El juez pide a la Guardia Civil que recupere los mensajes borrados del fiscal general del Estado

El juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado no se resigna al borrado de los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que investiga por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado ha consultado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la posibilidad de recuperar el contenido de las aplicaciones de mensajería instantánea que existieran en dos números de teléfono móvil vinculados al fiscal general del Estado.

El instructor de la causa contra el fiscal general del Estado por revelar presuntamente datos fiscales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicita a además a dos operadoras telefónicas, Movistar y Vodafone, que faciliten los datos del tráfico de llamadas que hizo y que recibió García Ortiz en el intervalo de tiempo investigado, entre el 8 de marzo y el 14 de marzo de 2024, y que le comunique el nombre de los titulares de las líneas que las reciben y emiten y los mensajes con datos de entrada y salida.

El juez explica que, dado que ni el IMEI ni el IMSI (números identificadores de los móviles) de las dos tarjetas que utiliza el fiscal general del Estado aportan la identidad del usuario de los dispositivos, y que tal identidad puede ser «de relevancia en orden al esclarecimiento de los hechos y partícipes en los mismos», insta a la UCO dirigirse «directamente a los prestadores de servicios» para su averiguación.

Cambio de terminal

La UCO llegó a la conclusión la pasada semana de que García Ortiz cambió su terminal teléfono móvil el 23 de octubre de 2024, siete días después de conocer que el Tribunal Supremo iniciaba una investigación en su contra por presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso.

En un segundo auto, el juez rechaza el recurso de reforma que había presentado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce como una de las acusaciones populares en la causa, contra la decisión del magistrado Ángel Luis Hurtado de acotar la investigación a las fechas que abarcan del 8 al 14 de marzo de 2024. Esta asociación solicitaba que las pesquisas sobre todas las comunicaciones de García Ortiz se extendieran desde el 20 de febrero, que es la fecha en la que se presentó la denuncia por dos delitos contra Hacienda y falsificación documental contra González Amador, y más allá del 14 de marzo, fecha en la que la Fiscalía emitió una nota de prensa sobre el contenido del correo electrónico en el que la defensa de González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía para evitar llegar a juicio, y negando que fuera la Fiscalía la que hubiera propuesto el acuerdo, tal y como se afirmaba en varias informaciones publicadas.

APIF asegura que en ese período ampliado podría haber habido comunicaciones entre el fiscal general del Estado con otros fiscales que podrían ser esclarecedoras de la revelación de secretos investigada. El juez aclara que el rechazo a la pretensión de extender el período investigado «no quita para que, en función de lo que vaya requiriendo la investigación, se pueda acordar otra cosa».

García Ortiz recibió ayer de nuevo el apoyo del Gobierno. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió que la atención mediática se centre en el hecho de que Alberto González Amador reconoció dos delitos fiscales. Cuestionó por el contrario que se investigue a García-Ortiz, por «perseguir el delito y contar la verdad».

Bolaños aseguró que se está hablando «de una cosa, y no de lo esencial», que es, a su juicio, «de dónde proviene todo», que es que «hay una persona que ha reconocido la comisión de dos delitos», y que de ahí se deducen una serie de preguntas como si Ayuso se está beneficiando por «en un ático de lujo» o «teniendo un tren de vida como una reina». «La gente está mirando al dedo y no a la luna», dijo.

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