Dos meses después de la tragedia de Barbate, la actividad de los traficantes se ha atomizado y ya se refugian hasta en Cabo de Gata para eludir la presión policial
28 jun 2024 . Actualizado a las 12:47 h.La Mesa de Coordinación Operativa, más conocida por sus siglas (MECO), se celebró el martes en el Parador de Cádiz. A la reunión asistieron los representantes policiales y judiciales de la provincia. Al salir, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez declaró que se estaba «ganando la batalla» al narcotráfico y que se empezaba a recuperar el «principio de autoridad».
Apenas 48 horas antes, y a unos 100 metros del parador, una narcolancha se abrigaba del temporal en la Punta de San Felipe, evidenciando que, dos meses después de los asesinatos de dos guardias civiles en Barbate, todo sigue igual en el litoral gaditano. El único cambio que han apreciado las distintas fuentes consultadas es que el Estrecho se ha ensanchado y los traficantes, conscientes de que la presión policial ha aumentado, buscan zonas menos vigiladas.
Entre las instantáneas que ha dejado el narco en los dos últimos meses —desde embestidas hasta fotos con machetes— está la insólita imagen de siete narcolanchas refugiándose del temporal en las calas de Cabo de Gata (Almería), unas latitudes inéditas para los pilotos de estas embarcaciones, que suelen guarecerse en las costas de Cádiz y Málaga, más próximas a Marruecos.
Pese a que el foco sigue puesto sobre la zona, poco o nada ha cambiado para el narco. «Hay tanto negocio y fluye tan bien, que siguen campando a sus anchas, como si nada. El negocio va como un tiro», reflexiona un mando policial con décadas de experiencia a sus espaldas en investigar y detener a traficantes, y que muestra su desazón ante una lucha que es «tremendamente desigual» porque estas organizaciones «ni se tambalean» con las sucesivas operaciones que las Fuerzas de Seguridad asestan contra ellos.
Los especialistas coinciden en que el litoral gaditano y también la Costa del Sol, «que es donde residen los que dirigen el negocio», forman un «polvorín» que se viene cargando desde hace mucho tiempo. «Bastante poco explota, aunque los ingredientes están ahí para que ocurra: falta de medios, impunidad. Solo cuando hay algún problema, saltan las alarmas», cuenta otro agente antidroga que trabaja en la zona.
El Estrecho se ha ensanchado porque antes sólo era una franja de 13 kilómetros entre Marruecos y Cádiz, en una comarca que siempre se quejó de abandono y ahora es una piedra en el zapato que se siente hasta en Madrid. Frente a las críticas de sindicatos policiales que piden la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Gobierno se escuda en las estadísticas para defender su gestión.
El plan especial activado en el 2018 ha supuesto una inversión de 56,7 millones, incluido el 2024, un «esfuerzo» que les ha permitido incorporar 17 embarcaciones, cinco de ellas patrulleras de altura; 492 vehículos todoterreno, berlinas y furgonetas; 68 motocicletas; 186 equipos de seguimiento y localización marítima y otros 302 terrestres; 590 ordenadores y 129 equipos de videovigilancia, según los datos facilitados por Interior.
Desde la cartera que dirige Grande-Marlaska avanzan que en breve se sumarán otras tres patrulleras que se encuentran en proceso de fabricación en los Astilleros de Vigo; dos se entregarán antes de junio y la tercera, en abril del 2025. Tres embarcaciones más se encuentran en proceso de licitación, y en las próximas semanas está prevista la incorporación de cinco lanchas de alta velocidad intervenidas en distintas operaciones por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
De ahí, la crítica de los sindicatos y asociaciones profesionales de que el pasado febrero enviaran a la bocana de Barbate a seis agentes en una zodiac de 5,2 metros para enfrentarse a seis narcolanchas de hasta 14 metros. La postura de Interior respecto a OCON-Sur (organismo de coordinación impulsado por la Guardia Civil a raíz del plan especial y desmantelado en el 2022 sin una explicación clara) no ha cambiado.
Como ya defendió Marlaska en el Congreso, en Interior afirman que «la sustitución de OCON-Sur por otro modelo organizativo no afectó a la eficacia, sino que, muy al contrario, la aumentó». Según los datos del Ministerio, se ha pasado de 2.100 detenidos en 2018 a 87.308 en el 2023, y las operaciones se duplicaron tras disolver el organismo.
Doce cascos para 30 agentes
Sindicatos y asociaciones profesionales se muestran muy críticas con la situación y con las cifras del Gobierno, que aseguran no percibir. «Les pido que me digan dónde se está gastando ese dinero. Hace poco solicitamos 30 cascos para los compañeros. Si eres camarero, necesitas una bandeja. Si eres policía y trabajas para mantener el orden público, necesitas un casco. Pues me han llegado 12 y seis escudos para 30 agentes. No tenemos ni el mínimo para salir a la calle», denuncia el secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Cádiz, Antonio Flores.
La secretaria provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), María del Carmen Villanueva, sostiene que, para ellos, «todo sigue igual». También es crítica con el Gobierno y con las palabras del secretario de Estado de Seguridad. «No sé cómo considera él que se está recuperando el principio de autoridad, porque no es así. Días antes —arguye— hubo embestidas en Manilva y Sotogrande».
A su juicio, todo lo que se está haciendo desde los asesinatos de Barbate, como enviar al Grupo Rural de Seguridad (GRS), son «parches» y la única solución pasa por declarar la zona de especial singularidad, pero percibe «falta de voluntad» política.
El Gobierno defiende que la consideración del Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad sigue «sobre la mesa» y avanza que los ministerios de Interior y de Justicia estudian una reforma legal que endurezca las penas contra el negocio del petaqueo, que es el abastecimiento de combustible para el transporte de la droga. La lucha contra la logística empezó en el 2018, cuando fueron declaradas ilegales las embarcaciones conocidas como narcolanchas.
En estos seis años se han intervenido 1.400, de las que ya se han destruido 800. En las unidades antidroga se quejan de las trabas administrativas que encuentran para reutilizar estas embarcaciones. «Coges en el agua una goma potentísima y ahora ponte a buscar un ingeniero naval que te firme que reúne las características para que la usemos. No existe. ¿Por qué? Porque nadie legisla», sostiene un especialista.