Podemos se aferra al Gobierno pese a que el PSOE reforme la ley del «solo sí es sí»

P. de las Heras, A. Azpiroz MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Irene Montero alega que la coalición es una «conquista de los sectores populares»

04 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

La situación es extremadamente delicada. Más que nunca en el seno de la coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Pero Irene Montero dejó ayer claro que no contempla una ruptura. Al menos, no en el plazo inmediato. La ministra de Igualdad admitió que la «discrepancia» interna sobre la reforma de su ley estrella, la del «solo sí es sí», es «muy fuerte» y evidenció las dificultades para alcanzar un acuerdo con los socialistas. Si este no llega en los próximos días, los socialistas, por orden de Pedro Sánchez, registrarán en solitario una proposición de ley para modificar la norma, después de las 380 rebajas de condena a agresores sexuales que ya se han producido tras su entrada en vigor. El paso, ante el que el propio PSOE ha demostrado sentir cierto vértigo, tendría suficiente entidad como para provocar una sacudida en el Ejecutivo. Sin embargo, Montero insistió en relativizar sus consecuencias. La dirigente de Podemos recordó en RNE que no es la primera vez que su partido y los socialistas chocan y que se ven abocados a dirimir sus diferencias en el Parlamento.

La diferencia, en este caso, es que se trata de la rectificación de una norma ya aprobada y, además, especialmente simbólica, pero Montero obvió ese matiz. «Este Gobierno es una conquista de los sectores populares, también del movimiento feminista y también de la militancia de Podemos y aquí vamos a seguir empujando cada cambio. Y si las diferencias se trasladan al Parlamento —subrayó poco antes de descartar su dimisión— yo seguiré peleando porque el consentimiento esté en el centro del Código Penal y porque los votos del PP no ayuden a nadie a volver al modelo [anterior]». En Podemos sostienen que, en realidad, no se colocan en ese escenario y que seguirán trabajando noche y día por el acuerdo.

En el ala socialista del Gobierno dicen lo mismo, pero advierten: «No vamos a dejar que esto se alargue sine die». Podría llegarse al lunes, dicen otras fuentes, pero «no mucho más allá». La idea inicial era intentar dejar la cuestión resuelta esta semana. Aun así, Sánchez accedió a alargar la negociación ante lo alejado de los planteamientos del Ministerio de Justicia —que aboga por dejar las penas como están en el tipo general, pero introducir en cada tipo de agresión una pena más alta, similar a las que había antes de la actual ley, en caso de «violencia o intimidación»— e Igualdad, que pese a insistir en que la norma está bien ha accedido a hacer cambios siempre que no se desvíe el foco de si hubo o no consentimiento.

Ambas partes admitían que las conversaciones no parecían ir todavía ayer por el buen camino. Los socialistas defienden que su propuesta es la más rigurosa desde el punto de vista técnico y que no toca el artículo 178.1 del Código Penal, en el que se explicita qué cabe entender como consentimiento. Pero Igualdad replica que con eso no basta y que recuperar la «violencia e intimidación» como agravantes retrotraería al esquema previo (el de la sentencia de La manada) que sometía a las mujeres al «calvario probatorio» de tener que demostrar que se habían resistido «con las marcas en su cuerpo».

El equipo de Montero asegura haber planteado ya hasta seis alternativas de reforma que implicarían subir las penas mínimas, pero mantener el «corazón» de la ley. «Yo quiero preservar la unidad como Gobierno, pero desde luego el consentimiento no se puede tocar», insistió ayer la ministra.