Los populares reprochan al Ejecutivo no haber sido informados de la reforma de la ley de extranjería para hacer obligada la acogida y no aseguran su apoyo en el Congreso
11 jul 2024 . Actualizado a las 00:30 h.El Gobierno y los comunidades autónomas permanecieron este miércoles reunidos durante más de cinco horas en Santa Cruz de Tenerife, en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, para tratar el colapso de los servicios de acogida de las islas Canarias a los menores extranjeros no acompañados que están llegando en oleadas al archipiélago hasta dar lugar a una situación crítica para la adecuada gestión de sus necesidades. La duración de la cumbre, precedida de tensiones políticas entre el Ejecutivo y la oposición y de un pulso entre el PP y Vox, dio la medida de la envergadura que ha alcanzado el desafío con unos recursos limitados.
Sobre la mesa de este encuentro había dos asuntos fundamentales. El primero de ellos, el que incluía el orden del día, fue la distribución entre las comunidades autónomas de 347 de estos niños y adolescentes inmigrantes en la península —400 en total si se contabiliza a los que deberán seguir atendidos en Canarias y Ceuta—. La propuesta del Ejecutivo central recibió el apoyo de las autonomías gobernadas por el PP, incluidas aquellas en las que los populares dependen de Vox, que amenaza con romper esas coaliciones.
La orden de la dirección nacional a sus barones fue clara: defender la solidaridad entre las autonomías sin obviar las críticas a la política migratoria de la coalición que preside Pedro Sánchez. Solo el Govern de Cataluña, en manos de Esquerra en plenas negociaciones para la investidura del futuro presidente, votó en contra; con 31, es la comunidad que más menas recibirá. Le siguen con 30 la Comunidad de Madrid, Andalucía y Extremadura.
La segunda cuestión y más espinosa de la reunión fue la reforma del artículo 35 de la ley orgánica de extranjería propuesta por el Ejecutivo central y pactada con el Gobierno de Canarias que contempla imponer la obligatoriedad para todos las comunidades de acoger menores de otras regiones cuando su capacidad de acogida se vea superada en un 150 %.
Actualmente, Canarias cuenta con 2.000 plazas para asistir a 6.000 menores —un 200%— con lo que 3.000 de estos niños y jóvenes serían también distribuidos en el resto de España. El Gobierno justifica que la reforma es necesaria ya que en 2023 ya se pactó un traslado que avalaron todas las autonomías pero que cumplieron solo parcialmente cuatro: Andalucía, Asturias, Aragón y Navarra.
Durante la reunión, los consejeros del PP se pronunciaron en bloque y, como ya avanzó Alberto Núñez Feijoo hace días, aceptaron el traslado de los menores no acompañados a las comunidades autónomas donde gobiernan, pese a las amenazas de Vox de retirarles el apoyo allí donde son indispensables para asegurar la gobernabilidad. A los que los representantes populares se negaron fue a respaldar de antemano la reforma de la ley de extranjería.
El PP reclama que el Gobierno central aporte una financiación extra para cada territorio —ha venido cifrando el montante total en 500 millones— o que en su lugar asuma por sí mismo la acogida. También la Generalitat catalana en funciones, dirigida por Esquerra, rechazó respaldar una iniciativa que considera «un parche» al no incluir los fondos estatales necesarios.
«No abusar» de Cataluña
El apoyo del PP para sacar adelante la reforma resulta indispensable ya que Junts ratificó este miércoles, mientras ERC representaba al Govern en la cumbre de Tenerife, que no la apoyará. Míriam Nogueras, portavoz de la formación de Carles Puigdemont en la Cámara baja, justificó este miércoles que «Cataluña es un país de acogida y lo será siempre, pero no se puede abusar de este sentido de solidaridad». «Ante este abuso, toca que nos plantemos», zanjó la diputada de Junts.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, apeló este miércoles a la «sensatez» del PP para apoyar la reforma legal en el Congreso y retó a Alberto Núñez Feijoo a visitar uno de los centros donde se agolpan estos menores «para mirarles a los ojos». La ministra criticó que ninguno de los consejeros de los populares que acudieron a Tenerife participara en una visita programada a uno de estos centros. «No podemos dejar atrás a ningún niño o niña, es una cuestión de derechos humanos, y no podemos dejar atrás tampoco a ningún territorio. Canarias no se puede hacer cargo en soledad de un fenómeno como este», señaló Rego.
Galicia recibirá a 26 niños: «É cuestión de humanidade»
La Consellería de Política Social confirmó, en la conferencia sectorial, que la comunidad gallega está dispuesta a acoger a 26 menores no acompañados llegados a Canarias y Ceuta. La conselleira defendió que acoger a estos jóvenes es «unha cuestión de humanidade», y que Galicia siempre demostró y «seguirá demostrando» que es una comunidad responsable y solidaria.
Pese a esa disposición a acoger a 26 menores, desde el Gobierno autonómico aseguran que seguirán reclamando al Ejecutivo central los medios y los recursos necesarios para atender a esas personas durante todos los años en los que van a formar parte del sistema gallego de protección.
Es más, la consellería criticó con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que dice que «fronte ao sentidiño de Galicia e o planteamento razoable da maioría das comunidades, volve facer gala da deslealdade», dijo la titular de Política Social, Fabiola García. La conselleira criticó la ausencia de política migratoria, una competencia del Gobierno central sobre la que, cree, este intenta descargar toda responsabilidad en las comunidades al intentar imponer de forma unilateral un reparto no negociado con ellas. Acoger a un menor, argumenta la consellería, no consiste solo en ofrecerle alojamiento y cubrir sus necesidades básicas, sino que implica también asumir el compromiso de acompañarlo a lo largo de los años y «axudalo a construír un proxecto vital». Por eso, es algo que «hai que tomar moi en serio».
Para poder asumir en condiciones esa responsabilidad, expone la Administración autonómica, es necesario trabajar con previsión, planificación y coordinación, con unas reglas del juego que sean iguales para todas las comunidades, además de disponer de los recursos que garanticen una atención adecuada a los menores mientras formen parte del sistema de protección. Frente a eso, critica la consellería, «o Goberno limítase á inacción, á improvisación e ás imposicións»
Con respecto a la modificación de la ley de extranjería, que se abordó también en la conferencia sectorial celebrada ayer, la conselleira argumentó que el texto de reforma fue recibido el martes por la tarde y que el departamento no ha tenido tiempo suficiente para su estudio, de ahí que no se haya posicionado sobre un tema sobre el que, además, incidió, las comunidades no tienen competencias.