Garamendi rechaza incentivar el regreso de empresas a Cataluña como avala el Gobierno
ESPAÑA
El presidente de la CEOE admite que aún hay firmas que se están yendo de la comunidad
12 ene 2024 . Actualizado a las 20:32 h.La marcha de empresas de Cataluña a raíz del procés fue un verdadero quebradero de cabeza para el sector en el 2017. Y lo sigue siendo. Este viernes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, admitió que seis años después del 1-O todavía hay compañías que están saliendo de esa comunidad para instalarse en otras por falta de confianza. Estas declaraciones coinciden en el tiempo con el acuerdo alcanzado por Junts y el Gobierno para fomentar la vuelta de firmas a territorio catalán y que los de Puigdemont querían extender a poder sancionar a aquellas que se resistan a su regreso.
Garamendi rechazó en una entrevista en TVE el acuerdo entre el Gobierno y los independentistas para incentivar fiscalmente la vuelta de empresas a Cataluña. El representante de los empresarios españoles aseguró que si alguien quiere que las empresas retornen hay que aplicar la «fórmula mágica»: generar «estabilidad, seguridad, tranquilidad y confianza».
El presidente de la patronal sostuvo que «Cataluña tiene unos empresarios impresionantes» y que, «si han salido es porque los han echado», por lo que ahora no es admisible que les digan «si no vuelves, te multo».
En cuanto a los incentivos para promover el regreso de sedes sociales, observó: «No creo que Europa consintiera una norma para favorecer a empresas en un territorio sobre otros. Serían las famosas vacaciones fiscales que ya se dieron y se condenaron».
Reforzar requisitos
Sobre la propuesta de Junts de multar los no retornos, y que no llegó a buen puerto, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, insistió este viernes en los términos en los que el día anterior se habían manifestado los compañeros del Ejecutivo Jordi Hereu (Industria), María Jesús Montero (Hacienda) y la portavoz Pilar Alegría (Educación), en el sentido de que no es posible sancionar a empresas por ese motivo porque lo descarta la normativa europea. En cambio, lo que sí puede hacer el Gobierno, y por ahí cedió ante Junts, es «reforzar» los requisitos ya establecidos en la Ley de Sociedades de Capital en cuanto al domicilio de las compañías. En una entrevista en RNE, Cuerpo incidió en que la UE habla de libertad de establecimiento de sede por parte de las empresas, pero la normativa nacional establece que «la actividad económica o los órganos de dirección coincidan con el domicilio social».