El gobierno municipal plantea suprimirlos mediante la extinción de las licencias para destinarlos a uso residencial
21 jun 2024 . Actualizado a las 20:19 h.El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el gobierno socialista de Jaume Collboni, plantea eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en noviembre del 2028 para destinarlos a uso residencial aplicando el decreto ley aprobado por la Generalitat, que regula las viviendas turísticas. Lo ha anunciado Collboni en rueda de prensa de este viernes, junto a los tenientes de alcalde Laia Bonet y Jordi Valls, en la que ha detallado la voluntad de su gobierno de que el máximo de pisos turísticos se destinen a uso residencial y sirvan para incrementar el parque de vivienda de la ciudad.
El objetivo es que «a partir del 2029 desaparezca la figura de piso turístico» tal y como se concibe actualmente y se cese completamente la actividad de uso turístico en pisos residenciales, una propuesta que primero deberá ser aprobada por el pleno del Consistorio. «El gobierno ha decidido ir a fondo», ha afirmado Collboni, que ha recordado que la ciudad cuenta actualmente con 10.101 pisos turísticos, que quiere suprimir aprovechando el decreto de la Generalitat, que emplaza a los municipios a redactar en un plazo de 5 años desde diciembre de 2023 un plan urbanístico que fije cuantos pisos turísticos acepta tener.
El texto establece que en los municipios que presenten problemas de acceso a la vivienda permanente o que ya tienen más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes (o bien que cumplen ambos requisitos), la actividad turística solo es compatible con el uso residencial si lo permite expresamente el planeamiento urbanístico, siempre que se justifique que hay suficiente suelo para uso domiciliario habitual y permanente de la población residente.
Dado que Barcelona es uno de los municipios que el decreto señala con problemas de acceso a la vivienda, el gobierno contempla no impulsar ningún planeamiento urbanístico que declare compatible el uso turístico de la vivienda con el de domicilio habitual y permanente.
Extinguir licencias
Así, la fórmula que quiere aplicar el Ayuntamiento no pasa por establecer cuántos pisos permite la ciudad, sino por extinguir las licencias en noviembre de 2028 y actualizar el Plan de Alojamientos Urbanísticos, de manera que desaparezca la categoría de pisos turísticos. «Eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado de alquiler o a la venta o, sencillamente, que tengan el uso residencial que seguramente nunca tendrían que haber perdido. Es como fabricar 10.000 nuevas viviendas en la ciudad en solo 5 años», ha explicado Bonet.
El Ayuntamiento cuenta con el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), que regula la implantación de todo tipo de alojamiento turístico y que el Consistorio asegura en un comunicado que «se mantendrá igual de contundente una vez se hayan extinguido todos los pisos turísticos». Desde el 2016, se han impuesto unas 10.500 sanciones y 9.700 órdenes de cese, y de unos 6.000 pisos ilegales, de los que se ha pasado de entre 300 y 400 anuncios mensuales que el equipo de inspección municipal detecta y requiere a las plataformas su desactivación inmediata.
Con todo, la norma autonómica en la que se basa la propuesta del Gobierno municipal barcelonés ya ha sido llevada ante el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite la denuncia. También la Comisión Europea ha pedido un informe sobre la normativa, al entender que sus medidas son desproporcionadas.
Apoyo de la ministra de Vivienda
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya ha mostrado su respaldo a la propuesta del alcalde de Barcelona de eliminar los pisos turísticos a partir del 2028: «Tienes todo mi apoyo en esta tarea», ha dicho la política socialista, en un mensaje publicado en la red social X.
Rodríguez ha dado su «enhorabuena» al primer edil barcelonés. «De esto se trata, de hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible», ha asegurado la ministra.
A través de la misma red social se ha manifestado el ministro de Industria y Turismo y exalcalde de Barcelona por el PSC, Jordi Hereu, escribiendo: «El turismo es un fenómeno absolutamente positivo en España. Poner orden en la oferta de pisos turísticos es el primer paso para gobernar los efectos negativos que puede tener. Por eso, apoyamos las iniciativas que nos dirigen hacia el modelo que queremos».
También la subgobernadora del Banco de España, y actualmente gobernadora en funciones, Margarita Delgado, ha considerado que es «bueno» actuar sobre la oferta de alquiler de vivienda para poner más inmuebles en el mercado. Así ha respondido cuando le preguntaron por la medida anunciada por el Ayuntamiento de Barcelona. Además, ha recordado que «aumentar la oferta es fundamental» para incidir en el mercado de vivienda. En este caso, ha especificado que «sería bueno» actuar sobre la parte de la oferta y «aumentar las viviendas en alquiler».
Golpe al turismo y más economía sumergida
Pero no todo han sido felicitaciones. La Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha rechazado la propuesta de Collboni al entender que «condena al sector del turismo familiar a muerte». Recuerda este colectivo que las viviendas turísticas representan el 40 % del alojamiento en la ciudad y cree que con su desaparición se perderá todo el turismo de familias que llega a la urbe. También apunta que las VUT son solo un 0,77 % del parque de vivienda total en Barcelona, por lo que ve la medida como una «cortina de humo» para tapar un «fracaso en la política de vivienda». Además, vaticina que la prohibición llevará a que la ciudad se llene de alojamientos ilegales, promoviendo una economía sumergida que no paga impuestos y es peor para los vecinos por su falta de control.
Por otro lado, desde Junts han tildado la propuesta de Collboni de «improvisada e ideológica». El concejal de este partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Damià Calvet, considera que «son buenas intenciones que no se sustentan ni en la legalidad ni en la regulación de las propias viviendas turísticas» y que tampoco es realista creer que las teóricas 10.000 VUT que hay en la ciudad van a pasar a uso residencial.
El PP, por su parte, considera la propuesta un ataque a la propiedad privada. El líder de los populares en el Ayuntamiento barcelonés, Daniel Sirera, ha alertado de que «perjudicará al tejido económico y al turismo de Barcelona». A su juicio, las medidas anunciadas por el Gobierno municipal para aumentar el parque de vivienda residencial «suponen un freno a la construcción, perjudicarán al turismo y lanzan un mensaje muy perjudicial para los empresarios» y pretenden resolver el problema de la vivienda al grito de «exprópiese».
ERC, sin embargo, respalda la idea, reivindicando que «Barcelona necesita ambición y respuestas urgentes en vivienda».