El PP exige la dimisión inmediata de Armengol por su supuesta relación con el caso Koldo
ESPAÑA
Analizará posibles responsabilidades a nivel jurídico porque el Gobierno autonómico de Baleares que ella presidió «fue conocedor y colaborador activo de una presunta estafa»
01 mar 2024 . Actualizado a las 11:25 h.El PP ha exigido este viernes la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, después de que la investigación en el llamado caso Koldo relativo a la trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia señale, según los populares, que el Gobierno autonómico de Baleares que ella presidió «fue conocedor y colaborador activo de una presunta estafa», han señalado fuentes del partido.
Según el PP, tal y como recoge Europa Press, Armengol «aceptó y pagó material sanitario defectuoso, aun sabiendo que no protegía del covid y que ponía en riesgo la vida de quienes lo usaban». Es más, ha dicho que lo abonó con fondos europeos «pese a estar prohibido» y «lo almacenó pese a que era inservible».
«Y el día en que abandonaba la Presidencia de Baleares pidió la devolución del dinero para intentar protegerse políticamente», han denunciado fuentes populares, después de que estos días se haya conocido que la Fiscalía Anticorrupción envió a la Fiscalía Europea contratos del caso Koldo con Baleares y Canarias pagados con fondos europeos.
El PP considera que «'la señora', como aparece citada en la investigación por parte de los activos de la trama, lo hizo habiendo podido quebrantar la Ley de contratos según la Guardia Civil, y en este momento su actuación está siendo investigada por la Fiscalía europea», han agregado fuentes del PP.
El partido de Alberto Núñez Feijoo considera que «la situación de la presidenta del Congreso es absolutamente insostenible». «La tercera autoridad del Estado no puede estar bajo sospecha y debe irse para preservar el decoro de la institución que preside», añaden los populares.
Por todo ello, el PP reclama su dimisión inmediata porque no puede representar al pueblo balear quien ha generado «un perjuicio económico a sabiendas» a los ciudadanos de su comunidad autónoma. «Debe dimitir como diputada por un quebranto para las arcas públicas y una estafa, según palabras de su compañero José Luis Ábalos», añaden las mismas fuentes.
El PP se ha referido así a las palabras de Ábalos, quien este jueves en una entrevista estableció diferencias entre los contratos de mascarillas firmados desde su departamento y los del gobierno autonómico de Baleares durante la etapa de Armengol. A su juicio, lo que ocurrió en esta comunidad fue «estafa» por parte de la empresa y conllevó un «quebranto de las arcas públicas».
Además de responsabilidades políticas, el PP ya avisa que analizará también las responsabilidades que pueda haber a nivel jurídico, al tiempo que se compromete a «perseguir la corrupción del PSOE con toda la intensidad posible», han señalado fuentes de la cúpula del partido.
Este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya reclamó la dimisión de la presidenta del Congreso alegando que bajo su gestión como presidenta del Gobierno balear «se tiraron cuatro millones de euros a la basura en compras de material sanitario» y «hubo un intento de estafa a la UE».
El juez señala por primera vez a Ábalos como «intermediario» en el caso Koldo
Mateo Balín
La investigación por una presunta trama corrupta que sacude al PSOE apuntó este jueves por primera vez en el terreno judicial a José Luis Ábalos. El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye las supuestas comisiones irregulares del caso Koldo, Ismael Moreno, afirma en un auto que el exministro de Transportes y el empresario Jacobo Pombo habrían actuado de «intermediarios» para tratar de cerrar el expediente abierto por el Gobierno de Baleares sobre el contrato adjudicado a la empresa «instrumental» de la trama, Soluciones de Gestión, por 3,7 millones en abril de 2020.
El auto se hace eco de un informe de la Guardia Civil para llegar a esta conclusión. En detalle, los seguimientos de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) establecen un hilo cronológico sobre la preocupación de los encausados por el expediente del gobierno balear. A la cabeza de esta estrategia para proteger a la adjudicataria Soluciones de Gestión estuvo el propio Koldo García, exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes y quien fuera también consejero de Renfe y vocal de Puertos del Estado.
Así, de las conversaciones intervenidas el 29 y 30 de noviembre de 2023 se infiere que García había tenido acceso a las alegaciones de la mercantil dentro del expediente administrativo, que busca conocer si hubo irregularidades en el suministro de mascarillas por 3,7 millones al Servicio Balear de Salud. En concreto, estaba en disputa una reclamación de 2,6 millones porque parte de este material sanitario era defectuoso.
El 2 de diciembre siguiente -continúa el auto-, el presunto cerebro empresarial de la trama de comisiones, Juan Carlos Cueto, conversó sobre este asunto con Koldo García, el cual le informó de que le acababan de llamar y que «había quedado» con Miguel Tellado, actual portavoz del PP en el Congreso, y con un tal «Alberto» (probablemente Alberto Durán, abogado del partido) al día siguiente. Iban a tratar el expediente abierto por la administración balear en marzo de 2023, bajo el gobierno de la socialista Francina Armengol, actual presidenta del Congreso. Pero pese a las aparentes presiones grabadas por la UCO el citado procedimiento sigue aún abierto. Además, en esa conversación intervenida por la Guardia Civil Koldo le dijo a Cueto que había comentado este asunto al «exministro donde yo trabajaba antes», en referencia a José Luis Ábalos, quien al parecer le respondió que el tema de Baleares «no tiene recorrido jurídico alguno».
«Todo va por buen camino»
Calmadas a priori las aguas, Cueto informó de estos avances al titular real de Soluciones de Gestión, el empresario vasco Íñigo Rotaeche, al que le comentó que en principio la administración balear no tenía intención de continuar con la reclamación. «Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (en referencia a Koldo) a su exjefe (Ábalos) y parece ser que el otro ha dicho que sí porque le han dado otro favor a cambio», sentenció Cueto.
El 7 de diciembre siguiente, Koldo García volvió a llamar a Cueto y le informó de que «todo va por buen camino», pero le advirtió de que «no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase, mejor». Seguidamente, Koldo añadió: «Utilizaré mis medios para poderte poner en contacto», y el 14 de diciembre reiteró en otra llamada que el asunto del expediente de Baleares estaba «más que hecho».
De toda esta cronología de hechos, el juez concluye que tanto Ábalos como el citado Jacobo Pombo (empresario cántabro exempleado de la fundación FAES) habrían podido ser los «intermediarios» para silenciar el expediente balear a Soluciones de Gestión. Y el pasado 10 de enero tanto Koldo como el exministro de Transportes hasta 2021 cenaron durante poco más de una hora en el restaurante La Chalana de Madrid acompañados de otras personas. Esta reunión es para la Guardia Civil «de especial interés para los hechos investigados», ya que Cueto le pidió a Koldo un día antes que se viera con Ábalos para tratar el expediente de Baleares.
Los populares no descartan llevar a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha afirmado que su partido no descarta llevar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, asegurando que existe «conflicto de intereses» porque se reunió con un empresario cuya empresa se benefició de «subvenciones directas» del Ejecutivo.
«Yo creo que a la vista de todas las informaciones no hay que descartarlo», ha explicado Tellado en una entrevista en Es Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si la mujer de Pedro Sánchez debería acudir a la comisión que su partido creará en la Cámara Alta -donde tiene mayoría absoluta-, y a la que pretende citar también a varios dirigentes socialistas.
El problema de la esposa de Pedro Sánchez, según el portavoz popular, «es que como mínimo hay un conflicto de intereses», porque no solo se reunió con un empresario, sino que en ese encuentro estaba «el mediador» del caso Koldo mientras que la empresa en cuestión se benefició «a renglón seguido» de «subvenciones directas del Gobierno que preside su marido», según las informaciones publicadas en varios medios.