El candidato a la investidura culpa al PP de todos los males y defiende la amnistía «en el nombre de España, en el interés de España y en defensa de la concordia». Promete la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes y parados, en responsabilidad compartida con las autonomías
16 nov 2023 . Actualizado a las 09:04 h.En un discurso muy volcado en la crítica a la derecha y la ultraderecha, en el que ha dedicado más tiempo a censurar a la oposición que a exponer su programa de Gobierno, el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha defendido la amnistía al procés asegurando que no es un ataque a la Constitución de 1978, sino una «muestra más de su fortaleza y vigencia». «En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas durante el procés catalán», afirmó Sánchez, que justificó la concesión de esa medida de gracia en que más de un 80 % de la sociedad catalana la apoya.
El líder del PSOE apostó por la «convivencia y el perdón» porque, según dijo, «en la discordia no puede haber prosperidad» y el camino por el que siguió el PP con Cataluña condujo al «desastre» y elevó la tensión institucional. «Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud», dijo de nuevo. «¿Qué prefieren los ciudadanos, la Cataluña de 2017 o la de 2023?», ha preguntado.
Para defender su decisión de conceder la amnistía a los condenados y encausados por el procés, ha recordado que el PP indultó a terroristas de Terra Lliure.
Sánchez ha asegurado que el PP tiene una «agenda reaccionaria de la mano de Vox» y ha insistido en que es necesario que «el país se ponga cuanto antes en marcha» de cara a los retos que tiene por delante. Ha acusado a la derecha de querer frenar todos los avances que su Gobierno impulsó en la pasada legislatura. Frente a esas políticas que explicó que el PP desarrolla junto a Vox allá donde gobiernan, el Ejecutivo que forme intentará «levantar un muro de democracia, convivencia y tolerancia» asegurando que no se dará «ni un paso atrás en defensa de los derechos». «La democracia debe responder proporcionando seguridad para que la incertidumbre no se convierta en una rabia que acabaría socavando la propia democracia», sostuvo.
Haciendo constantes comparaciones entre la derecha y el Gobierno progresista, Sánchez ha afirmado que en España solo hay dos opciones: «La derecha retrógrada que rezuma clasismo y desprecia a los que piensan de forma distinta, son excluyentes, rechazan los cambios y solo proponen el retorno al pasado» o la otra de las fuerzas progresistas «que quieren avanzar y que están convencidas de que tienen un futuro brillante que puede iluminar al resto del mundo».
Ha reprochado al PP el «haber blanqueado y legitimado a la ultraderecha» y directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, de haberse «adentrado en el camino de la perdición sumándose al club de Trump, Orban, Le Pen y Abascal».
Sánchez ha asegurado que su apuesta ha sido la de la «unidad frente a la fractura» durante sus años de mandato, y ha recalcado que su Gobierno ha hecho que la Constitución se cumpla «en todos los territorios del país».
«No hay camino más seguro que el que se orienta hacia el entendimiento» y por eso él indultó a los líderes del procés y ha promovido el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y se dispone a conceder la amnistía. Esa vía, según ha dicho, «ha funcionado» porque «la convivencia ha vuelto a las calles y el diálogo ha vuelto a las instituciones», permitiendo así a España afrontar otros problemas como la pandemia o las urgencias de la guerra de Putin contra Ucrania.
En la segunda parte de su discurso Sánchez se ha dedicado a lanzar promesas económicas y sociales. Ha responsabilizado al PP de «conducir el país al desastre» con sus recetas y le ha culpado de usar solo la vía de la venganza, a diferencia de su receta que es «la de la reconciliación y el entendimiento para restablecer los puentes políticos que nunca debieron romperse».
Entre sus promesas, ha anunciado la creación de un fondo para indemnizar a las víctimas de pederastia en la Iglesia, así como la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes y parados, en responsabilidad compartida con las autonomías, y nuevas ayudas a los tenedores de hipotecas, así como medidas para contener la inflación, como la prórroga de la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Sánchez ha prometido también la subida del umbral de renta media de los 30.000 a los 38.000 euros para que mas familias puedan acogerse a la medida de alivio hipotecario en vigor y un plan para lograr la reducción drástica de las listas de espera, cuestión que compete a las comunidades autónomas.
Además, ha prometido ampliar el permiso de paternidad y maternidad a las veinte semanas, un pacto de Estado por la salud mental, el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, el aumento del bono de alquiler joven, impulsar un pacto de Estado por las personas LGTBI y asumir una parte de la deuda de las comunidades.
En lo que respecta a la energía, ha mostrado su voluntad a seguir el despliegue de las energías renovables, favorecer las comunidades energéticas, triplicar la potencia instalada a finales de esta década para que toda la energía que consuma España sea de origen renovable en el marco del «ambicioso» objetivo de neutralidad climática.
Ha prometido también actuar contra la sequía a través de la ampliación y modernización de infraestructuras, con el cierre de pozos y regadíos ilegales y con ayudas a los agricultores a mejorar sus explotaciones y con el fomento de la agricultura ecológica y regenerativa.
Entre los compromisos adquiridos figuran la universalización de la educación pública desde los 2 años, un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que garantice que el Salario Mínimo Interprofesional siga aumentando cada año para mantenerse en el 60 % del salario medio; reforzar la atención primaria, ampliando la cartera de servicios públicos para incluir tratamientos bucodentales y oftalmológicos para los jóvenes; impulsar un gran pacto de estado por la salud mental para aumentar el número de psicólogos y psiquiatras en los centros públicos; mejorar las condiciones y formación del profesorado; ampliar las ayudas de comedor; incrementar las becas y reducir el precio de las tasas; destinar más recursos a la dependencia, que es competencia de las autonomías y reforzar el Ingreso Mínimo Vital, simplificando los trámites administrativos.
Ha prometido también aprobar la ley de representación paritaria que ayude a romper los «techos de cristal»; aprobar una Ley de Derechos Culturales y el mantenimiento del bono cultural joven; mejorar las condiciones laborales de los científicos a través del Estatuto del Personal Docente e Investigador; impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos a las comunidades e impulsar un pacto de Estado por las personas LGTBI.