El Gobierno acuerda con Junts el reparto de menores migrantes entre autonomías
ESPAÑA
Los posconvergentes calculan que Cataluña acogerá a 20 o 30, y la Comunidad de Madrid, a más de 700
19 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El drama migratorio se asumirá por imperativo legal. Unas horas después de que Amnistía Internacional publicase un informe que documenta los malos tratos, amenazas y castigos excesivos que sufren muchos de los 5.800 menores migrantes acogidos en 86 centros «saturados e infradotados» de Canarias, el consejo de ministros aprobaba un real decreto ley de medidas urgentes, que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería, para redistribuir a estos niños y adolescentes entre las autonomías cuando una de ellas llegue al 300 % de su capacidad. Este mecanismo «estructural, definitivo, reglado y obligatorio», según lo describió el ministro de Política Territorial y ex presidente canario, Ángel Víctor Torres, se publica hoy en el BOE, y se prevé que sea ratificado por el Congreso en la primera quincena de abril, después de que el lunes por la noche el Gobierno cerrara un pacto con Junts que garantiza el voto afirmativo de sus siete diputados, que el pasado julio rechazaron la reforma, junto al PP y Vox.
Este cambio de postura se produce quince días después de que los socialistas pactaran la delegación de competencias migratorias a Cataluña con los posconvergentes, que este martes valoraron que el reparto «no penalice a las comunidades más solidarias» y calcularon que «solo 20 o 30» menores serán recibidos en la suya, frente a los 700 destinados a la madrileña.
El decreto, que en sus disposiciones adicionales incluye un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia —para el 2025 hay un crédito extraordinario de 100 millones de euros—, establece que cuando un menor arribe a una comunidad en situación de contingencia migratoria será trasladado en 15 días a otra región. Esto supone que este primer año se reubicarán 4.000 niños y adolescentes desde Canarias y 400, desde Ceuta.
Para conocer la capacidad de las autonomías —que se calculará en función de criterios de población, renta, tasa de paro, esfuerzo, sistema de plazas, ciudad fronteriza, insularidad y dispersión—, estas deben certificar antes del 31 de marzo sus cifras de acogida. En caso de negarse, el Ejecutivo empleará registros propios y, aunque no contempla sanciones, apelará a que se trata de un asunto de Estado.
«Como si fueran paquetería»
Mientras fuentes de Génova apuntaron que «todos los territorios del PP» se negarán a acoger a menores migrantes «si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías», su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, dijo que ninguna de sus comunidades va a incumplir la ley, pero advirtió de que planea implementar un plan para oponerse a un texto legal que reconoció desconocer. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, denunció la «dejación de funciones» de Pedro Sánchez, defendió el retorno de los migrantes a sus países de origen y rechazó un decreto que pretende «repartir a los menores como si fueran paquetería». El PP canario, que cogobierna en las islas, celebró, en cambio, la reforma porque pone fin a una situación límite. «Creemos que era urgente, necesario. Lo llevamos pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo porque la situación en el archipiélago es totalmente insostenible», admitió su coordinador Jacob Qadri. Ante esta multiplicidad de posturas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), instó a los populares a «no obstaculizar ni entorpecer» el acuerdo, y a que aclaren si su modelo de país es «dejar a territorios tirados» cuando luego apelan a la «integridad» de España y se definen como «patriotas».
Tras pedir «lealtad institucional» ante un drama humanitario, Clavijo criticó la «mediocridad y miseria de algunos», en referencia a la Generalitat Valenciana, que se opone al reparto de migrantes tras su pacto con Vox para aprobar los presupuestos. «Solo quieren arañar un puñado de votos con miseria y dolor», censuró. De hecho, el líder ultraderechista Santiago Abascal pidió la repatriación de los menores: «Ni a Bilbao ni a Barcelona ni a Valencia ni a ningún sitio. A Marruecos, con sus padres y con su rey. Punto». La ministra de Educación, Diana Morant, acusó al presidente valenciano, Carlos Mazón, de «deshumanizar a los niños que huyen de la guerra, del hambre»; y la de Inclusión, Elma Saiz, lamentó que el PP siga «sin rumbo, arrastrándose ante Vox, al que compra el marco racista y xenófobo».
En Coalición Canaria, festejaron que este martes se haya escrito «un nuevo capítulo en la historia» de las islas, que llevaban treinta años esperando, desde que llegó la primera patera a las costas del archipiélago. Esta emergencia en solitario «debió ser, desde el minuto uno, tratada como un asunto de Estado», sentenciaron.
Ayuso anuncia que recurrirá el pacto, y el ministro López la llama «racista»
Isabel Díaz Ayuso abrió ayer un nuevo frente con Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid —que recibirá 700 menores migrantes, frente a los 20-30 que acogerá Cataluña, según calcula Junts— anunció que recurrirá la redistribución de niños extranjeros. «Ni Cataluña ni Madrid ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Este lamentable acuerdo se llevará a los tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias», dijo en redes sociales.
Un discurso «xenófobo»
Le respondió el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, quien lamentó que a la baronesa popular le molesten los menores migrantes, pero no los refugiados de Ucrania: « Este país es mucho más solidario [...] de lo que se cree la señora Ayuso y el PP, que están entregados a un discurso absolutamente xenófobo y racista que es el de Vox, que es el de la ultraderecha».