Felipe González tilda de «infecta» la amnistía y dice que «legitima» otro «procés»

Felipe González se ha erigido en el expresidente socialista díscolo con la ejecutoria en el poder de Pedro Sánchez, la cabeza más visible -excepción hecha del líder de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien conserva su poder institucional y orgánico en su federación- de la contestación en el ecosistema vinculado al PSOE a las políticas de la Moncloa y, singularmente, al impulso de la ley de amnistía. Las críticas de González, amplificador de las de otras figuras señeras del socialismo español en democracia, no ha hecho mella en el ánimo de Sánchez y han sido respondidas entre la indiferencia y la displicencia por Ferraz. Pero González ha negado hoy, en una entrevista en Onda Cero, que que se sienta «solo». Es más, ha asegurado que «siente la compañía de muchos ciudadanos» que siguen creyendo en «el mismo partido» que él y que valoran «la coherencia e, incluso, que se le expliquen las cosas». Y ha vuelto a cargar contra «la infecta» amnistía.

El exjefe del Gobierno, que sigue votando a su sigla de toda la vida pero que se percibe a sí mismo «huérfano de representación» con un «Parlamento desaparecido» y estampas que le desagradan día a día, ha incidido en su reproche recurrente desde que el pacto entre el partido que lideró y Junts derivó, el 13 de noviembre pasado, en el registro de la proposición de ley para borrar los delitos del procés aprobada definitivamente por el Congreso el 30 de mayo y pendiente ahora de ejecución. Es una norma -ha incidido- «escandalosa» por su «arbitrariedad», porque son «los delincuentes» (en alusión a los secesionistas) los que la han redactado y porque, a diferencia de los indultos de Sánchez que él avaló, el Estado de derecho «no perdona, sino que pide perdón».

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Melchor Saiz-Pardo

Pero esta vez ha ido incluso un paso más allá al vaticinar que «las consecuencias» no se verán en lo inmediato, pero sí «después», y van a ser tan graves como que «se va a legitimar que se vuelva a hacer». O lo que es lo mismo: que la amnistía desnuda al entramado constitucional para responder a un eventual repetición del procés.

González ha augurado también que los catalanes volverán a las urnas, un pronóstico sustentado en la convicción de que Junts y ERC se conducen con una acreditada falta de respeto hacia la «representación institucional» de Cataluña. Es lo que hacen, ha subrayado, cuando se empeñan en transmitir la imagen de que negocian directamente «con Madrid» puenteando a «quien ha ganado» las autonómicas del 12 de mayo, el socialista Salvador Illa. «Nos agotan con las liebres», ha ironizado sobre la eventual desafección de la ciudadanía, preocupada por sus «agobios» cotidianos, hacia el debate de la amnistía y «la polarización» de la política que no cree que se haya inoculado aún a la sociedad. Y tras asegurar que una reforma de la financiación autonómica como la que exigen los independentistas, a la manera del concierto vasco, requeriría cambiar el Estatuto catalán y la Constitución, González ha rescatado unas palabras de Benito Juárez, presidente de México en el siglo XIX de orígenes indígenas: «A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley».

El secretario general del PSOE, cuyas desavenencias con su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, son conocidas pero que se ha declarado dispuesto a un debate público con él sobre el devenir de la izquierda, ha vuelto a transmitir su decepción por cómo se desarrolla hoy la política y lo ha focalizado en el bloqueo de la renovación del Consejo del Poder Judicial. Una parálisis que ya se prolonga más de un lustro y que él ha achacado a que los presidentes del Congreso y del Senado, hoy la socialista Francina Armengol y el popular Pedro Rollán, que hagan dejación de sus atribuciones constitucionales y no convoquen los plenos llamados a elegir a los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces. Y ha propuesto una alternativa: si no hay acuerdo en ese contexto en un mes, designación por sorteo, una propuesta que engarza con la efectuada por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.

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