La jueza aplaza la declaración del novio de Ayuso para investigar cinco nuevos delitos
ESPAÑA
La acusaciones populares recibieron el pasado 12 de junio nueva documentación remitida por Hacienda, unos 1.500 archivos, sobre la actividad empresarial bajo sospecha de Alberto González Amador
24 jun 2024 . Actualizado a las 13:16 h.El empresario Alberto González Amador iba a comparecer este lunes en los juzgados ordinarios de Madrid en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y otro de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal en los ejercicios del 2020 y el 2021 superior a los 350.000 euros. Sin embargo, su declaración ha sido aplazada debido a que PSOE y Más Madrid han presentado hechos que podrían ser considerados como nuevos delitos.
Tras la denuncia de la Fiscalía de Madrid a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el Juzgado de Instrucción número 19 ha citado González Amador y al resto de investigados después de que el pasado 20 de mayo se suspendieran las comparecencias por un problema en la notificación de la citación a uno de los encausados.
No obstante, esta nueva comparecencia está en el aire porque la acusación popular que representa el PSOE y Más Madrid ha solicitado este lunes a la jueza Inmaculada Iglesias un aplazamiento para analizar nueva documentación remitida por la Agencia Tributaria. Esta parte reclama la práctica de diligencias a la vista del informe emitido por la jefa del Equipo de Inspección de la Delegación Especial de Madrid, que contiene unos 1.500 archivos. Desde Más Madrid aseguran que habría indicios de más delitos, por lo que se requiere un examen pormenorizado de la documentación.
En la actualidad, la investigación judicial se centra en dos asuntos: la supuesta defraudación a la Hacienda Pública de dos ejercicios fiscales en el Impuesto de Sociedades y el haber aportado a la Agencia Tributaria unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto de apertura de diligencias, la titular del juzgado señaló que supuestamente, y como consecuencia de estas «conductas defraudatorias», el contribuyente dejó de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades del 2020 una cuota de 155.000 euros y por el mismo concepto en el 2021, un total de 195.951 euros. La comparecencia de González Amador en el juzgado coincide con la ausencia en España de su pareja, que ha comenzado este lunes en viaje a Alemania para reunirse con empresarios de ese país.
Un beneficio de 3,6 millones en plena pandemia
El encausado debe de responder por el informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades» vinculadas a la mercantil de González Amador. Se trata de la entidad Maxwell Cremona, dedicada a la elaboración de certificados de eficiencia energética y cuyo principal cliente es el Grupo Quirón.
Dicha sociedad aumentó el volumen de su negocio durante los ejercicios el 2020 y el 2021, en plena pandemia de coronavirus, en 3,6 millones de euros cuando tres años antes apenas facturó 8.000 euros. El delito de falsedad radicaría en la indebida deducción de gastos en una docena de facturas valoradas en 1,9 millones, que no se corresponden realmente con los servicios prestados «con la finalidad de eludir su tributación».
Tras ocho meses de investigación de Hacienda en la que González Amador, pareja ya entonces de Díaz Ayuso, no regularizó su situación tributaria, el pasado 22 de enero la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid recibió el expediente para iniciar la vía judicial. A raíz de este informe, la Fiscalía Provincial de Madrid acordó el 23 de enero abrir diligencias de investigación y el 7 de febrero formalizó su denuncia.
Según el fiscal del caso, Julián Salto, la dirección de la sociedad en el período comprobado corría a cargo de un administrador único: Alberto González Amador. En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto de Sociedades «se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios -3,6 millones de euros gracias a la mediación por un contrato de mascarillas con la empresa catalana FCS, adjudicataria del Ministerio de Sanidad-, llevó a cabo determinadas conductas con la única finalidad de reducir dicha tributación».
Luego se supo que con los beneficios obtenidos adquirió al menos una vivienda en el centro de Madrid que podría haber sido objeto de una reforma ilegal y un vehículo de lujo marca Maserati. Un automóvil que hace dos meses tenía varias multas pendientes del Ayuntamiento de Madrid por el abono pendiente de dos anualidades del impuesto de circulación y sanciones viales.