obtener los condenados por malversación un beneficio propio ni ajeno, con ocasión de aquellos», dice la Abogacía. Por tanto, continúa, «los hechos objeto de condena no pueden ser subsumidos en la conducta de apropiación con ánimo de lucro» ni en la redacción anterior del Código Penal ni en la actual.
El criterio de la Abogacía del Estado no coincide con el de la Fiscalía, que se opone a rebajar las penas de inhabilitación a Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Sí apoya en cambio reducir las de la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell, los también exconsejeros Josep Rull y Joaquim Forn, y los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
