El  Constitucional se dispone a tumbar por completo la condena a Griñán por los ERE

El Tribunal Constitucional (TC) se apresta a desmontar por completo las sentencias condenatorias de los ERE, tanto de la Audiencia Provincial de Sevilla como del Tribunal Supremo. Luego de abrir la semana pasada el camino a anular en todos los casos la prevaricación con el fallo sobre la exconsejera Magdalena Álvarez, el pleno de la corte debatirá la semana que viene -y muy probablemente aprobará- un borrador que acabará de vaciar prácticamente de contenido esas dos sentencias, ya que en él se propone exonerar por completo a Carmen Martínez Aguayo, que fue número dos de José Antonio Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, del delito principal del caso de los ERE: el de malversación de fondos públicos.

El principal beneficiario de esta nueva doctrina será, entre otros, José Antonio Griñán, que ahora sí que quedaría libre de toda pena, puesto que fue condenado por prevaricación, pero también por malversación, (malversación en concurso medial con prevaricación), lo que le valió una pena seis años de prisión (al margen de los 15 años de inhabilitación absoluta), que aún no ha sido ejecutada debido al tratamiento al tratamiento oncológico al está siendo sometido.

A Martínez Aguayo el fallo del Constitucional -si se aprueba el borrador tal y como está- no le servirá de mucho. Fue condenada a de seis años de cárcel por malversación y prevaricación, e ingresó en prisión en diciembre del 2022. Solo accedió al régimen de semilibertad este mes de junio, tras pasar año y medio en la cárcel.

La ponencia de sentencia -adelantada por El Español y confirmada por diferentes fuentes del tribunal- ha sido elaborada por la vicepresidenta del TC, la progresista Inmaculada Montalbán, la misma ponente que la resolución sobre Álvarez. El texto de Montalbán subraya que tanto el tribunal de primera instancia como el Supremo hicieron un control «constitucionalmente vedado» de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos de Andalucía, que luego derivaron en iniciativas legislativas que, a su vez, fueron las que fueron usadas para el reparto de ayudas sociolaborales irregulares por valor de 679,4 millones de euros.

En esencia, se trata del mismo argumento que la semana pasada la corte usó para echar por tierra la condena por la prevaricación: los proyectos legislativos en los que participaron los condenados ni son «resoluciones» ni «asuntos administrativos», por lo que no generan «efectos jurídicos» cuyas consecuencias puedan ser enjuiciadas penalmente. Son «meros actos preparatorios o de trámite del proceso legislativo que compete al parlamento», cuya fiscalización es «altamente incompatible con la separación de poderes» que proclama el artículo 66.2 de la Constitución.

Con esta premisa, el borrador confirma que considera que los tribunales no pueden bajo ningún concepto controlar la fase preparatoria de unos presupuestos. Y una vez aprobados estos, «las leyes presupuestarias no pueden constituir la fuente de actos de disposición ilícita de caudales públicos a efectos de condenar por delito de malversación» a personas concretas.

Votos progresistas

El texto que muy probablemente tendrá los votos a favor de la mayoría progresista del TC, como ya ocurrió la pasada semana con el recurso de amparo de Álvarez, no pone en duda la ilegalidad de «concretas aplicaciones» de las ayudas de los ERE y que estas que fueron a personas que nunca habían pertenecido al colectivo de trabajadores al que debían haber sido destinadas. Pero el borrador insiste en que no se puede demostrar que la número dos de Griñán ?y por extensión el resto de los condenados por malversación, incluido el expresidente- tuvieran un conocimiento de que esas ayudas «se fueran a conceder al margen de toda finalidad pública».

Así las cosas, la ponencia propone declarar la «íntegra nulidad» de las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Sevilla respecto al delito de malversación, debido a la vulneración del principio de legalidad penal y la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Y a partir de ahí, la corte demolería por completo las condenas, hasta el punto que la ponencia propone no devolver las actuaciones a la Audiencia. Y es que el borrador plantea que al ser delitos que están conectados, no se puede perdonar la prevaricación sin hacer lo mismo con la malversación, al reiterar que la redacción de los presupuestos por parte del Ejecutivo andaluz es un acto gubernativo y no administrativo.

Solo habría una pequeña excepción a ese desmontaje total, de confirmarse el borrador: la modificación presupuestaria de 9 de diciembre del 2004 que sirvió para aumentar los créditos y en la que si cabría en una nueva sentencia «exclusivamente en lo relativo a la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa».

El Pleno de la corte de garantías tiene previsto estudiar el recurso de Aguayo a partir del 2 de julio. Es mismo día, los magistrados esperan deliberar sobre los amparos de los otros cuatro condenados que están en prisión: el de exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el de Innovación Francisco Vallejo; y los ex altos cargos Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano.

El Constitucional ha dado prioridad en su agenda a los recursos de los presos, condenados todos ellos por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación. Se trata de los mismos cargos por los que fue sentenciado el propio Griñán, pero al no haber ingresado nunca en prisión por su delicado estado de salud, su apelación no ha sido considerada urgente. Su caso se estudiará en el Pleno del 16 julio, en una sesión en la que también se analizará el recurso del otro expresidente de la Junta condenado por los ERE, Manuel Chaves, aunque solo a pena de inhabilitación (9 años) por prevaricación.

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