Acepta que se debata la propuesta de los de Puigdemont de que se someta a una cuestión de confianza. El nuevo decreto incluye 29 medidas, entre ellas, la revalorización de las pensiones, las ayudas a los afectados por la dana y el mantenimiento de las bonificaciones al transporte, pero deja fuera las medidas económicas
29 ene 2025 . Actualizado a las 10:52 h.El Gobierno alcanzó este martes in extremis un pacto con Junts por el que se aprueba un nuevo decreto ómnibus en el que se mantienen las medidas de carácter social pero desaparecen todas la de carácter económico y fiscal que figuraban en el real decreto original. El partido de Puigdemont logra así su objetivo, compartido con el PP, de que el Ejecutivo troceara su decreto. Pero lo más relevante del pacto es que el Gobierno acepta la exigencia de Junts de que el Congreso tramite su petición para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza.
El propio Sánchez compareció tras un Consejo de Ministros que se pospuso para dar tiempo a la negociación con los de Puigdemont y explicó que lo que se ha aprobado es que Junts reformule su petición dejando claro que la cuestión de confianza es una prerrogativa única del presidente del Gobierno, que ya adelantó este martes que no ve «necesario» someterse a una votación para comprobar si mantiene el respaldo de la mayoría del Congreso.
En total, el nuevo decreto, que salva cuestiones esenciales para el Gobierno como la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte, las subvenciones para los afectados por la dana y el volcán de La Palma, o el incremento del ingreso mínimo vital, consta de 29 medidas frente a las 80 que tenía el decreto que fue rechazado por el Congreso. Se mantienen las medidas antidesahucios por impago de alquiler para hogares vulnerables, a las que Junts se oponía, pero se completan con la aprobación de medidas para reparar a los propietarios de los pisos ocupados.
Quedan fuera medidas fiscales
Todas las medidas tributarias quedan fuera del decreto, aunque Sánchez aseguró que se cerrarán más adelante. Según el presidente, el acuerdo alcanzado cuenta con el visto bueno de todos los socios de investidura y de Sumar, que en principio rechazaban el troceamiento del decreto.
«A pesar de todas las dificultades de gobernar en minoría, este Gobierno es el Gobierno de los acuerdos» y al final «las cosas salen», sostuvo Sánchez en una rueda de prensa en la Moncloa.
El presidente agradeció el comportamiento de todos los grupos que han sido capaces de «pensar en lo común» porque «el ruido de la democracia es mejor que el silencio de las autocracias». Sánchez quiso rebatir también los argumentos esgrimidos por el PP para votar en contra del decreto y calificó de «falso» que este incluyera subidas en el precio de la luz o una subida del IVA de los alimentos. «Que no engañen a la gente», dijo, asegurando que, al contrario, el decreto mejoraba el bono social eléctrico. Y negó también que se vaya a regalar un palacete en París al PNV, ya que se trata de devolverlo «a su dueño legítimo».
Sánchez logra recomponer así la relación con Junts, que atravesaba por uno de los momentos más tensos de la legislatura. «Este Gobierno suda la camiseta» y aporta soluciones «donde otros niegan la mayor y no apoyan la subida de las pensiones, afirmó en referencia al PP y a Vox.
«Partido a partido»
Pese a todo, Sánchez no quiso dar por hecho que los de Puigdemont vayan a apoyar a los Presupuestos del 2025 que presente el Ejecutivo. «Partido a partido», afirmó. «Un Gobierno puede perder una votación parlamentaria, pero no nos resignamos a que pierda la mayoría social», afirmó para justificar su decisión de ceder finalmente a las pretensiones de Junts a cambio de mantener el escudo social.
Estas son las medidas que salen adelante con el nuevo decreto
Revalorización de las pensiones
Probablemente la propuesta que ha generado más preocupación después de que el Gobierno no consiguiese aprobar el decreto ómnibus -que aprobó primero en el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre- la semana pasada en el Congreso de los Diputados.
Mantenimiento de las bonificaciones para el transporte público
Las ayudas al Transporte Públicas se mantendrán, a raíz de lo estipulado en el pacto entre socialistas y posconvergentes. Algunas comunidades autónomas como Madrid ya habían anunciado que -independientemente de lo que sucediese con el decreto- no harían caer las bonificaciones para el transporte público.
De esta forma, se mantienen los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y líneas de autobús de titularidad estatal, así como las ayudas directas a las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones para asegurar descuentos al menos del 50% en el precio de los billetes y abonos multiviaje de los transportes que son de su competencia.
Las ayudas relativas a la dana y para combatir los empleos delincuenciales
A este respecto, se prevén medidas para proteger a las familias vulnerables así como medidas para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los ocupas o por los morosos en las viviendas.
Ingreso Mínimo Vital
El Ingreso Mínimo Vital se aprobó mayo de 2020, durante la época de la crisis por el coronavirus. Tiene como objetivo luchar contra el riesgo de pobreza y evitar la exclusión social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad económica. Una de las propuestas claves del escudo social que defiende el Ejecutivo.
Escudo anti-opas
Esta medida, en vigor desde 2022, evita el desembarco de grupos inversores extranjeros. Telefónica, con la llegada de los saudíes de STC, es el principal ejemplo que ha llevado a Moncloa a prorrogar de forma continua esta medida en el tiempo.
Electrificación de vehículos
Las ayudas a la electrificación de vehículos y las ayudas al que compre un coche eléctrico también se quedan fuera de lo acordado entre el partido que lidera el expresidente catalán y Moncloa.
Medidas contra okupaciones
El acuerdo entre ambas formaciones relativas al ámbito social también incluye medidas para combatir okupaciones delincuenciales, cuestión en la que se prevén iniciativas para proteger a familias vulnerables, para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de desperfectos ocasionados por okupas o morosos en las viviendas.