El Ejecutivo avisa de que sancionará a las comunidades que se nieguen a acoger a menores migrantes
ESPAÑA
Madrid, Aragón y Cantabria recurrirán el decreto que reforma la ley de extranjería
20 mar 2025 . Actualizado a las 12:55 h.El país que tuvo espacio para refugiar a 60.000 niños ucranianos se declara desbordado para acoger a 4.400 menores migrantes africanos. Hoy entra en vigor el real decreto ley para su redistribución obligatoria entre las comunidades cuando una de ellas supere el 300 % de su capacidad, una situación de emergencia que sufren Ceuta y Canarias. Pese a que en la primera gobierna el PP y en la segunda cogobierna, la mayoría de regiones con un popular al frente rechazaron recibir por imperativo legal a estos niños y adolescentes, y tres de ellas —Madrid, Aragón y Cantabria— anunciaron que recurrirán el decreto que reforma la ley de extranjería y que fue aprobado el lunes por el consejo de ministros. Se prevé que este texto de 15 páginas, publicado ayer en el BOE, sea ratificado en abril por el Congreso tras el pacto entre Junts y el Gobierno, que advirtió de que habrá consecuencias administrativas e incluso penales para quienes lo incumplan.
Tratándose de una medida urgente, las regiones tienen de plazo hasta el 31 de marzo para certificar el número de menores que acogen; en abril, el Ministerio de Juventud e Infancia convocará una reunión sectorial; dentro de dos meses, el Ejecutivo de Canarias tendrá toda la documentación tramitada; antes del 20 de junio, se aprobarán los criterios para declarar la situación de contingencia migratoria; y el 20 de marzo del 2026 habrán sido reubicados todos los menores.
La ministra Sira Rego avanzó que se trabaja en otro real decreto que defina los estándares para un sistema de acogida común, como condiciones y ratios de los centros. Tras pedir a la comunidades del PP «empatía y altura de país», aseguró que las leyes deben cumplirse y que hay mecanismos para sancionar «de manera oportuna» a quienes se opongan. Aunque Junts apuntó que el decreto será evaluado cada año, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, precisó que existe «una voluntad de pervivencia» para su vigencia.
a favor del reparto
Canarias. El presidente de la comunidad más asfixiada por la crisis migratoria, Fernando Clavijo (CC), tachó de «ridícula y mezquina la batalla política que se ha montado» y dijo que no es decente boicotear una ley que protege el interés del menor. «El mensaje está claro: España es Madrid y el resto somos de segunda», lamentó en RNE. Su vicepresidente, Manuel Domínguez (PP), defendió el reparto porque la situación en las islas es «inasumible, inaguantable e imposible de gestionar».
Ceuta. Sufre una sobreocupación del 400%, y su presidente, Juan Vivas (PP), cree que el decreto atiende manera «ágil y ordenada» a su petición de «auxilio y socorro».
Asturias. «Mirar hacia otro lado no solo sería insolidario e inhumano, sino incoherente con una visión de Estado», dijo su consejera de Bienestar, Marta del Arco.
El País Vasco. «Esta modificación legal permitirá un reparto corresponsable de los menores», valoró la consejera Nerea Melgosa.
Navarra. «Todas las comunidades debemos formar parte de la solución, para no dejar aislada a una», señalaron desde el Gobierno foral.
en contra del pacto
Comunidad de Madrid. Después de que Isabel Díaz Ayuso advirtiera de que acudirá a los tribunales y la UE, su consejero de Presidencia, Ángel Martín, declaró que sus centros están «saturados».
Cantabria. Su presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), anunció que recurrirá el acuerdo ante los tribunales porque es «perjudicial, lesivo y desproporcionado».
Aragón. Su Gobierno insistió en que «no va a colaborar», después de que su presidente, Jorge Azcón (PP), anunciara el martes un recurso de inconstitucionalidad.
Andalucía. Esto es «una venta de menores inmigrantes a cambio de un sillón, el de la Moncloa, para Pedro Sánchez», denunció el portavoz del PP andaluz en el Parlamento autonómico, Toni Martín.
Baleares. Su Abogacía está revisando el acuerdo, que rechazó tras declarar sus servicios de acogida como «saturados y creciendo».
Melilla. Su situación es «insostenible», y Juan José Imbroda (PP) exigió la dimisión de Sánchez por asignar más menores a sus 12 kilómetros cuadrados que a Cataluña.
Castilla-La Mancha. García-Page, que tachó la medida de «parche», no confirmó si la recurrirá.
El socialista García-Page rechaza el acuerdo «con un supremacista identitario como Puigdemont»
«Vamos a ser solidarios, pero tontos no». El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, tachó de «bastante insultante» la aprobación del real decreto ley «sin haber hablado absolutamente nada con las comunidades autónomas». Tras tildar el texto legal de «cualquier cosa menos progresista», advirtió de que los servicios jurídicos del Ejecutivo regional están estudiando posibles actuaciones, pero no adelantó si presentarán finalmente un recurso. En declaraciones a los medios durante una visita a Mira (Cuenca), el mandatario avisó de que no admitirá lecciones de solidaridad «ni de los que pactan con Vox, con la extrema derecha, ni de los que pactan con la extrema derecha independentista, con un supremacista identitario como Puigdemont».
El barón más discordante del PSOE criticó la estrategia de emigración del Gobierno de Pedro Sánchez porque «todos son parches sobre la marcha», dijo, y recordó el «intento de hacer un campamento al estilo Meloni en el aeropuerto de Ciudad Real; estamos hablando de los mismos responsables». Aunque apuntó que con el pacto migratorio con Junts «se dinamitan las opciones de cualquier pacto de Estado», aseguró que Castilla-La Mancha va a ser solidaria, y que así se lo trasladó al Gobierno de Canarias porque están «dispuestos a hacerlo incluso bilateralmente». De hecho, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se mostró este miércoles convencido de que Page «cuando conozca bien el texto, estará de acuerdo con el decreto de distribución de menores migrantes».
Cataluña tutela al doble de niños extranjeros no acompañados que Madrid
El comunicado del partido liderado por Carles Puigdemont que cifraba en 26 o 30 los menores migrantes que acogerá Cataluña frente a los 700 u 800 que le corresponderán a la Comunidad de Madrid provocó una lluvia de críticas, pese a que los posconvergentes advirtieron de que el decreto corrige «una desigualdad estructural». Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, acusó ayer en RTVE de «insolidaridad histórica» en materia migratoria a regiones como Aragón y la gobernada por Isabel Díaz Ayuso. «Cataluña siempre ha estado muy por encima de las plazas estructurales que tiene», denunció la secesionista.
Lo cierto es que, a la espera de que las autonomías certifiquen el número de menores migrantes que tutelan para calcular su capacidad de acogida —tienen de plazo hasta el 31 de marzo—, los datos facilitados por estas a la agencia Efe, constataron que Cataluña atiende a 2.242 niños y adolescentes extranjeros solos, más del doble que Madrid, que se ocupa de 937. De hecho, es la región que más acoge, solo por detrás de Canarias, con sus centros desbordados con 5.875 menores.
El País Vasco calcula tener en su sistema de protección a 850 menores: y Galicia, a 800 y una ocupación del 104 % de sus recursos. También facilitaron cifras Baleares (634), Murcia (500), Ceuta (500), Melilla (200), Aragón (197), Castilla y León (180), Navarra (163), Castilla-La Mancha (140), Asturias (101), Extremadura (90), Cantabria (22) y La Rioja (13). Al cierre de esta edición, ni la Junta de Andalucía ni la Generalitat Valenciana habían comunicado el número de acogidos.