La Subcomisión del Congreso emite un dictamen con 460 medidas
11 feb 2025 . Actualizado a las 10:48 h.El Congreso da el primer paso parlamentario para la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género. El nuevo documento, que cuenta con 460 medidas, es fruto de un acuerdo entre los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, y el PP. El presidente del Gobierno aseguró ayer por la mañana que su Ejecutivo trabaja «ya en la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género» y, horas después, se confirmó la luz verde en la Subcomisión para la renovación y actualización del pacto de Estado contra la violencia de género.
El nuevo texto deberá pasar ahora por el resto del cauce de tramitaciones: Comisión de Evaluación y seguimiento y pleno del Congreso. En caso de superar ambos procesos, será renovado por la misma vigencia que el anterior: cinco años.
Según remarcan fuentes parlamentarias a Efe, el nuevo pacto mantiene los diez ejes que fundamentaron el del 2017, entre los que destacan la asistencia y protección de víctimas y menores, la sensibilización, la prevención y el conocimiento científico sobre las violencias. Entre las novedades del escrito hay puntos sobre la violencia vicaria ejercida contra la infancia. Ahonda también en los tipos de violencias que se han desarrollado en este lustro, como la económica y la digital. En este último aspecto también habrá una protección destacada para los menores, un colectivo que centra muchas de las actualizaciones del pacto. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, había hecho referencia por la mañana a estas «nuevas violencias», entre las que advirtió los problemas que causa la «pornografía durísima que deshumaniza y violenta a las mujeres».
El dictamen recoge «nuevas miradas» a algunas víctimas, como aquellas que viven en el mundo rural o las que tienen algún tipo de discapacidad. El texto, de aprobarse definitivamente, conllevará necesariamente algunas reformas del Código Penal.
La medida no cuenta con el apoyo de Vox. Bildu aún no ha decidido su voto porque alberga discrepancias en varios puntos.
La fumata blanca en la Subcomisión se elevó horas después de que Ana Redondo, la extitular y presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; y el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero pidieran unanimidad a la hora de abordar la renovación. «Estamos obligados a renovar ese contrato social porque seguimos necesitando el pacto y seguimos necesitando el consenso», dijo la actual ministra de Igualdad. De salir adelante con los votos de los firmantes, su validación tendría un respaldo inédito de al menos 284 diputados, superiores a los 278 que aprobaron el histórico primer pacto de Estado en el 2017.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió de la existencia de «falta de empatía» y «mala praxis» judicial. El jefe del Ejecutivo espera que estas circunstancias no haga que mujeres víctimas de violencia machista se replanteen si deben o no denunciar agresiones.
«Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan, que no mitigan el dolor, lo hacen más profundo. No permitamos que una mala praxis o la falta de empatía lleven a una sola mujer a preguntarse si merece la pena la denuncia», añadió el presidente del Gobierno, durante su intervención en el acto que celebra los veinte años de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La crítica de Sánchez es indirectamente un recuerdo del cuestionado interrogatorio del juez Adolfo Carretero, que recibió más de 900 quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá. La intérprete denunció al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual. Carretero pidió amparo al Consejo después de que este abriera una investigación. «Por lo que hemos visto en estas últimas semanas, a algunos operadores del derecho no les vendría mal revisar la formación [de perspectiva de género] a policías y fiscales. Es ahí donde menos sesgos machistas deberían existir», destacó Sánchez.
El acto, celebrado en el museo Reina Sofía de Madrid, contó con un homenaje a 94 personas, que recibieron sendas medallas por promover los valores de igualdad. Entre los condecorados estaban el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —su Ejecutivo impulsó la ley de violencia de género— y Ana Orantes. Recogió el premio su hija, Raquel Orantes. Su madre hizo historia en 1997 al contar en televisión las agresiones que sufría por su parte de su exmarido. Semanas después, este le quitó la vida prendiéndole fuego y dándole así muerte. «Pedía auxilio al conjunto de la sociedad, porque sabía cómo podía terminar aquello, pero el país no supo cómo responder», recordó ayer Pedro Sánchez.
Segundo asesinato en Málaga
Este año, dos mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. El último caso de violencia machista sucedió en Málaga. El marido de Lina asesinó presuntamente a su mujer en Benalmádena. Según reveló la autopsia del Instituto de Medicina Legal, fue primero golpeada y posteriormente estrangulada. El presunto asesino habría quemado posteriormente la vivienda para eliminar pruebas. La víctima había solicitado una orden de alejamiento en enero, pero la juez la rechazó al justificar que no se daban los condicionantes exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La fallecida tenía cuatro hijos, tres de ellos menores fruto del matrimonio con su presunto asesino y uno de una relación anterior.
La víctima estaba registrada en el sistema VioGén por las amenazas que recibió de su exesposo. Se le dio de alta cuando le denunció, el 20 de enero. Dijo que la había amenazado y que, aunque no le había golpeado, sí lo había hecho anteriormente. Su caso fue catalogado de «riesgo medio» con menores en situación vulnerable a su cargo.